Juzgarán a nueve personas acusadas de integrar una red de trata

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Operaban en un local de San Salvador al 7200. Reducían a servidumbre sexual a mujeres captadas en República Dominicana.  Es el primer caso en la ciudad.

Por: Redacción 0223

El local “Dulcinea” fue uno de los nueve domicilios allanados durante la investigación.

A partir del martes el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata tendrán a su cargo el primer juicio en el que intentarán definirse los roles y responsabilidades que nueve personas tenían en una red de trata sospechada de explotar sexualmente a mujeres en un local de San Salvador al 7200.

Los jueces Parra, Falcone y Jiménez juzgarán por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual a Jorge Daniel Sánchez, su mujer Orfelina Valdez Montero y su hijo Fernando Manuel Sánchez. Están sospechados de estar a cargo del manejo del negocio, de la captación de las víctimas, la recepción y su ulterior reducción a servidumbre. 

También serán juzgados el policía Claudio Campos –exonerado de la fuerza y con prisión preventiva-,Eugenio Iacovone, Roberto Montecchia, Angel Cabral  y Carmela Concepción Colas. El uniformado está sospechado de concurrir al lugar y condicionar moralmente a las víctimas, mientras que a las otras cuatro personas se les imputa haber ocupado diversos roles en la red de trata, como apoderado de las víctimas o  encargados y seguridad del local denominado “Dulcinea”.

Según denunció oportunamente la fundación Alameda, las mujeres sometidas se encontraban bajo un régimen de encierro comprobado y hacinamiento, el sometimiento compulsivo a la práctica sexual sin elección y la imposición de un régimen disciplinario de índole económico. Debían “trabajar” de lunes a lunes, tanto en horario vespertino como diurno, teniendo que vivir las víctimas en las mismas habitaciones en donde se realizaban los “pases” con los clientes.

En el juicio por el que pasarán más de sesenta testigos hasta el próximo 7 de mayo está integrada una causa con trámite en la provincia de Neuquén en la que aparecen como imputadas Rosa Anyolina Adames Cruceta y Carmela Concepción Colas. Las dos mujeres -oriundas de República Dominicana- están acusadas de captar y trasladar mediante engaño y aprovechamiento de su situación de vulnerabilidad a una joven que fue explotada sexualmente en el prostíbulo ubicado en San Salvador al 7200.

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