La Justicia avanza sobre los proxenetas
Durante el 2010 se elevaron a juicio cinco causas sobre trata de personas que esperan el debate público: unas doce personas quedaron imputadas, entre ellas, un policía bonaerense. Las víctimas halladas en los prostíbulos son en su mayoría extranjeras. ¿Quién las asiste?
Por Belén Cano publicado en el diario El Atlántico el 30 de enero.
Al comenzar la temporada, el arribo de turistas es notorio. Las rutas se congestionan, las playas se inundan de cuerpos semi desnudos, el centro se convierte en un corredero de personas que van y vienen sin destino fijo. Para ello, se montan operativos policiales, de seguridad vial y hasta hospitalarios. Pero hay otro movimiento, que no se ve, o no se quiere ver. También hay delito, pero aquí no hay montados operativos especiales para evitar el tráfico de mujeres, niños y adolescentes ni su explotación sexual. Dentro de los prostíbulos, sus cuerpos tienen precios por hora, y las identidades se pierden cuando les quitan sus documentos y les otorgan un alias para atender a los clientes/prostituyentes, “consumidores de un producto que no está en el mercado”, contempla Alejandra Patuto, directora de la Mujer de la Municipalidad.
Cada temporada se multiplican los privados: se estima que de 200 el número asciende a 400. Muchos apenas se dejan ver con luces rojas en sus porches. Otros optan por publicidades callejeras que decoran las ventanillas de los automóviles todas las madrugadas ofreciendo mujeres como mercancías, y se cuentan de a cientos en los clasificados del diario La Capital (ver más abajo). Basta con contabilizar los avisos del redituable suplemento del mes de agosto, por ejemplo, y compararlos con los de enero, para dar cuenta del incremento de este negocio durante el verano.
Mar del Plata tiene dos características productivas que, indirectamente, fomentan la explotación sexual y la trata de mujeres: es una ciudad portuaria y turística. Por eso, no es casual que las dos zonas donde más se concentran los prostíbulos sean el Puerto y el macro centro.
Durante el último año, la problemática ha sido instalada a través de denuncias públicas y judiciales, la labor de organizaciones sociales y políticas y actividades que surgieron desde el Concejo Deliberante. Incluso, se sancionaron dos ordenanzas: un protocolo de asistencia a las víctimas y otra que buscaba quitar la habilitación a los lugares que promovieran la prostitución y la trata, lo que infringe la ley 12.331, que data de 1937. A ocho meses de su aprobación, aún no fue reglamentada, aunque se esperan novedades para las próximas horas.
A JUICIO
También fue un año de grandes avances en el Poder Judicial. Durante el 2010, hubo tres juicios -dos abreviados y uno con debate oral y público por hechos de Tandil-, y se elevaron a juicio oral otras cinco causas: cuatro en la Fiscalía Nº 2, y una en la Nº 1. Sin embargo, hay en investigación más de cincuenta causas.
Son en total, doce imputados, entre los que se encuentra un efectivo de la policía bonaerense. Y fueron encontradas más de 40 mujeres que eran sometidas a la prostitución: más del 80 por ciento eran extranjeras, fundamentalmente traídas de Paraguay y República Dominicana.
La primera causa que llegaría a juicio sería “Las Chicas de Beruti”, por allanamientos hechos en el 2008 en la vivienda de Beruti al 3500. Allí se encontraron ocho chicas paraguayas y cuatro argentinas. Entre los imputados hay un efectivo de la policía bonaerense, su pareja y otra tercera mujer, procesada como “partícipe necesaria”. Según consta en la causa, por declaraciones testimoniales, “en el lugar no las dejaban salir ni llamar por teléfono, ni dormir, porque cuando se acostaban las levantaban y las mandaban a sacarse fotos en contra de su voluntad y las mandaban a Internet”.
Otra causa es por allanamientos del 2009 en la localidad de Balcarce, donde fueron rescatadas nueve víctimas: siete paraguayas y dos argentinas; y una pareja quedó imputada.
Otra de las causas es Casita Azul, que había sido elevada parcialmente en el 2009, con respecto a tres imputados. Sin embargo en noviembre del año pasado se completó la elevación a juicio con dos personas que estaban prófugas. Según precisaron fuentes judiciales, se trató de una suerte de “empresa familiar”, donde los imputados están vinculados por relaciones de parentesco. En Casita Azul fueron encontradas once chicas: diez paraguayas y una dominicana. Y además se secuestró un vehículo de alto valor económico.
