Nueva denuncia penal y cámaras ocultas a prostíbulos de Mar del Plata

burlesque

La Fundación Alameda volvió a presentar una nueva denuncia penal por los prostíbulos en la Ciudad balnearia de Mar del Plata. Esta vez dos cámaras ocultas realizadas en dos prostíbulos del centro de la Ciudad, Burlesque y Maxja, sumando a Marisu sin registro fílmico. En el caso que no se realice un allanamiento judicial o la aplicación de la ordenanza municipal La Alameda Mar del Plata realizará un escrache para llamar la atención de las autoridades y la movilización de la sociedad civil.

 En estas cámaras ocultas, aportadas en el día de hoy miércoles 3 a la Fiscalía Federal a cargo de Claudio Kishimoto, queda en evidencia la explotación de mujeres, muchas de ellas inmigrantes, y que funciona violando la ley nacional de Profilaxis, el código procesal penal y la propia normativa municipal que ha quitado las habilitaciones de los prostíbulos encubiertos como cabaret’s, boliches o confiterías. Pese al importante avance de la justicia desde el 2010 con la primera denuncia de la Alameda sobre 94 prostíbulos, y la ordenanza municipal contra las falsas habilitaciones de los prostíbulos todavía en Mar del Plata algunos antros de la trata de mujeres y explotación siguen en pie por la complicidad del poder policial y municipal.

maxja

El video titulado “todavía quedan antros de explotación sexual” se registró que en Burlesque (sito en Bolívar entre las calles Buenos Aires y Entre Ríos sin chapa catastral) las mujeres cobran la mitad de las copas que se consumen, y que las víctimas son explotadas de martes a domingo. Donde se las somete es en un hotel a unas cuadras de Burlesque. En este mismo video una de las mujeres nombra al prostíbulo Madaho’s de Mar del Plata y sus tarifas.

En la otra cámara oculta llamada  “Hasta cerrar el ultimo prostíbulo”aparece el regenteador de Burlesque, de nombre Juan, y un vendedor de sahumerios y perfumes en prostíbulos donde detallan sus operatorias criminales y se lamentan de los avances judiciales. El vendedor de aromas recuerda que “hace dos años estaba plagado de prostíbulos” en departamentos llamados privados” y que ahora las autoridades solo van a prostíbulos que no coimean. Juan, el regenteador y custodio en Burlesque, habla que surgieron los operativos conjuntos porque “saltó la bronca con las indocumentadas paraguayas y dominicanas”. Además agregó que en el prostíbulo La Posada (desbaratado el año pasado) el dueño, Juan Carlos Motillo, fue procesado porque “la mandó en cana una mina” ella reconoció que “le sacaban la guita, que no la dejaban salir y le hicieron una cámara oculta con esto le rompieron el culo”. Asimismo el regenteador de Burlesque cuenta como es el negocio. “Llevan las mujeres en una traffic de una casa al prostíbulo. De veinte a viento cinco paraguayas. La más vieja veintitrés y veinte cuatro años”.

calaveras

En el video de la denunciada iniciada por Gustavo Vera, a través de los abogados de la Fundación Alameda Mario Ganora y Carlos Beizhun, el proxeneta se queja ya que por “trata de blancas y violencia de género, le pegas a tu mujer, te meten una denuncia y te vienen unos quilombos”. Este mismo criminal reconoce que antes existían de 120 a 150 avisos en el diario La Capital.

 En el prostíbulo “Maxja” los pases son llevados a cabo en el mismo establecimiento en tanto que en los otros locales se realizan en hoteles de las inmediaciones. Allí son víctimas dos mujeres presuntamente argentinas y otras cinco provenientes de la República Dominicana. A su vez en el patio del inmueble los prostituyentes/clientes consumían abiertamente marihuana.

 En tanto que el tercer prostíbulo Marisú, en Belgrano 2374, las víctimas son cinco mujeres de nacionalidad presuntamente argentina.

 Desde la primer denuncia de la Alameda en el 2010 se clausuró un centenar de prostíbulo y se procesaron a 16 criminales, entre abogados, gestores, y policías, sumado a ello el freno a la oferta prostibularia en el Diario La capital.

