100 puntos narcos: Informe del fiscal

Este miércoles 5 de marzo finalizó el fiscal federal Federico Delgado la investigación preliminar por los 100 puntos narcos en Capital Federal que denunció en octubre el titular de la Alameda y legislador porteño (Bloque Verde/Alameda en UNEN), Gustavo Vera, con el patrocinio de Mario Ganora. Aquí pasamos a citar los párrafos más importantes del informe judicial y la denuncia que originó la causa:

Fiscal Federico Delgado                                                                                                                                                                                           Fiscal Federico Delgado

 

El fiscal Delgado en su dictamen (la causa recayó en el juez Norberto Oyarbide) reconoce que “emprendió una investigación en la que intervino la Unidad de Control de Narcotráfico y el Delito Complejo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA)”. Y que detrás de la hipótesis de investigación –comercio de droga y en algunos casos regenteo de prostitución y/o posible infracción a la ley 26.364- subyace otra directamente relacionada que también deberá ser materia de análisis por quien asuma la dirección de la pesquisa. Es que las averiguaciones efectuadas por la mencionada fuerza de seguridad mostraron un dato cuanto menos llamativo con relación a la actuación de las comisarías de cada una de las zonas en cuestión. Como es obvio, ellas son las encargadas de prevenir la comisión de hechos delictivos, sin embargo se pudieron advertir repetidos antecedentes ilícitos en varios de los domicilios investigados que admiten el legítimo interrogante respecto al rol de las fuerzas de seguridad en cada una de las circunscripciones territoriales”.

 

Pastillas de éxtasis

Para Delgado es importante“no desmembrar la causa en una infinidad de expedientes aislados. Hacer tal cosa acarrearía desperdiciar la oportunidad de intentar –aprovechando el enorme insumo que nos ha brindado una organización de la sociedad civil con fuerte conocimiento, compromiso y arraigo barrial- comprender la trama de la narco-criminalidad en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

 Para el titular de la Fiscalía Nº 6 los elementos probatorios de la denunciada presentada por la Alameda son: que el PSA investigó los domicilios denunciados como en cruzar esa información con los informes proporcionados por la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la PFA; por la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos con Autor Desconocido de la Procuración General de la Nación y por la Subsecretaría de Articulación con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos del Ministerio de Seguridad de la Nación.

 En su dictamen el fiscal es muy claro respecto a la complicidad de la PFA: “el objetivo judicial debe ser desentrañar la identidad y modalidad delictiva llevada a cabo por las personas que se encuentran tras el tráfico de estupefacientes en cada uno de los domicilios y, a su vez, para develar el trasfondo de que pese a la presencia de las fuerzas de seguridad esas conductas se lleven a cabo, máxime cuando existe información que de antemano señala a tales sitios como foco de delitos y alta conflictividad”.

 Y agrega que debe investigarse “la actuación deficiente de las fuerzas de seguridad, en especial poner atención sobre cada una de las comisarías implicadas a fin de dilucidar si existe alguna suerte de connivencia con las personas que llevan adelante actividades delictivas en aquellos domicilios”.

 Delgado resalta la labor de la Alameda cuando asegura que “una fundación que recaba información en las parroquias locales tiene más y mejor información que el propio estado”, ya que “las comisarías que se deberían ocupar al parecer no hacen nada pese a que es casi una obviedad que conocen lo que allí ocurre. La reiteración de delitos denunciados en una misma seccional no nos deja mentir, ya que allí se concentran todas las denuncias criminales del lugar y por ende el mapa del delito se torna obvio. Se puede especular que funcionaría como una especie de sistema feudal, donde el poder local y territorial que se ejerce de forma efectiva con autonomía e independencia se traduce en libertinaje por parte de las fuerzas de seguridad, en tanto permiten la comisión de conductas delictivas. Se impone desentrañar las complicidades estructurales implicadas”.

