Denuncia contra Frutillar, Costa Mari, Rueda.

 

Denuncia contra Compañía Industrial Frutihortícola SA, Costa Mari, Quinta Rueda.

DENUNCIA PENAL radicada en la Fiscalía Federal Nº 2 de Mar del Plata.

FORMULA DENUNCIA

Señor Fiscal:

Gustavo Javier Vera, con domicilio real en Directorio 3998 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el patrocinio letrado del Dr. Mario Fernando Ganora (T° 36 F° 227 CACF) constituyendo conjuntamente el procesal en los estrados del tribunal, respetuosamente dicen:

I. Objeto:
Por el presente venimos a formular denuncia por los presuntos delitos de reducción a servidumbre, trata de personas (arts.140, 145 bis y 145 ter del Código Penal), e infracción al art. 7 de la ley 24.769 y al art. 117 de ley 25871 contra los directivos de la firma “Compañía Industrial Frutihortícola S.A.” ubicada en el Km 19 de la Ruta 226 y de los establecimientos “Costa Mari” ubicado en el Km 5,5 de la Ruta 88 y “Quinta Rueda” sito en el barrio El Boquerón, sus cómplices y encubridores

II. Hechos:
Ha tomado repercusión pública la comprobación de que existe una extendida actividad ilícita llevada a cabo por productores rurales que se basa en la explotación laboral sistemática del trabajo infantil y de los trabajadores agrarios en abierta violación al régimen de la ley 22.248 y sus modificaciones. Esta actividad está precedido por la captación y transporte, dentro del país o desde el exterior, de personas y su posterior acogida o recepción mediante engaños y fraudes o el abuso de situaciones de extrema vulnerabilidad social co el propósito de someterlas a esa explotación.

Como consecuencia de la labor llevada adelante por las organizaciones no gubernamentales “La Alameda” y el “Movimiento de Trabajadores Excluidos” en la lucha contra el denominado “trabajo esclavo” muchas personas que tienen conocimiento de esas situaciones nos informan de hechos de esa naturaleza a fin de que los investiguemos y efectuemos la pertinente denuncia.

Es así como hemos sido anoticiados de que
a) En una finca ubicada en el Km 19 de la Ruta 226 presuntamente perteneciente a la “Compañía Industrial Frutihortícola S.A.” se estarían desempeñando alrededor de 400 trabajadores de origen boliviano bajo las órdenes de un tal Hernán Arana, también de origen boliviano, aunque en realidad el dueño sería un tal Andrés Moretti.
Estos trabajadores presuntamente no pueden entrar ni salir libremente del establecimiento durante el año, excepto para las celebraciones de carnaval que se realizan en el mes de marzo. Las mujeres serían objeto de control tendiente a impedir que tengan relaciones sentimentales, presumiblemente con el fin de evitar los embarazos. Sería una práctica común la retención de la documentación personal de los trabajadores por parte de sus patronos.
Las condiciones de vida y de los trabajadores serían muy duras y contrarias a la ley laboral que rige el trabajo rural por cuanto deben habitar en casillas muy precarias y no dispondrían de facilidades para higienizarse y hacer sus necesidades.
Por otra parte, tanto la utilización del Bromuro de Metilo, agroquímico prohibido en la mayor parte del mundo, como la quema de plásticos a cielo abierto que realizarían a la hora de terminar las cosechas, representarían también un peligro para la salud de quienes viven cercanos al lugar. Esto fue denunciado en reiteradas oportunidades por los vecinos de Colinas Verdes ya que provoca malestares respiratorios y oculares.
Según la información recabada la Escuela Nº46, donde van los niños del frutillar, tendrían imposibilitado el acceso al establecimiento productivo cuando la institución necesita hacerlo para obtener alguna información de los alumnos. Lo mismo le ocurriría al personal de la Salita de Primeros Auxilios de La Peregrina.
Una trabajadora social que realizó trabajos de campo cuando estudiaba en la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social de Mar del Plata, que se reserva la identidad, denunció a nuestra organización que puedo tomar conocimiento de aberrantes hechos en la Compañía Industrial Frutihortícola SA en 2006. Durante su trabajo de campo en el lugar, pudo tomar conocimiento tanto de la existencia de abuso sexual infantil como de entierros humanos en los terrenos de la Compañía. Los presuntos entierros de trabajadores en el lugar, fueron también mencionados por vecinos de la zona.
b) En la empresa denominada “Costa Mari” ubicada en el Km 5,5 de la Ruta 88 se explota en condiciones de servidumbre el trabajo de niños de muy corta edad. En este sentido los videos que adjuntamos, registran las características del trabajo infantil y del empleo de mano de obra de origen extranjero en esta quinta. Por otra parte, el encargado del lugar que también registramos en el material audiovisual confirma que las familias trabajan en el mismo lugar donde viven, siendo esta una modalidad que se repite en la concepción del trabajo esclavo.
c) La firma “Quinta Rueda” que está ubicada en el barrio El Boquerón también explota trabajo infantil en las condiciones de servidumbre necesita hacerlo para recabar alguna información de alumnos. Lo mismo le ocurre al personal de la Salita de Primeros Auxilios de La Peregrina.
Cabe destacar que serian características comunes de estos establecimientos el hacinamiento y la explotación de la mano de obra sin ningún tipo de respeto por la normativa relativa a la extensión de la jornada de trabajo, a las remuneraciones, al régimen de licencias, a lo relativo a la edad mínima para trabajar y por supuesto a la registración. En efecto, los trabajadores así reclutados y, en especial la mano de obra infantil, se desempeñarían sin ninguna clase de registración, lo que se denomina “en negro” en la jerga de los empleadores, por lo que se omite todo tipo de aportes al sistema de seguridad social en abierta violación a lo dispuesto en el art. 7 de la ley 24.769. Asimismo es habitual la aplicación de multas consistentes en la reducción arbitraria de la remuneración en caso de incumplimiento de la cuota de producción establecida por el empleador. Estas cuotas de producción exceden lo que puede hacer efectivamente el trabajador por lo que su establecimiento es en realidad una forma de estafarlo en el pago de la remuneración. Al término del período de la contratación son trabajadores son devueltos a la provincia o al país de origen del mismo modo en que fueron traídos.