En el 2010 las primeras denuncias alcanzaron una estimación de 400 prostíbulos y con dirección exacta casi cien. Hubo testimonios de las propias mujeres sobre la venta de drogas en la Casita Azul, y la explotación de mujeres extranjera traficadas de Paraguay o República Dominicana al prostíbulo Friend’s ubicado frente al Hotel Provincial. Luego de una contundente movilización de la sociedad civil organizada se logró el cierre de prostíbulos y rescates de decenas de mujeres, para ello se sancionaron dos ordenanzas locales que es la quita de habilitaciones a los lugares donde se explota sexualmente niñas o mujeres, y la asistencia integral a la víctima de trata.

CONTACTO

Silvina Elías,  Alameda Mar del Plata: 0223 155-959257

Mario Ganora, abogado de la causa:  011 155-883 0233

Gustavo Vera, titular de la Fundación Alameda:  011 156-158 4835

FÓRMULA DENUNCIA

Señor Fiscal

Gustavo Javier Vera, presidente de la “Fundación Alameda Por la Lucha contra el Trabajo Esclavo”, con el patrocinio letrado de los Dres. Mario Fernando Ganora ( T° 36 F° 227 del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal) y Alfredo Carlos Beizuhn (T° 109 F° 372 C.A.C.F.), con domicilio en Avda. Directorio 3990 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, constituyendo domicilio procesal en Almirante Brown 1958, Casillero 363, de la Ciudad de Mar del Plata, a V.S. me presento y digo:

I) Objeto

 Por el presente, viene a formular denuncia a los fines de que se investigue la presunta comisión de los delitos previstos y reprimidos en los arts. 116, 117, 120 de la ley 25.871; 126, 127, 140, 145 bis C.P.; y 15 y 17 de la ley 12.331 por parte de los responsables de los locales de diversión nocturna pertenecientes a la red de prostitución que opera en esta Ciudad y que más adelante se detallará. Esta denuncia abarca también a sus eventuales cómplices y encubridores.

Sin perjuicio de lo expuesto, forma parte inescindible del objeto esta denuncia la petición de medidas concretas de protección y asistencia social de las presuntas víctimas de esos delitos las que pueden ser privados del lugar en que viven, y de sus escasos medios de subsistencia sino se adoptan los recaudos necesarios con la urgencia que el caso amerita para impedir que se vean en una situación de desamparo generada a partir de la intervención de la Justicia. En ese sentido corresponde exigirle al Estado que se haga cargo de la protección de esas personas en los términos de los arts. 6, 7, 8 y 9 del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños que complementa la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, ratificada por ley 25.632 y de los arts. 6 y concordantes de la ley 26.364. De acuerdo con el referido Protocolo y la ley 26.36 el Estado tiene el deber de prestar en estos casos la correspondiente asistencia jurídica, médica, psicológica y social de modo tal de no empujar a las personas de escasos recursos a situaciones extremas o al riesgo de una revictimización.

II) Hechos.

 A raíz de haber tomado conocimiento por denuncias formulada a la “Fundación La Alameda” del funcionamiento de una serie de prostíbulos de gran envergadura que cuentan con el apoyo de funcionarios de la municipalidad de Mar del Plata y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Estas estructuras del gobierno provincial y municipal son las que permiten que opere estos locales con total impunidad y a la vista de todo el mundo.

 Los locales en cuestión son los siguientes:

 1) “Burlesque” sito en Bolívar s/n entre las calles Buenos Aires y Entre Ríos

 2) “Maxja” ubicado en Avda. Peralta Ramos 1374

 3) “Marisu” sito en la calle Belgrano 2347

El voluntariado de la Fundación realizó la pertinente investigación y filmación del modus operandi de los referidos locales. También llevó a cabo una entrevista con algunas de las mujeres sujetas a explotación sexual en forma encubierta y simulando que se pretendía una relación sexual a cambio de dinero. Las entrevistas relativas a los locales “Burlesque” y “Maxja” fueron filmadas y están contenidas en la videograbación que se entrega como elemento de prueba.

 De la investigación realizada surge nítidamente que se trata de locales de diversión nocturna que opera a cara descubierta con letreros de neón que indica el nombre comercial del establecimiento. El ingreso al local se realiza previo pago de una entrada del orden de los cuarenta pesos ($40) que incluye una consumición. El encargado de vigilar la entrada y de cobrar las entradas les informa a los clientes el precio de los tragos y de los servicios sexuales que prestan las mujeres que allí “trabajan”. Estos precios de las consumiciones no corresponden a la realidad por cuanto son mucho mayores. En efecto, la copa cuesta sesenta pesos ($60) en “Burlesque” y “Maxja” y setenta pesos ($70) en “Marisu” Una vez que el cliente paga la entrada, selecciona una mujer del staff que está en el lugar. Se muestran las chicas personalmente y el “cliente” las elige y ellas son las que informan acerca de las tarifas. Los precios de los “pases” (relaciones sexuales) con los clientes son del orden de los trescientos pesos ($300) en “Burlesque” y “Marisu” y de doscientos pesos ($200) en “Maxja”. En “Maxja” los “pases” son llevados a cabo en el mismo establecimiento en tanto que en los otros locales se realizan en hoteles de las inmediaciones.

