Campaña PROstibularia: Legisladores porteños quieren que se investigue a Lidia Saya

Los diputados del bloque Verde/Alameda, Pablo Bergel y Gustavo Vera, solicitaron este lunes 7 de abril por la tarde que la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control de la Legislatura porteña inicie un proceso de investigación sobre la Defensora Adjunta del Pueblo de la CABA, Lidia Saya.

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La solicitud de investigación por Bergel y Vera se debe a que la ex legisladora del PRO habría violado la ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, y puntualmente los deberes de comportamiento ético, por haberse comunicado por vía telefónica y convocar a la campaña electoral de la senaduría de Gabriel Michetti a un mafioso que esclaviza mujeres en prostíbulos de los llamados privados en el microcentro, apodado “Kali o Coco”, Carlos Daniel Morales Comini.

Por ello se cita en el pedido de apertura de investigación sobre la defensora del Pueblo las frases de la sentencia judicial: “En relación a la vinculación de esta banda con otros funcionarios, se destaca un llamado de Lidia Saya (Legisladora de la Ciudad), que llama de parte de Gabriela Michetti, porque trabajan juntas en el PRO, para hablar con Carlos Morales (Kali), debido a una nota que le envió hace un mes. Ello dado que lo van a convocar para trabajar juntos en una campaña. La Sra Saya le propone ir a la legislatura (fs 1529 del legajo 1)”.

Para los legisladores Bergel y Vera existen suficientes elementos de juicio que deben ser proporcionados a la Legislatura a fin de evaluar si corresponde o no iniciar los procedimientos establecidos en la Ley N° 3 de remoción de la mencionada funcionaria en atención a las exigencias del art. 4 incs. a),b),c) y d) de la ley 4895.

Para el Bloque Verde/Alameda no quedó claro tras conocerse la escucha telefónica la relación de la Defensora del Pueblo Lidia Saya y la senadora nacional Gabriela Michetti con el cabecilla de esta banda criminal procesada por la justicia federal.

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FORMULA DENUNCIA. SOLICITA SE INICIE INVESTIGACIÓN

Sr. Presidente de la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control

Dr. Jorge M.H. Garayalde

S.                 /                   D.-

            Tengo el agrado de dirigirme a Ud. En su calidad de presidente de Junta de Etica, Acuerdos y Organismos de Control a fin de solicitarle que se inicien las correspondientes investigaciones a los fines de deslindar las posibles responsabilidades de la actual Defensora Adjunta de la Defensoría   del Pueblo de la Ciudad  Autónoma de Buenos Aires, Lic. Lidia Saya por la presunta infracción a las disposiciones del art. 4 incisos a), b), c) y d) de la ley 4895.

            Al respecto debo señalar que en mi condición de Presidente de la Fundación Alameda por la Lucha contra el Trabajo Esclavo he procedido en sendas oportunidades a formular denuncias sobre la red de prostíbulos que operan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

            En el año 2009 junto a otras ONGs y distintos funcionarios presentamos en la Procuración General de la Nación un listado de seiscientos trece prostíbulos con indicación de sus direcciones. Eso abrió una serie de investigaciones tanto en sede de la Justicia Federal como en la Justicia nacional en lo Correccional de la Capital que permitió el desbaratamiento de una vasta red de protección policial y judicial.

Sin embargo, la cuestión no podía resolverse adecuadamente en razón de las falencias de la ley 26.364 y de la ineficaz redacción de las disposiciones de los arts. 125 bis y 126 del Código Penal, así como por la decisión política de hacer caso omiso de los arts 15 y 17 de la ley 12.331.  No obstante, esta situación sufrió un cambio radical a partir del escándalo del caso “Marita Verón”. En efecto, a raíz de la intensa movilización popular se dictó la ley 26.842 que modificó la redacción de los arts. 125 bis, 127, 140, 145 bis y 145 ter del Código Penal.

Atendiendo a esta nueva realidad jurídica se formuló una nueva denuncia el 23 de setiembre de 2009 ante la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional de la Capital Fderal  quedando radicada como causa n° 51429/13 en el  Juzgado Nacional de Primera Instancia de Instrucción n° 27 a cargo del Dr. Alberto Baños. También se formuló ese mismo día la correspondiente denuncia  ante la  Fiscalía General de la Ciudad, entonces a cargo del Dr. Germán Garavano, porque entendíamos que el estado porteño a través de su Justicia Contravencional y de Faltas, la policía metropolitana y sus cuerpos de inspectores tenía la posibilidad real de contribuir junto con la justicia nacional, tanto federal como ordinaria, al combate contra la trata de personas y la explotación de la prostitución ajena.

