Los hechos juzgados en el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata ocurrieron en julio de 2008, cuando dos mujeres de 22 y 28 años de edad fueron captadas en la ciudad de Caaguazú, Paraguay para ser prostituidas en la ciudad de Tandil. Habían llegado al país engañadas con la propuesta de trabajar cuidando ancianos. Cuatro personas resultaron culpables del delito de trata de personas, agravado por ser cometido por más de tres personas de forma organizada.
Como autores materiales fueron condenados Ángel Raúl Romero, alias “Chupa” y Carmen Mercado Sandoval, alias “Gladis” a 7 años de prisión. Como participes necesarios del delito de trata de personas, Raúl Mauricio Aguirre López, alias “Chileno” recibió la pena de 5 años de prisión y Mario Mercado Sandoval, hermano de la nombrada, 4 años de prisión. La decisión del tribunal compuesto por los jueces Mario Alberto Portela, Roberto Atilio Falcone y Néstor Rubén Parra, fue tomada por unanimidad.
Por su parte, el Fiscal del juicio, Dr. Juan Manuel Pettigiani no se mostró conforme con la decisión del tribunal de no dar lugar a la imputación de “privación de la libertad” de las víctimas, calificación que habría elevado las penas de 10 a 25 años. En los fundamentos de la sentencia, los jueces argumentaron que la inclusión de una hipótesis delictiva más gravosa en las condiciones dadas podría haber traído aparejada la posible nulificación del debate.
Por otra parte, la sentencia exige su remisión al Juzgado Federal de la ciudad de Azul, para que se investigue la posible complicidad de las autoridades de la policía de la ciudad de Tandil en los hechos que fueron juzgados. Esto es a raíz de que, por la ventana del prostíbulo de la calle San Francisco 2162, las víctimas pudieron advertir la participación de policías que llegaban en un patrullero para cobrar dinero a los regentes. Para los jueces, “a propósito y con claro fin intimidatorio”.
En este sentido, el tribunal entiende que la complicidad policial “es la que permite la intimidación de víctimas y testigos. A estos efectos cabe recordar la amnesia de la jefa del centro comunitario municipal, el terror que confesó sentir su pasante empleada al escuchar que la víctima que solicitaba ayuda se negaba a la intervención policial, la desaparición de la otra víctima que se encontraría en nuestro país pero que no quiso declarar por miedo, la evidente coacción sufrida por la madre y su hija que limpiaban el privado en un testimonio que estuvo al borde del delito de falso testimonio. Y ni hablar de la actitud insolidaria de la jefa del centro municipal comunitario”, mencionan al respeto de las declaraciones de las testigos.
A través del juicio se pudo conocer la situación de vulnerabilidad que atravesaban las víctimas, por su difícil situación económica y la imposibilidad de acceder a buenos empleos por la escasa educación recibida, siendo ambas víctimas analfabetas. Una de ellas pudo declarar mediante una teleconferencia y relató el calvario vivido en el prostíbulo de Tandil, cuando comía una vez por día y era golpeada con cintos. También la amenazaban con lastimar a su familia, compuesta por varios menores a su cargo, uno de ellos con problemas de salud. Hoy, se encuentra nuevamente reunida con su familia, recibiendo asistencia.
Prensa Alameda Mar del Plata.
Testigo del centro comunitario San Cayetano