Las mujeres que ejercen el meretricio en “Marisu” son cinco y de nacionalidad presuntamente argentina. En “Maxja” ejercen el meretricio dos mujeres presuntamente argentinas y otras cinco provenientes de la República Dominicana.

 Cabe destacar que en “Maxja” se pudo advertir que algunos clientes consumían marihuana en los jardines del local.

 Resulta de particular importancia el relato de las mujeres acerca de la relación existente entre la policía y los dueños del establecimiento. La policía pese a tener conocimiento de que es un prostíbulo no procede de conformidad con las disposiciones de la ley 12.331 (arts. 15 y 17).

III) Significación jurídica

 III a). La violación de las disposiciones de los arts. 15 y 17 de la ley 12.331. La interpretación de las referidas disposiciones a la luz de los tratados internacionales en materia de Derechos humanos

 La denuncia formulada versa, en primer lugar, sobre el funcionamiento de prostíbulos en violación de disposiciones de ley 12.331 (arts. 15 y 17).

 El art. 15 de la ley 12.331 establece que “Queda prohibido en toda la República Argentina el establecimiento de casas o locales donde se ejerza la prostitución o se incite a ella.

 El art. 17 de la ley establece que “Los que sostengan, administren o regenteen, ostensible encubiertamente casas de tolerancia serán castigados con una multa de doce mil quinientos pesos ($12.500) a veinticinco mil pesos ($25.000). En caso de reincidencia, sufrirán prisión de uno (1) a tres (3) años, la que no podrá aplicarse en calidad condicional. Si fuesen ciudadanos por naturalización la pena tendrá la accesoria de pérdida de carta de ciudadanía y expulsión del país una vez cumplida la condena, expulsión que se aplicará, asimismo si el penado fuese extranjero”.

 El decreto reglamentario nº 102.466/37 dispone que cualquier autoridad nacional, provincial o municipal que tenga conocimiento de la existencia de casas o locales donde se ejerza la prostitución o se incite a ella, estará obligada a denunciarla a la policía para su inmediata clausura, debiendo esta última en todos los casos elevar los antecedentes a la justicia federal o letrada correspondiente para la aplicación de las sanciones que establece el art. 17 de la ley.

 Corresponde, en consecuencia, poner en conocimiento de la Justicia la denuncia y los testimonios aportados a los fines de que se investigue la presunta comisión de los delitos previstos y reprimidos en los artes. 15 y 17 de la ley 12.331.

La Ley nº 12.331 que organiza la profilaxis de las enfermedades venéreas y a su tratamiento sanitario en todo el territorio de la nación tuvo también como objetivo la protección de la mujer en su libertad y dignidad humanas. El ejercicio de la prostitución a título personal sin autorización estatal dejó de ser delito. El criterio abolicionista que la inspira trata, en definitiva, de liberar a la mujer que se dedica a este menester de sus explotadores y la deja libre sin más obligaciones que tratarse si está enferma y la de respetar el decoro público.

 El criterio abolicionista de la ley 12.331 está en consonancia con los tratados internacionales ratificados por nuestro país. En este sentido cabe traer aquí a colación los siguientes instrumentos internacionales:

  •  La Convención Americana sobre Derechos Humanos que prohibe la trata de mujeres en todas sus formas y la equipara a la servidumbre (art. 6º inc. 1).
  • La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer que establece que los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer (art. 6º).
  • La Convención para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena (ratificada por Ley nº 11.925) que establece expresamente que: “Artículo 1 Las Partes en el presente Convenio se comprometen a castigar a toda persona que, para satisfacer las pasiones de otra: 1) Concertare la prostitución de otra persona, aún con el consentimiento de tal persona; 2) Explotare la prostitución de otra persona, aún con el consentimiento de tal persona. Artículo 2 Las Partes en el presente Convenio se comprometen asimismo a castigar a toda persona que: 1) Mantuviere una casa de prostitución, la administrare o a sabiendas la sostuviere o participare en su financiamiento; 2) Diere o tomare a sabiendas en arriendo un edificio u otro local, o cualquier parte de los mismos, para explotar la prostitución ajena”. Hay que destacar que el art. 6º de la referida Convención determina que “Cada una de las Partes en el presente Convenio conviene en adoptar todas las medidas necesarias para derogar o abolir cualquier ley, reglamento o disposición administrativa vigente, en virtud de la cual las personas dedicadas a la prostitución o de quienes se sospeche que se dedican a ella, tengan que inscribirse en un registro especial, que poseer un documento especial o que cumplir algún requisito excepcional para fines de vigilancia o notificación”.
  • El Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (ratificado por Ley nº 25.632). Este tratado dispone: “Artículo 2. Finalidad: Los fines del presente Protocolo son: a) Prevenir y combatir la trata de personas, prestando especial atención a las mujeres y los niños; b) Proteger y ayudar a las víctimas de dicha trata, respetando plenamente sus derechos humanos; y c) Promover la cooperación entre los Estados Partes para lograr esos fines. Artículo 3. Definiciones: Para los fines del presente Protocolo: a) Por “trata de personas” se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos; b) el consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda forma de explotación que se tenga la intención de realizar descrita en el apartado a) del presente artículo no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados en dicho apartado; c) la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño con fines de explotación se considerará “trata de personas” incluso cuando no se recurra a ninguno de los medios enunciados en el apartado a) del presente artículo; d) por “niño” se entenderá toda persona menor de 18 años”.

Estos tratados internacionales y la doctrina sobre los que se basan le han otorgado una nueva significación a la antigua Ley nº 12.331.

 En efecto, el tema en cuestión está relacionado no sólo con la lucha contra la discriminación contra la mujer sino además con la que se lleva a cabo contra las formas contemporáneas de la esclavitud. También está relacionado con la protección de los niños contra la explotación sexual (art. 34 de la Convención de los Derechos del Niño y el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía) y la lucha contra la delincuencia organizada transnacional y la trata de personas (“Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional”, ratificado por ley 25.632).

Todas estas cuestiones han sido objeto de instrucciones a los fiscales por parte de la Procuración General de la Nación (Res. 99/2009) y de estudios doctrinales (ver “Nuevo escenario en la lucha contra la trata de personas en la Argentina, págs 59/75, publicado por la OIM y el Ministerio de Justicia de la Nación).

III b) La violación de las disposiciones de los arts. 140 y 145 bis C.P. La interpretación de sus disposiciones a la luz de los tratados internacionales en materia de Derechos humanos

 De ahí que, a raíz de lo expuesto precedentemente y frente a la existencia de prostíbulos como el que se denuncia en el caso de autos, corresponde investigar la posible comisión del delito previsto y reprimido en el art. 140 del Código Penal.

 El art. 140 del C.P. establece que “Serán reprimidos con reclusión o prisión de tres (3) a quince (15) años, el que redujere a una persona a servidumbre o a otra condición análoga y el que la recibiere en tal condición para mantenerla en ella”.

La Constitución Nacional al momento de organizar la República Argentina abolió la antigua esclavitud (art. 15) y estableció que ningún servicio personal es exigible sino en virtud de ley o de sentencia fundada en ley (art. 17) de tal manera que también proscribió las costumbres y prácticas que significaban la sujeción de hecho de las personas. Sin embargo, a mediados del siglo XIX y hasta bien avanzado el siglo XX existieron a lo largo y a lo ancho de la República Argentina prácticas de esa naturaleza las que, a pesar de las buenas intenciones de la Ley Fundamental, prosiguieron funcionando hasta que se consolidó el avance de una legislación social que repudió la explotación del hombre por el hombre. La forma en que está redactada la figura del art. 140 C.P. no es demasiado precisa, constituyendo un tipo demasiado abierto que se presta, de acuerdo con la voluntad del intérprete, a un excesivo rigor y al empleo de la analogía en violación al principio de legalidad, o por el contrario a un excesivo celo garantista que deja impunes a crímenes gravísimos en contra de los bienes jurídicos de la libertad y la dignidad humanas.

 Por fortuna existen tratados internacionales ratificados por nuestro país, cuya jerarquía es superior a la del derecho interno (art. 75 inc. 22 C.N.), que definen con precisión el concepto de servidumbre permitiendo cerrar el tipo legal.