Las denuncias formuladas, que advertían un incremento de este tipo de criminalidad en relación con la denuncia de 2009, tuvieron amplia difusión en los medios de comunicación y buena recepción en el ámbito judicial tanto nacional como local.

Cabe destacar que en las referidas denuncias se especificó la gravedad de lo que estaba aconteciendo tanto en el llamado microcentro porteño como en la zona de Tribunales. Esto fue objeto de declaración testimonial prestada ante la Dra. Viviana Fein a cargo de la Fiscalía en lo Criminal n°45 donde se había delegado la investigación.

El día 27 de octubre de 2013 a través de la prensa periódica toma estado público un megaoperativo ordenado por la justicia en el que se allanaron treinta y dos inmuebles y se desbarató una red de trata de personas que operaba en el microcentro porteño con ramificaciones en la Provincia de Buenos Aires. Ante el tenor de esta información personal de la Fundación Alameda por la Lucha contra el Trabajo Esclavo se constituyó en la Fiscalía en lo Criminal n° 45 donde fue informado de que el operativo había sido dispuesto por el Dr. Ariel Oscar Lijo, titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional n° 4. Esto determinó la necesidad de solicitar audiencia al señor Juez Federal a los fines de ponerlo en autos de nuestra denuncia formulada en diversa jurisdicción. Luego de entrevistarnos con el referido magistrado tuvimos conocimiento a través del CIJ (Centro de Información Judicial) acerca de los pormenores de la causa que aparecen reflejados en el auto de procesamiento de los imputados.

En efecto, en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional n° 4, a cargo del Dr. Ariel Lijo, Secretaría n° 8 a cargo del Dr. Juan Tomás Rodríguez Ponte, tramita la causa n° 382/13 que se inició en enero de 2013 por denuncia de la Procuraduría para el Combate de la Trata y Explotación de Personas (PROTEX ex UFASE) que detalla el funcionamiento de siete bandas de tratantes de personas que operaban en el microcentro porteño explotando prostíbulos bajo la modalidad de privados. Se destaca en relación con una de las bandas, integrada por cuatro individuos, entre los que se encuentra una persona de nombre Carlos Daniel Morales Comini, individuo de antecedentes por proxenetismo, una particular relación que fue captada por las escuchas telefónicas ordenadas por el Juzgado y especialmente mencionada en la resolución del 12 de noviembre del 2013.

En este punto corresponde que transcriba textualmente las frases de la sentencia: “En relación a la vinculación de esta banda con otros funcionarios, se destaca un llamado de Lidia Saya (Legisladora de la Ciudad), que llama de parte de Gabriela Michetti, porque trabajan juntas en el PRO, para hablar con Carlos Morales (Kali), debido a una nota que le envió hace un mes. Ello dado que lo van a convocar para trabajar juntos en una campaña. La Sra Saya le propone ir a la legislatura (fs 1529 del legajo 1)”

El suscripto solicitó al señor Juez  Federal, Dr. Ariel Lijo,  la referida escucha en lo relativo a la mencionada legisladora en razón de que ésta en la actualidad se desempeña como Defensora Adjunta en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad  Autónoma de Buenos Aires. Entendimos que ese elemento de juicio debía ser proporcionado a la Legislatura a fin de evaluar si corresponde o no iniciar los procedimientos establecidos en los arts. 11 y 18 de la Ley n° 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tendientes a la remoción de la mencionada funcionaria en atención a las exigencias del art. 4 incs. a),b),c) y d) de la ley 4895. Cabe destacar que el magistrado accedió al pedido y puso a disposición del suscripto la referida grabación que elevo junto al presente al señor presidente de la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control. Señalo asimismo que está suficientemente corroborada la relación de la señora Lidia Saya con la senadora Gabriela Michetti por cuanto así surge de lo que ella misma publica en su curriculum vitae. Lo que no está claro es cuál es la relación de las señoras Saya y Michetti con el cabecilla de esta banda criminal. Esto es una cuestión fundamental que debe ser determinada por la Legislatura en lo que atañe a las responsabilidades políticas.

Resulta significativo que la causa que tramita por ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional n° 4 a cargo del Dr. Ariel Lijo fue investigada por la Policía Metropolitana y objeto de alabanza por las autoridades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que, sin embargo, no hubiera observaciones a la postulación de la señora Saya al cargo de Defensora Adjunta.

Sin otro particular, saluda a Ud. Muy atentamente.

El diputado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gustavo Javier Vera y Pablo Bergel

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