Es la primera vez que una red de trata sexual de dominicanas es juzgada. Declaró una víctima implicando a un policía de Drogas y habló el regenteador del prostíbulo Dulcinea. Existe el peligro que los jueces acepten como pruebas los testimonios de víctimas aún explotadas por los criminales.
FOTO: El proxeneta Jorge Daniel Sánchez
A sala llena comenzó ayer martes 22 de abril el primer juicio por trata de personas de la ciudad de Mar del Plata. Pasadas las 10 de la mañana y luego de la lectura de las acusaciones por parte de la fiscalía a cargo de Juan Manuel Pettigiani, el Tribunal Oral Federal llamó a declarar los imputados Jorge Daniel Sánchez, Orfelina Valdez Montero, Fernando Manuel Sánchez, el policía de la División Drogas Claudio Marcelo Campo,Eugenio Iacovone, Carmela Concepción Colas y Angel Hernandez Cabral.Sólo dos de ellos, Jorge Sánchez y Eugenio Reinaldo Iacovone se prestaron a declaración indagatoria. Estuvieron ausentes Rubén Mormando, por haber fallecido el 28 de marzo del corriente y el abogado Roberto Montecchia, por encontrarse internado por una operación, serán los peritos judiciales deberán resolver si será posible que el imputado declaré ante el tribunal.
Jorge Daniel Sánchez, quien encabeza la red de trata de Dulcinea acusada de someter a esclavitud a, por lo menos, nueve víctimas de nacionalidad dominicana, reconoció la actividad prostibularia que se desarrollaba en el local que él regenteaba. Reconoció también que facilitaba las habitaciones para que se efectuaban los “pases”, que las victimas le daban dinero a él para que lo guardase, que era frecuentado el local por el policía Claudio Marcelo Campos con el cual tenía una relación de amistad, que las víctimas estaban en una condición migratoria irregular y que participó en entrevistas con los gestores para obtener las residencias migratorias. De acuerdo a la actual ley esto ya constituye el delito de trata personas. Sin embargo, la causa se tramita por la antigua ley ya que la ley nueva no es retroactiva.
FOTO: Sala del juicio en Mar del Plata
Por su parte, Eugenio Reinaldo Iacovone, quien solicita el otorgamiento de residencia de tres víctimas ante la Delegación Regional de Migraciones reconoció su participación en los hechos. En indagatoria, dijo haber sido “engañado” cuando actuó por un “favor” que debía al abogado Roberto Montecchia, también imputado en la causa como partícipe secundario y por violación a la Ley de Migraciones. Al finalizar la declaración y alegar un “estado de depresión”, Iacovone presentó el pedido formal a través de su abogado para ausentarse de las audiencias siguientes, lo cual fue concedió por el tribunal.
Luego del primer cuarto intermedio, declaró la principal testigo de identidad reservada que fuera acompañada por la Fundación Alameda cuando logró escapar del prostíbulo. En declaración por videoconferencia, realizada a los fines de evitar una posible revictimización, ratificó el reconocimiento del policía en la división de Drogas, Claudio Marcelo Campos, y aseguró haber observado a trece policías más en el prostíbulo. La victima relató el estado de angustia en la que se encontraban todas las mujeres en el prostíbulo, que “lloraban mucho” pero que no confiaban entre ellas para ayudarse mutuamente a escapar de Dulcinea.
Para finalizar, fueron presentadas por la defensa dos testigos que a pedido de fiscalìa declararían en privado, para lo cual, el público de la sala fue desalojado.
FOTO: Fernando Manuel Sánchez, hijo del líder
Desde la Alameda consideramos inaceptable sean aceptadas como prueba válida las declaraciones de las víctimas que defienden a sus explotadores, cuyo testimonio claramente se encuentra coercionado. Nos preocupa que el Tribunal Oral a cargo de Néstor Rubén Parra, Eduardo Pablo Jimenez y Roberto Atilio Falcone les pueda dar crédito a esta perversa estrategia de la defensa que podría establecer un peligroso antecedente.
Estas declarantes son las pupilas de los criminales, que se encuentran todavía en situación de explotación sexual y de vulnerabilidad y que, al no recibir asistencia alguna por parte del Estado, no tienen otra alternativa que defender su único medio de subsistencia. A su condición de mujeres, pobres y migrantes se agrava su vulnerabilidad por estar insertas todavía hoy en el negocio ilícito que se juzga en el proceso.
Por otra parte, aún en los casos de las víctimas que han podido salir de la red de trata, se han encontrado con una extrema precaridad en la asistencia que no posibilita la efectiva restitución de sus derechos humanos. Desde el momento que una persona es certificada como una víctima de trata de personas, tiene derechos establecidos en tratados internacionales que fueron ratificados por Argentina y que no se aplican. Por lo cual, la carga de la prueba no puede recaer en la declaración de las víctimas, toda vez que no se encuentran protegidas por los programas creados a este fin. El pésimo funcionamiento del Programa Nacional de Protección de Testigos, de la Oficina de Rescate a las Víctimas de Trata y la ausencia de un presupuesto específico para la asistencia a las víctimas por no encontrarse reglamentada la Ley de Trata, promulgada su reforma hace 28 meses deja a las víctimas en una difícil situación, que aùn en una causa como la presente que ha llegado a esta importante etapa oral y pública, no se encuentran con sus derechos restituidos.
Alameda Mar del Plata 