 Con referencia a la definición de las prácticas análogas a la servidumbre cabe traer a colación los siguientes conceptos:

La prostitución organizada, es decir, la que se lleva a cabo en las llamadas casas de tolerancia donde las mujeres son explotadas por el o los proxenetas que regentean los establecimientos está comprendida en estas prácticas análogas a la esclavitud. En efecto, tanto las disposiciones de los tratados con jerarquía constitucional ya mencionados más arriba (arts. 6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 6 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer), como la doctrina de los organismos internacionales encargados de la protección de los Derechos Humanos la consideran como una forma contemporánea de esclavitud. En este sentido y dicho sea de paso, vale la pena reseñar que con el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud, que se celebra el día 2 de diciembre, se recuerda la fecha en que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó el “Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena”(Resolución nº 317 (IV) del día 2 de diciembre de 1949).

 En este sentido también resulta de particular interés la interpretación que le ha dado al fenómeno la Organización Internacional del Trabajo. El trabajo forzoso está prohibido no sólo en los arts. 6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 8, inc. 3 apartado a) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos sino además en el Convenio sobre Trabajo Forzoso, 1930 (n° 29 ) y el Convenio sobre la abolición del Trabajo Forzoso, 1957 (n° 105) ambos de la Organización Internacional del Trabajo. El concepto de trabajo forzoso está definido en el art. 2 del Convenio n° 29 de la OIT. Este lo define como “Todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual el individuo no se ofrece voluntariamente”. El art. 25 del referido Convenio estipula que “El hecho de exigir ilegalmente trabajo forzoso u obligatorio será objeto de sanciones penales, y todo Miembro que ratifique el presente convenio tendrá la obligación de cerciorarse de que las sanciones impuestas por la ley son realmente eficaces y se aplican estrictamente”.

 Desde que entró en vigor el Convenio n° 29, la Comisión de Expertos de la OIT viene considerando la trata de personas con fines de explotación sexual comercial como una forma de trabajo forzoso. A estos efectos, se entiende por explotación sexual comercial la que implica la utilización o el hecho de ofrecer una persona para la prostitución o la producción de pornografía recurriendo a la fuerza o a la coacción y/o con fines de lucro financiero o material. Los expertos de la OIT entienden que aunque algunas personas adultas han decidido libremente trabajar en la prostitución o en la pornografía, en muchos otros casos se les obliga a prostituirse mediante el engaño, la violencia y/o la servidumbre por deudas. Con frecuencia son víctimas de la trata y se las somete a un trabajo forzoso en condiciones similares a la esclavitud, y son propiedad virtual de sus proxenetas sin posibilidad alguna de escoger a sus clientes, el número de los mismos, los actos realizados o las horas “trabajadas”.

 En los documentos de la OIT (“Trata de seres humanos y Trabajo forzoso como forma de explotación. Guía sobre la legislación y su aplicación”, pág 25) se señala que el Tribunal Europeo de Justicia abordó el tema del trabajo forzoso en el caso de seis prostitutas de países de Europa central y oriental, deseosas de ejercer el derecho de entrada al país, residencia y trabajo por cuenta propia en los Países Bajos. El Tribunal Europeo de Justicia entendió que con arreglo a la legislación e la Unión Europea, las prostitutas para no ser consideradas en situación de trabajo forzoso debían prestar servicios:

  • Al margen de toda relación de subordinación en lo tocante a la elección de esa actividad, de las condiciones de trabajo y de remuneración,
  • Siendo responsable de ello,
  • A cambio de una remuneración que se le abona directa y plenamente

 Esto no es precisamente el caso de la actividad que se desarrolla en el prostíbulo que aquí se denuncia.

 Es evidente que del material fílmico aportado surge claramente la situación de subordinación de las mujeres cuya prostitución se explota además de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran. En efecto, se trata de personas que han ingresado a un país extranjero a ejercer una actividad económica fuera del marco establecido en los arts. 21, 22, 23, 24, 51, 52 y 53 de la Ley Nacional de Migraciones y con riesgo de ser expulsadas de comprobarse la naturaleza de su menester a raíz de lo dispuesto en el art. 29 inc. h de la referida ley. Esa situación de vulnerabilidad unida a los apremios económicos incrementados por el sistema de exacciones y controles a los que se ven sometidas por los proxenetas constituye una limitación real y concreta a la autodeterminación. A esto debe sumarse la exhibición permanente de la cordial relación entre los proxenetas y fuerzas de seguridad cuyos integrantes reciben los servicios sexuales.

