La mafia, así como las empresas lícitas, adaptan sus estrategias de mercado para poder alcanzar la máxima ganancia. Estas redes delictivas cambian su modo de operar ante las nuevas políticas públicas, actuaciones policiales, y reformas judiciales.
A principios de los 90s la prostitución en la ciudad se ofrecía mayormente de forma callejera, con regenteo, sistemas de coima y contravenciones policiales. En algunos casos cabarets y whisquerías. Impartiendo miedo con el mito del “loco de la ruta”, los proxenetas desplazaron su negocio a casas y departamentos conocidos como “privados”. Allí se concentraron los delitos de proxenetismo, trata de personas y narcotráfico desde principios del 2000. En el 2010 las denuncias de la Fundación Alameda junto a la movilización social, obligaron al estado municipal a accionar sobre la problemática mediante allanamientos, rescates de víctimas, detenciones, y causas judiciales. Estas acciones lejos estuvieron de llegar a erradicar la explotación sexual y trata de personas en la ciudad. Tampoco se generó un sistema efectivo de asistencia y reinserción social de las victimas.
Actualmente la explotación sexual por cuenta ajena se sigue dando baja la fachada de “chicas solas en sus departamentos”. El sistema de regenteo tradicional aun se mantiene vigente, a través de actores que no están permanentemente en el lugar. Siendo también partícipes de esta red de proxenetismo efectivos policiales que pasan a recaudar semanalmente, dueños de departamentos, arrendatarios, administradores y porteros que obtienen réditos económicos cobrando coimas o sobrealquileres.
La trata y el narcotráfico son delitos que deben ser abordados por la justicia federal, aunque también existen otras herramientas para atacar la problemática:
– El artículo 6 de la ley nacional de propiedad horizontal (Nº 13. 512) prohíbe la utilización de la misma para usos contrarios a la moral y las buenas costumbres.
– El artículo 15 convoca a los propietarios a formular la denuncia correspondiente ante el juez competente, que deberá adoptar además las disposiciones necesarias para que cese la actividad, pudiendo ordenar el allanamiento del domicilio o el uso de la fuerza pública si fuere necesario. En este artículo queda implícita la responsabilidad que se espera de los propietarios para una digna convivencia.
La experiencia nos demuestra que sólo a través de la sociedad civil organizada se pueden realizar y movilizar las denuncias contra estos tipos de delitos de graves. Por eso las organizaciones que luchamos contra la trata de personas y la explotación sexual convocamos a toda la sociedad marplatense a que nos acompañe.
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