La cuarta causa que elevó a juicio la Fiscalía Nº 2 fue la de Falucho al 4000, casi San Juan, en noviembre del año pasado. Los imputados son una dominicana y un hombre. La mujer tenía una causa anterior, que data del 2008, y el segundo allanamiento se produjo en febrero del 2010, tras la denuncia de la Alameda, según precisó el fiscal Gustavo Rodríguez. En el primer operativo se habían encontrado cuatro chicas dominicanas y en el segundo, cinco víctimas: cuatro mayores y una menor, una travesti de 17 años. A partir de ahí se dispuso la clausura del lugar. Además, hay una quinta causa eleva por la Fiscalía Nº 1.
El fiscal Rodríguez dijo que todas las causas están cruzadas por características comunes. Las acusaciones son por tres delitos: trata de personas, de acuerdo a la ley 26.364; por explotación económica y la prostitución ajena; y por infracción a la ley 12.331, que pena al responsable del lugar donde se promueve la prostitución.
Para los próximos días se espera que pueda haber novedades. Una organización social reconocida por su lucha contra el trabajo esclavo y la trata presentó en los primeros días del año investigaciones realizadas con cámaras ocultas que reflejarían graves situaciones de trata y ya estarían pedidos los allanamientos por parte de la Fiscalía, a la espera de la actuación de la Justicia.
CONSENTIR LA ESCLAVITUD
La sanción de la ley de trata, la 26.364, no sólo instaló el debate hacia la sociedad, sino que además estableció este delito como delito federal. Antes se establecía criminalización casi exclusivamente a la última etapa del proceso: cuando la persona era reducida a esclavitud o la servidumbre. Sin embargo, no existía una mirada de la trata como un proceso. Desde diversos sectores la celebran como un gran paso hacia delante, pero reconocen en ella limitantes. En particular, la figura del consentimiento, dado que discrimina entre menores y mayores de 18 años. Estas últimas deberían acreditar que no están en un privado en contra de su voluntad.
“La trata, conceptualmente, es el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad”, explicó el fiscal federal Gustavo Rodríguez en una charla con El Atlántico.
Bajo esta mirada, señaló: “Nosotros veríamos con buenos ojos que, incluso, en las causas donde hay mayores de edad, si se verifica una situación de trata, sea irrelevante el consentimiento a los efectos de rescatarlas. Como una opinión personal, el consentimiento debería ser irrelevante”, señaló el titular de la Fiscalía Federal Nº 2, quien reveló que solicitaron a la Oficina de Rescate y Acompañamiento el rescate y la atención psicológica para víctimas mayores de edad. La respuesta que obtuvieron fue que “por disposiciones internas, en caso de contar con un consentimiento expreso por parte de las víctimas, no podían actuar”. “Ellos también están limitados a un marco reglamentario que también les es adverso”, contempló Rodríguez.
El fiscal ahondó en la cuestión. “Si se constata situación de trata, tiene que existir una contención y un rescate, como efectivamente se denomina a esta oficina”, indicó. “Y lo que sucede es que las chicas, después de un procedimiento, muchas veces vuelven al mismo lugar”, apuntó.
Después de considerar a este delito como un “aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad”, se refirió a la situación de las víctimas extranjeras, que son mayoría en los prostíbulos allanados en la ciudad. “Están hasta en situaciones migratorias ilegales, les retienen los documentos, porque es una modalidad típica. ¿A dónde van a volver? Si salen a la calle y son ilegales”, mencionó. “Hay algunos casos que han venido sabiendo que venían a prostituirse y eso no quita que puedan ser víctimas de trata. Y en otros casos, engañadas”.
DEBATE PARLAMENTARIO
En el Congreso se inició el año pasado el debate para reformar algunos artículos de la ley de trata aprobada en el 2008. El Atlántico consultó a Cecilia Merchán, diputada por Proyecto Sur, quien al analizar los límites que presenta la normativa, mencionó: “El principal es que divide a las menores de 18 años de las mayores, planteando que las mayores tienen que demostrar no han dado el consentimiento cuando realmente es totalmente ridículo pensar que alguien puede consentir la esclavitud propia”.
Si bien, sostuvo, este punto encuentra consenso dentro de las comisiones del Parlamento, aún quedan temas escabrosos que demoran la votación en el recinto.
“Hay otras cuestiones que generan debates más profundos. Por un lado, diputados y diputadas creen que en el Código Penal se va a resolver el delito de trata, aumentando las penas para los tratantes. Nosotros creemos que no necesariamente aumentando las penas, vamos a resolver el problema. Porque el delito de trata está asociado a otros delitos, siempre. Cuando se aumentan las penas en el Código Penal, siempre hay un drama de que termina cayendo el último perejil”, entendió la diputada del interbloque Proyecto Sur.
“Este año hay que discutirlo”, aseguró. Para ello, pidió “voluntad política de parte del poder Judicial, Ejecutivo y legislativo, y la acción organizada de la sociedad, trabajar en redes para enfrentar este delito y no permitir la esclavitud que sigue existiendo aún en el siglo XXI”.