 El art. 145 bis del C.P. reprime con al que “captare, transportare o trasladare, dentro del país o desde o hacia el exterior, acogiere o recibiere personas mayores de dieciocho años de edad, cuando mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima, con fines de explotación” con prisión de TRES (3) a SEIS (6) años. La pena se agrava cuando las víctimas fueran más de tres o cuando los autores fueran más de tres y hubieran actuado en forma organizada.

III c) La violación de las disposiciones de los arts. 126 y 127 C.P.

 La conducta del o de los propietarios, así como las de sus cómplices serían susceptibles de enmarcarse también en otras disposiciones del C.P. En efecto, por tratarse de prostíbulos de las características detalladas cabe considerar que existen circunstancias que permiten afirmar la existencia de un ambiente intimidación o coerción, de aprovechamiento de una relación de dependencia y de poder para el mantenimiento de esa clase de actividad. Rufianes capaces de desarrollar, en un local abierto al público en plena ciudad, una actividad manifiestamente ilícita ante la vista y paciencia de las autoridades, que, además, disponen de personal de seguridad capaz de imponer el orden en un ambiente propio del hampa y que, asimismo, pueden hacer alarde de una relación de complicidad con funcionarios policiales y del municipio son lo suficientemente temibles para que un puñado de mujeres jóvenes y socialmente vulnerables se vean doblegadas y se avengan, entre otras cosas, a aceptar las relaciones carnales promiscuas. El tipo del art. 126 respecto de las mayores de dieciocho años resulta aplicable en la especie.

 Por otra parte los referidos prostíbulos tienen como propósito evidente la explotación económica de la prostitución por lo que también resultaría de aplicación lo dispuesto en el art. 127 C.P. Valdría también aquí lo dicho con referencia al abuso coactivo e intimidatorio de una relación de dependencia y de poder que aparece claramente en el relato de las víctimas y de las personas que abusaron de ellas para completar los elementos objetivos del tipo.

III d) La violación de las normas penales contempladas en la Ley Nacional de Migraciones

 Esto último reviste particular gravedad atento lo dispuesto en los arts. 116, 117 y 120 de la Ley de Migraciones (25.871). En este sentido la Ley 25.871 prevé dos tipos penales diferentes:

 “ARTICULO 116. – Será reprimido con prisión o reclusión de uno (1) a seis (6) años el que realizare, promoviere o facilitare el tráfico ilegal de personas desde, en tránsito o con destino a la República Argentina.

 “Se entenderá por tráfico ilegal de personas, la acción de realizar, promover o facilitar el cruce ilegal de personas, por los límites fronterizos nacionales con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio”.

 “ARTICULO 117. – Será reprimido con prisión o reclusión de uno (1) a seis (6) años el que promoviere o facilitare la permanencia ilegal de extranjeros en el Territorio de la República Argentina con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio”.

 A su vez, la ley de Migraciones (25.871) contempla formas agravadas de estos tipos delictivos cuando determina que:

 “ARTICULO 120. – Las penas descriptas en el presente capítulo se agravarán de tres (3) a diez (10) años cuando se verifiquen algunas de las siguientes circunstancias:

 a) Si se hiciere de ello una actividad habitual;

 b) Interviniere en el hecho un funcionario o empleado público en ejercicio o en ocasión de sus funciones o con abuso de su cargo. En este caso se impondrá también inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos”.

 En el caso concreto de autos el o los dueños del prostíbulo no sólo habrían promovido o facilitado el ingreso ilegal de personas al país con el fin de beneficiarse con la explotación de su prostitución sino que además habría promovido o facilitado su permanencia ilegal mediante su ocultación con el propósito de realizar una actividad ilícita en sus establecimiento con fines de lucro y contando con el apoyo de funcionarios policiales y del municipio. Esta conducta habría, además, sido habitual, dado el tiempo y la cantidad de personas involucradas.

IV) Prueba

 Acompaño como prueba la siguiente:

 Un disco compacto correspondiente a la videograbación realizada mediante la cámara oculta. Los nombres de los testigos se acompañan en sobre cerrado.

V) Petitorio

 Por todo lo expuesto, solicito:

 1. Se tenga por presentada la presente denuncia;

 2. Se tenga por ofrecida e incorporada la prueba;

 3. Se aplique a los denunciantes y víctimas de estos delitos las medidas de protección contempladas en los arts. 6, 7, 8 y 9 del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños que complementa la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, ratificada por ley 25.632 y 6 y concordantes de la ley 26.364.

Tener presente. Será Justicia,

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