Aquí la crónica por la audiencia que emitió un dictamen para que sea modificada la Ley de Trata de Personas:
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DICTAMEN POR MAYORÍA
La Ley de Trata cambia
Dos comisiones en diputados aprobaron un dictamen por mayoría. Una sola diputada se opuso. Quedó afuera el aumento de multas a los traficantes de personas y, sin explicaciones, el decomiso de bienes.
Por Lucas Schaerer
Los diputados nacionales casi no llegan al quórum para sesionar este jueves con el fin de emitir un dictamen modificatorio de la Ley de Trata de Personas y el código penal. Con cuarenta minutos de atraso comenzó la sesión conjunta de las comisiones de Legislación Penal y Familia. Los diputados Juan Carlos Vega (CC) y Claudia Rucci (Peronismo Federal), presidentes de las comisiones respectivas, abrieron el debate con 11 miembros en Familia y solo 9 en Penal. A los minutos llegó Patricia Bullrich (CC) y más tarde Rubén “Bebe” Lanceta (UCR).
Tras dos horas de debate, acordaron los 22 diputados presentes (cada comisión la integran 30 diputados) votar el dictamen, menos la diputada Marcela Rodríguez, que siendo de la Coalición Cívica encontró argumentos para que no saliera un dictamen único como propuso su compañera de bloque y abanderada de la lucha contra la Trata, Fernanda Gil Lozano.
Los cambios más resonantes a la actual Ley de Trata es la eliminación del consentimiento (que fuera una insignia del ministro Aníbal Fernández y diputados K cuando nació la ley en el 2008) y la distinción de edad en las personas para ser explotadas laboral o sexualmente.
Derogar el consentimiento plantea que siempre que se traslade un humano para ser explotado es delito y asimismo de aprobarse este dictamen en el recinto se dejaría de lado las diferencias entre mayores de edad y menores.
En el artículo 2 de la ley 26.364 se retiró menores de dieciocho años. Respecto a los códigos penales se elevan las penas.
Aumenta la pena de prisión máxima para el traficante de personas, o sea artículo 145 bis del código penal, de seis años a 10 años. En tanto que su agravante 145 ter por menor de 18 años subió la mínima que era cuatro a 5 años y el máximo de 10 pasaría a 15 años de prisión. Al ser menor de 13 años sube el mínimo a 10 años, aumentando la pena en cuatro años, y deja el tope en 15 años.
Asimismo se incorpora en el dictamen de las dos comisiones el artículo 145 (quater) que es la represión de 3 a 8 años por sustraer, retener o destruir una acreditación de identidad.
Por el articulo 140 donde hubo quejas por no figurar la compra y venta de personas, el proyecto de las comisiones aprobado tipifica someter a una persona “a explotación”, ya no reducción a la servidumbre o condición análoga.
Por la asistencia y protección de la víctima se propone crear un “Programa Nacional para la Lucha contra la Trata de Personas para la Protección y Asistencia de las Víctimas”. Lo nuevo en este caso es que debe crearse un ámbito de “acción y coordinación interinstitucional”. Esto es la presencia de diputados y senadores para el seguimiento de todos los temas vinculados con la ley.
Entonces se crea un Consejo Federal que dependerá del ministerio de Justicia, con autonomía funcional, con presencia de tres ministerios, dos consejos (niñez y mujer), la Procuración, un diputado elegido por la oposición y un senador también de la oposición.
Además se deberá crear, en caso de sostenerse este punto del dictamen, el Cuerpo Asesor integrado por un representante de las provincias y cinco de organizaciones de la sociedad civil vinculados a la temática.
El poder de las organizaciones sociales es que su posición, en forma de dictamen, “deberá ser previo y obligatorio a la aprobación del plan anual de trabajo del Consejo Federal”.
Decomiso y multas ausentes
Antes de votar el dictamen decidieron los diputados dejar afuera el aumento de multas y el decomiso de bienes a las redes de trata de personas.