 Para encarar la investigación sugiere al juez, en este caso Oyarbide, a que convoque a PROCUNAR para que brinde cooperación desde su especialidad en la materia y perspectiva institucional privilegiada para reparar en los rasgos sistémicos y estructurales del problema.

 Antes de terminar el informe judicial el fiscal federal “reconoce la dedicación y esmero del equipo n°2 de la Unidad Operacional de Control de Narcotráfico y Delito Complejo –este- de la PSA”, y libra un oficio al Jefe de la mencionada Unidad “y la misma mención debemos hacer en relación a la Fundación La Alameda”.

cocaína

 La denuncia con los cien puntos narcos fue realizada recabando datos de distintas investigaciones llevadas adelante por la Fundación Alameda; aportes que realizaron las Asambleas de vecinos auto-convocados de Recoleta, Caballito, Liniers, Versailles, Floresta, Once y Parque Avellaneda y denuncias que llegan telefónicamente y vía mail a los distintos medios de comunicación de la Fundación Alameda.

 Este informe permite identificar específicamente la ubicación de los puntos de venta de droga y de la forma en que se desarrolla este delito, detallando si la actividad se realiza en la vía publica, bajo la fachada de alguna actividad comercial licita, mediante el sistema de delivery o sumado al delito de explotación sexual en narco – prostíbulos.

 Con una enorme preocupación realizamos este informe, ya que la Argentina, según datos de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), se convirtió en el primer consumidor latinoamericano de cocaína, con un total del 2,6% de la población, equiparando a Estados Unidos, en un promedio de edad que va de los 15 a los 64 años.

 Argentina es considerada, importante país de tránsito para el narcotráfico, con una enorme tendencia a convertirse en país de destino. La misma ONU, mediante su Oficina contra las drogas y el crimen organizado, ubica a la Argentina como tercer proveedor mundial de cocaína. La posición en este “triste” ranking, se debe a la cantidad de decomisos de embarques (aéreos o navales) que se realizaron en distintos países donde era el destino de comercialización de los estupefacientes, durante los años 2001 al 2012.

 La misma Naciones Unidas expone la falta de colaboración de las autoridades argentina sobre los datos sobre las luchas reales que se llevan en materia de combate al narcotráfico. De las 1051 toneladas de cocaína que se producen en América del Sur, se distribuye en Argentina.

DENUNCIA PENAL 

FORMULA DENUNCIA

Señor Juez:

 Gustavo Javier Vera, presidente de la “Fundación Alameda por la

Lucha contra el Trabajo Esclavo”, con domicilio en Avda. Directorio

3998 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el patrocinio letrado

del Dr. Carlos Beizuhn (T° 109 F° 372 CACF), con domicilio en Av.

Lacarra 728 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a V.S. dice

respetuosamente que:

 I) OBJETO

 Que vengo a realizar formal denuncia de puntos de venta de

estupefacientes en distintos barrios de la Capital federal, se acompaña

bajo anexo letra A, la presente denuncia se realiza de acuerdo a lo

normado por el art.5 inc. C y E de la ley 23.737.

 II) HECHOS

 A través de las denuncias efectuadas por vecinos de distintos barrios

de Capital federal, en la Fundación Alameda, es que tomo conocimiento

de la venta de estupefacientes en distintos puntos de la Capital Federal.

Lo que me lleva en mi carácter de presidente de la Fundación a realizar la

presente denuncia.

Como se podrá observar en la documentación adjunta bajo el anexo A,

se describe dirección, barrio y la identificación del lugar donde se

comercializa la droga. La cantidad de barrios involucrados, habla

claramente de lo extendido y diversificado del comercio de estupefacientes

en la Capital Federal. Esta situación se ve agravada por la marcada inacción de los organismos

de control , tanto a nivel de la CABA como Nacional (Agencia de Control

Gubernamental de la CABA, Policía Metropolitana, Policía Federal, Etc.)

Dando cuenta de su inoperancia, cuando no, de su connivencia con el

accionar delictual denunciado.

