Nota de El Atlántico al Juez Marplatense Mario Portela

El juez del TOF evaluó el desarrollo de los juicios por trata de personas en la ciudad. Dijo que es necesaria la modificación de la ley 26.364, habló de la corrupción policial y la importancia de brindar una completa asistencia a las víctimas
Mario Portela habla claro y con convicción. Denuncia la corrupción policial detrás del funcionamiento de prostíbulos donde se esconden chicas víctimas de redes de trata, plantea la necesidad de quitar la figura del consentimiento de la ley vigente en la materia, pide mayores políticas de asistencia a las víctimas y aclara que los hombres que acuden a un privado, no son clientes sino prostituyentes.

El juez del Tribunal Oral Federal Nº1 recibió a El Atlántico en su despacho del edificio situado sobre Luro al 2400. Atareado por la labor que también desarrolla en juicios por delitos de lesa humanidad, se hizo un tiempo para la entrevista. Sabe y dice que es importante que el tema esté en agenda.

En Mar del Plata ya se realizaron cuatro juicios por trata de personas y en todos hubo condenas. Uno fue oral y público por un caso de Tandil. Los otros tres fueron abreviados: las penas fueron menores y se evitó el debate que pueda reflejar la dura realidad de este delito.

Al analizar los denominadores comunes, el magistrado planteó: “El primero: la corrupción policial. Ninguno de los casos podría haber funcionado si no hubiera habido participación policial, en hacer la vista gorda y de alguna manera custodiar los lugares donde se estaba explotando la prostitución de víctimas tratadas”.

“En algunos casos -explicó-, por el sobre que se pasa todas las noches al patrullero, en presencia de las chicas, lo que hace que después no tengan lugar dónde recurrir. Muchos dicen ‘si están ahí por qué no se van’. ¿Dónde van a ir? Están con los pasaportes retenidos porque se los pueden robar los clientes, ellas ven que todas las noches viene la policía a retirar un sobre, ¿a quién le van a preguntar?”.

En este sentido, recordó el debate del caso de Tandil, donde declaró una de las víctimas a través de una teleconferencia desde Paraguay. “Ella contó que cuando se logró escapar, saltando desde una ventana, fue a una delegación municipal y la delegada dijo ‘vamos a llamar a la policía’, y lo primero que le dijo fue ‘a la policía no’”.

En segundo orden, sostuvo: “No quiero hablar de corrupción de funcionarios políticos o municipales porque no me consta, no ha surgido. Pero sí de serias infracciones a sus deberes funcionales”. En este marco, citó un ejemplo en la Ciudad de Buenos Aires: “A diez cuadras de Plaza Constitución, un privado que con intervención de la Justicia se allanó, tenía una puerta de entrada y luego una reja. Puede ser por razones de seguridad… Funcionaba como pensión. Había un pequeño despacho inicial y diez o doce habitaciones. Al fondo, otra reja donde había un salón con diez o doce cuchetas, que era donde vivían las chicas”.

Esta pensión había sido tres veces inspeccionada: en dos oportunidades hubo multas por matafuegos que no estaban llenos o cables sueltos. “¿Nadie vio que había rejas? ¿Que había gente enrejada? O fueron sobornados o incumplieron severamente con su deber”, interpretó Portela.

Como tercer eje concordante, planteó que con las causas de trata, está sucediendo lo mismo que con casos de drogas: “Llegamos a los captores de última instancia, a las mulas, al que reparte droga minorista en una villa. Pero no tenemos las organizaciones trasnacionales. El delito de trata está peleando el segundo lugar en cuanto a ingresos y lavado de dinero. Después del tráfico de armas viene trata de personas y tráfico de drogas. Esto es mundial: la mafia china, la rusa. Tenemos situaciones que todos sabemos”.

En este marco apuntó: “Salían hasta que la Presidenta prohibió el rubro 59 en el diario. Uno se baja de un avión y toma un taxi en Mar del Plata, Córdoba, Salta y le pregunta al taxista dónde conseguir una señorita y el chofer lo lleva. Investigamos lo visible, pero no hacemos la investigación inversa”, detalló.

– ¿Esto a qué se debe?

– Se debe a que no hay preparación de los investigadores y un evidente gran deseo de ocultar las cosas porque hay demasiada plata en juego. No tenemos investigaciones serias de lavado de dinero: hubo un solo caso, que contaba la gente de la UIF, que determinó que un privado chico, en una ciudad de provincia, en ocho años, tenía una ganancia por 10 millones de pesos. No estamos hablando de pesitos. Esto además reporta a toda la organización que trabaja con el traslado de gente. Y estas organizaciones no aparecen, no se ha podido ni siquiera empezar a descabezar. Es como la organización de droga. Nadie puede creerse que el puntero que para su propio consumo vende droga en una villa o hace delivery en los barrios más caros de la ciudad, que ese es el traficante.

– ¿Cuál es la importancia de llegar a un debate oral y público?

– Me parece que es fundamental. La gracia del juicio oral es justamente traslucir y transparentar ante la comunidad cuál es la realidad del delito. Muchas veces al llegar a un juicio abreviado esto no se conoce, la prensa no puede reflejar lo que pasó. Y pasan cosas muy interesantes: la videoconferencia que hicimos en el único debate que tuvimos con el Paraguay, realmente desnudó una situación de vulnerabilidad, de miseria, que es muy importante, sobre todo para aquellos que piensan -es un pensamiento individualista y homocéntrico- que ‘la mujer estaba bien, ganaba mucha plata, le mandaba plata a sus hijos en Paraguay, mejoró su posición’. No es un problema de mejoramiento de posición, porque sino podríamos consentir nuestra propia esclavitud. Y nadie podría consentir ser esclavo por mejores condiciones que nos propongan.