Desde el bloque oficialista, Frente para la Victoria, y Ricardo Gil Lavedra UCR, coincidieron que las multas fijadas en el dictamen (fueron a propuestas del proyecto Fundación Alameda y El Otro) son excesivas.
“Las multas son brutales, no tienen comparación con el código penal. Por traficar una menor de 13 años se alcanzaría los 13 millones de pesos y en el caso mínimo hasta 6.300.000 millones. Mientras que el código penal no hay multa que supere los 200 mil pesos. Ni siquiera con envenenamiento seguido de muerte”, sostuvo Gil Lavedra mientras que sus pares del kircherismo lo respaldaron.
Por el decomiso en su momento el diputado Vega adhirió e impulsó abiertamente. En tanto que Claudia Rucci expresó que en la comisión que encabeza propusieron decomiso en lugar de multas “para que esas propiedades (domicilios, locales, automóviles, dinero, empresas) vayan en resguardo de las víctimas”.
Finalmente el decomiso fue erradicado del dictamen siendo que en las dos comisiones se estaba de acuerdo en aceptar la iniciativa que busca golpear en el núcleo de las organizaciones mafiosas. Una experiencia que en Italia se aplica desde hace 15 años. Allí comprobaron que los mafiosos están más preocupados con las confiscaciones que con las detenciones. “El radicalismo y el peronismo decidieron dejar afuera el decomiso”, era el comentario de pasillo.
La penalización al cliente entró por la ventana. No nació en el acuerdo parlamentario que todos los bloques a mediados de junio firmaron para abrir el debate con la ley de Trata y el código penal.
Ese acuerdo parlamentario lo impulsaron las organizaciones de la sociedad civil por las conclusiones que arribaron en el primer congreso del interior por la trata de personas desarrollado en la ciudad de Villa María, Córdoba.
Paradójicamente quienes se refirieron a penalizar al cliente fue el jefe de Gabinete nacional, Aníbal Fernández, a través de una carta como por sus funcionarios y algunos diputados K, y la diputada Rodríguez que se reconoce feminista y en la Coalición Cívica.
Para dejar de lado la penalización del cliente y pasar a la votación del dictamen Fernanda Gil Lozano esgrimió que “es una discusión para hacerse a la hora de cambiar la ley de profilaxis, no en la discusión de la ley de Trata. Ahora debemos lograr un dictamen que sea una respuesta política al crimen organizado y no desde la bandería partidaria. Por eso les pido que emitamos un dictamen único”.
La diputada Rodríguez no lo aceptó ni siquiera con los argumentos de su par Patricia Bullich que ve en criminalizar al cliente “la perdida de un testigo. El cliente puede serlo y lo estamos penando cuando nuestro objetivo es desarmar a las bandas criminales”.
Por la propuesta de crear una policía antitrata no hubo mención. Tampoco de las figuras agente encubierto y testigo protegido.
Los parlamentarios pasaron por alto la escandalosa denuncia penal y en el Congreso de la mujer policía que integró la división de Trata de la Policía Federal, Nancy Miño Velásquez.
En el dictamen aprobado el brazo ejecutor de las leyes y código penal sigue siendo el mismo que fue cuestionado por corrupción y cohecho con los proxenetas. Todos los imputados de la oposición se refirieron a la policía como el gran problema para combatir el delito pero a la hora del dictamen no hubo modificaciones.
El Senado en calidad de cámara revisora debate el dictamen. Si no existen modificaciones se discute en el recinto de la cámara baja y luego de vuelta al senado para ser el último paso legislativo.
links relacionados:
http://laalameda.wordpress.com/2010/08/02/primer-audiencia-publica-por-las-modificaciones-a-la-ley-de-trata/
http://laalameda.wordpress.com/2010/08/04/avanza-la-mejoras-a-la-ley-de-trata/
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