 III SIGNIFICACION JURIDICA

 Según la concepción legal es un delito contra la salud pública, consiste en

la realización con fines de lucro de actos que sirvan para promover,

favorecer o facilitar el consumo ilegal de drogas naturales o sintéticas,

denominadas genéricamente estupefacientes o psicotrópicos.

La naturaleza de estos delitos es de riesgo abstracto y de consumación

anticipada en el que el bien jurídico protegido es la salud pública,

consumándose la acción con la actuación del verbo típico de cualquiera de

las conductas incluidas en las normas a cuyos efectos resulta indiferente la

lesión al consumidor ya que el bien jurídico protegido es la salud pública.

En definitiva, el delincuente no es el consumidor sino el que participa en el

proceso que culmina en la satisfacción de la demanda.

En el año 1961 en la “Convención Única” se determinaron el listado de

sustancias Estupefacientes sicotrópicas enmendada por el protocolo de

1972que modifica dicha convención

Nuestro país ha ratificado una serie de tratados internacionales vinculados a

esta especial materia: La Convención Única de Naciones Unidas sobre

Estupefacientes (1961), modificada por el protocolo de 1972; la

Convención de Naciones Unidas sobre Sustancias Psicotrópicas (1971); y

la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de

Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (1988).  En la declaración inicial de esta última convención se

manifiesta:”Profundamente preocupadas por la magnitud y la tendencia

creciente de la producción, la demanda y el trafico ilícitos de

estupefacientes y sustancias sicotrópicas que representan una grave

amenaza para la salud y el bienestar de los seres humanos y menoscaban

las bases económicas culturales y políticas de la sociedad “. Lo que pone de

manifiesto los alcances del delito como tal.

Con relación a la tipificación del delito establece en su Art. 2:” La

fabricación, la extracción, preparación, oferta, la oferta para la

venta, la distribución, la venta, la entrega, en cualesquiera

condiciones, el corretaje, el envió, el envió en tránsito, el transporte,

la importación o la exportación de cualquier estupefaciente o

sustancia sicotrópica en contra de lo dispuesto por la convención de

1961, en la convención de 1961 en su forma enmendada o en el

convenio de 1971”

 

Por otra parte, en el ámbito hemisférico, Argentina ha adoptado mediante el

decreto 1339/96, la Estrategia Antidrogas en el Hemisferio aprobada por la

Comisión); Período Ordinario de Sesiones que tuvo lugar en la ciudad de

Buenos Aires en el mes de octubre de 1996.

La legislación nacional vigente es receptora de toda la legislación

internacional mencionada, fundamentalmente en la ley 23737 que

establece en su Artículo 5º inc. C y E: Será reprimido con reclusión o

prisión de cuatro a quince años y multa… El que sin autorización y con

destino ilegitimo:

c) Comercie con estupefacientes o materias primas para su producción

o fabricación o los tenga con fines de comercialización, o los distribuya,

o dé en pago, o almacene o transporte. E) Entregue, suministre, aplique o facilite a otros estupefacientes a

título oneroso. Si lo fuese a título gratuito, se aplicará reclusión o

prisión de tres a doce años y multa…

Las conductas aquí tipificadas con relación a la comercialización, entrega

y suministro de estupefacientes a titulo oneroso, son las que se ponen en

evidencia y dan lugar a la presente denuncia.

 

 IV PRUEBA:

A) Documental: Se acompaña a la presente bajo el anexo A, nomina de

lugares donde se realiza venta ilegal de estupefacientes.

 

 V PETITORIO:

 

 Por todo lo expuesto a VS. solicito:

a) Se me tenga por presentada la presente denuncia.

b) Se tenga por ofrecida la prueba acompañada

C) Solicitando a VS. ordenar a la Instrucción correspondiente y proceder

a iniciar la pertinente investigación preliminar (identificar a los

moradores los lugares denunciados, recibir testimoniales a los vecinos y

a los eventuales clientes, etc.)

 Proveer de conformidad. Será Justicia

 

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