Por supuesto que hay muchísimos lugares en el norte o en países vecinos como Bolivia, Paraguay, República Dominicana, no necesitás ponerle un revólver en la cabeza a una chica para que venga a trabajar a un prostíbulo en Argentina. Abrís la puerta del auto y sube.

“Pero esto -aseguró- no es consentimiento: no se pueden consentir las consecuencias de lo que uno no conoce. No se puede consentir cuando uno no tiene necesidades básicas satisfechas, cuando uno no tiene las neuronas suficientes porque estuvo mal nutrido. Por eso que el consentimiento es una palabra pésimamente colocada en la ley”.

– ¿Es importante avanzar en la reforma de la ley?

– Sí. Hay un proyecto de reforma que esperemos que después de todas estas campañas políticas -importantes, pero pasajeras- podamos sacar esto del consentimiento.

– Cuando hay recibimiento, acogimiento y explotación sexual de una mujer, y además un aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad, ¿se puede hablar de trata?

– Sí. Hay una fracción de Ammar que quiere distinguir claramente trata de prostitución, en lo cual tiene razón. Yo en lo personal, y este es un problema que se puede discutir en finito, y tal vez no haya demasiado consenso, yo no concibo prostitución con explotación. Si la mujer que elige supongamos que voluntariamente pararse en una esquina para prostituirse tiene que pagarle 100 pesos por noche al patrullero o al fiolo, ahí hay explotación y no hay prostitución libre. El hipotético caso de una modelo que quiere figurar en el book de un hotel porque quiere comprarse el Mini Cooper, ahí tal vez podríamos hablar de consentimiento. Pero esa prostitución de lujo es otra historia.

La prostitución está lindando siempre con la situación de vulnerabilidad, con la imposibilidad de consentir y con la explotación.

– Cuando hablamos de la modificación de la ley 26.364, otro punto que está en debate, además del consentimiento, es el tema de las penas. ¿Cree que son bajas las penas para el delito del que estamos hablando?

– Yo en general no creo que las penas solucionen nada. El Código Penal ya no existe, fue destruido por la legislación espasmódica que ha venido surgiendo a raíz de este tema de la seguridad. Pero haciendo una comparación de penas, me parece que en algunos casos, los máximos son bajos.

ASISTENCIA

Cuando se clausura un prostíbulo, a las chicas se las libera, pero no se les da una asistencia adecuada o prolongada en el tiempo, no hay hogares donde puedan ser asistidas, una política de reinserción laboral que las aleje de la explotación sexual.

– ¿Cuánto influye esta falta de políticas de asistencia a las víctimas en la tarea judicial?

– Mucho. Hay una tendencia del Poder Ejecutivo nacional, sobre todo a través de las oficinas respectivas de cumplir ese rol. Y en algunos casos lo cumple bien. Lo que pasa es que no hay después. Lo cumple bien para lo inmediato. Pero además tienen que luchar contra una mentalidad judicial: la directora de la Oficina de Protección a la Víctima, contaba en el congreso que hizo AMJA el año pasado en Posadas, que ella le había comunicado a un juez que había intervenido en un proceso, que las doce chicas que habían sido víctimas volvían a su país y del otro lado del teléfono le dijo: ‘¿usted las va a poner en libertad?’ El juez mismo, que tiene que protegerlas, estaba dando a entender que estaban detenidas. Se las había liberado de la explotación, pero esta es una mentalidad que tiene que ver con la hipocresía.

En segundo lugar, el magistrado marcó la falta de un protocolo. “Hay oficinas provinciales, municipales, nacionales, pero todas actúan distinto. Tendría que haber un protocolo único, sobre todo pensando en el debate. Que a las chicas se les tome declaración por alguien idóneo, fuera del lugar donde fueron encontradas, después de darles un té, haberlas calmado, que exista la presencia de un defensor, aún el oficial. Que se trate de ver cómo se las reinserta en su país de origen cuando quieran volver”, enumeró.

“Acá tuvimos un caso donde la mujer tratada había sido captada por una cuñada de alguien que tenía los hijos de ella en el Paraguay. A esa chica no hace falta ponerle un revólver en la cabeza para que siga en su situación, si sabe que sus hijos están en manos de los captores”, ejemplificó.

DOBLE MORAL

Las sentencias dictadas por el TOF, argumentadas por Portela, fueron muy clarificadoras en relación a la ficticia libertad de elección o prostitución feliz. En este sentido, el magistrado marcó que todavía hay mitos por desterrar. “Lo veo claro en esto de la mejora de la posición de la mujer: que manda plata, está contenta, puede mantener a su familia, esto tiene que ver con que el hombre que va al privado es cliente… Pero no se puede ser cliente del cuerpo. El que va al privado es un sujeto prostituyente. Es cliente cuando va al kiosco a comprar caramelos”, diferenció Portela.

Enseguida, expresó que “tiene que haber una cierta condena social a ese tipo de cuestiones” y explicó: “Acá las defensas del juicio que tuvimos debate, cumpliendo su rol por supuesto, hacían hincapié en esto: ‘miren la experiencia que tenían estas chicas, no nos va a decir que trajimos chicas vírgenes, una de ellas changaba en la playa de estacionamiento de los caminos de Resistencia, estar en un privado de Tandil es un lujo’. Y los prostituyentes decían que eran chicas con mucha experiencia, charlaban, ninguna daba la sensación de estar ahí amedrentada. Estos son los temas que hay que corregir, donde la sociedad influye, por eso hablamos de hipocresía, de doble moral”, cerró el juez federal.

Por Belén Cano
bcano@diarioelatlantico.com

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