UN HOGAR PARA LAS VÍCTIMAS
Patuto adelantó que este año comenzaría a funcionar un Hogar para Víctimas de Trata. Se trata de un acuerdo entre el Centro de Protección a la Víctima de la Provincia y la Dirección de la Mujer. “Nosotros ya vimos el lugar y si bien hay que hacerle algunas reparaciones menores, estaría como para ponerlo en funcionamiento”, mencionó.
La próxima instancia es la cesión del inmueble al organismo provincial, para luego firmar el convenio. “Esperemos que sea a la mayor brevedad, porque realmente es necesario tener un lugar específico, que además de brindarles hábitat, sería un lugar de pertenencia”, indicó la funcionaria.
Consultada por la partida presupuestaria extra que recibió el área para este 2011 -después del reclamo de organizaciones sociales y concejales del arco opositor-, la directora de la Mujer señaló que se creó un sistema de becas para asistir a los programas de atención a las víctimas para violencia y trata. “Apuntamos a la autonomía y empoderamiento de las mujeres”, indicó.
La partida otorgada fue de 500 mil pesos. El dinero alcanza solamente para unas 60 becas de 700 pesos. “Prevemos la conexión con Salud, Educación y la Oficina de Empleo para que en los servicios que ya están funcionando, se preserve algún cupo”, señaló Patuto.
Libertad para la prensa, para las mujeres no
La intención fue “evitar que la publicidad con contenido sexual en los medios de comunicación (en este caso, los avisos clasificados del diario La Capital de Mar del Plata) pudiera incidir en cierto modo, en la comisión del delito de trata de personas con fines de explotación sexual”.
Con ese fin, Marcelo Colombo, titular de la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (Ufase) del Ministerio Público de la Nación, emitió una resolución que remitió tanto al Procurador General de la Nación como organismos del gobierno nacional y a la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata.
Colombo distinguió dos clases de avisos: por un lado los que ofrecen “trabajo”, posiblemente en otra ciudad o país, por una suma importante de dinero, sin precisar la oferta laboral o haciéndolo de modo engañoso. Y además están aquellos dirigidos a los “consumidores del comercio sexual”.
Del estudio realizado por la Ufase sobre el diario La Capital, relata Colombo, se desprende “a simple vista que las ofertas de prostitución publicadas fomentan su promoción y facilitación (lo cual el Código Penal reprime), así como también el acogimiento y la recepción de mujeres con el propósito de someterlas a la explotación sexual, cuanto menos abusando de su situación de vulnerabilidad, que se verificaría por la condición de migrantes de las víctimas y por la consideración del nivel de vida en sus lugares de origen”.
Esto queda explícito, de acuerdo a la Resolución, en los mismos textos de los avisos, que hacen referencia a las nacionalidades de las víctimas (paraguayas, dominicanas, portorriqueñas), o bien a su escasa edad (jovencitas, bebotas, chiquitas), “cuestiones éstas que configuran parámetros objetivos de una situación de vulnerabilidad de la que los tratantes y/o explotadores pudieron haberse abusado”, repara Colombo.
Planteada esta situación, el titular de la Ufase emitió algunas recomendaciones y la necesidad de actuar de manera interinstitucional. En primer término, se sugirió que las receptorías de avisos exijan para publicar una oferta de prostitución u ofertas laborales dudosas algún documento que acredite identidad y obtener una copia. Incluso, podría completarse un formulario con datos personales.
Se contempla también que se retiran los avisos que anuncien la promoción de prostíbulos, cualquiera fuera su denominación, teniendo en cuenta que su existencia está prohibida por el artículo 15 de la ley 12.331. O bien, retirar los avisos que anuncien lugares vinculados de alguna manera con investigaciones judiciales en trámite.
También se recomendó que en el suplemento de clasificados se publique una advertencia sobre los riesgos que podrían entrañar los avisos en cuestión, con relación al delito de trata y la explotación de la prostitución ajena. E incluso se planteó la posibilidad de que se evalúe la posibilidad de que los avisos con ofertas laborales dudosas contengan el número de CUIL o CUIT del empleador.
La intención, explicó Columbo, es “evitar que a través de la publicación de estos avisos se promueva y/o facilite la explotación de la prostitución ajena, sin que por ello, el derecho a la libertad de prensa se vea restringido, ya que en definitiva se trata de una problemática que no puede quedar comprendida dentro de ese derecho”.
Clausura y decomiso
Rodríguez planteó que desde el Ministerio Público Fiscal, y siguiendo expresas instrucciones de la Procuración General de la Nación, “insistimos permanentemente ante los Juzgados Federales en clausura de lugares donde se verifique -prima facie- la trata de personas, y también en la investigación patrimonial de los responsables, a los efectos de asegurar el decomiso”.
Alameda Mar del Plata 