Estas características del trabajo no registrado permite todo tipo de abusos relativos a la sobreexplotación del trabajador. Esta sobreexplotación, en sí misma antijurídica toda vez que constituye una transgresión a las disposiciones de la ley 22.248 y sus modificaciones tiene un plus que permite encuadrarla en la normativa penal. En efecto, los trabajadores y sus familias estarían constreñidos a no poder abandonar el lugar de trabajo y a poner a disposición del empleador la fuerza de trabajo de los niños para que laboren sin remuneración.

Esta forma de explotación del trabajador encuadra dentro de las disposiciones del art. 1 de la “Convención Suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud” en lo que concierne a la definición de la servidumbre de la gleba. También cabe destacar que la explotación del trabajo infantil cae bajo las disposiciones del referido artículo como se explicará más adelante.

III. Derecho;
No hace falta demasiada imaginación para advertir que el “modus operandi” de las explotaciones agrícolas consistiría en emplear trabajadores en infracción a las normas laborales relativas a su registración contempladas en la ley 25191 (Registro Nacional de Trabajadores Rurales) con la finalidad de incumplir las disposiciones previsionales y tributarias mediante mecanismos de fraude laboral.

De la información proporcionada también surgiría que los productores agropecuarios explotarían en sus campos el trabajo de menores de dieciocho años en condiciones verdaderamente penosas y en abierta violación de las disposiciones la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 32). de los Convenios de la OIT N° 138 (ratificado por la ley 24.650), N° 182 (ratificado por la ley 25.255) y N° 184 (ratificado por la ley 25.739) y de las leyes nacionales 26380 y 26.061.

En este sentido cabe recordar que el Convenio N° 184 de la OIT (ratificado por la ley 25.739) que tiene jerarquía superior al derecho interno (art. 75 inc. 22 C.N.) establece como edad mínima para el trabajo rural los dieciocho años (art. 16 inc. 1°). Para que pueda ser autorizado el trabajo de entre los dieciséis y los dieciocho años deben cumplirse determinados requisitos que no se dan en los casos de sobreexplotación laboral.

La gravedad de los hechos que se describen trascienden las cuestiones que hacen a la reglamentación legal del derecho trabajar y a ejercer industria lícita (art. 14 C.N.). En puridad estaríamos en presencia de formas contemporáneas de la esclavitud y de trata de personas tal como son definidas por el derecho internacional en tratados que han sido ratificados por la República Argentina y que, por ende, tienen una jerarquía superior al derecho interno (art. 75 inc. 22 C.N.).

La “Convención Suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud” considera expresamente como institución o práctica análoga a la esclavitud:
a) “La servidumbre de la gleba, o sea, la condición de la persona que está obligada por la ley, por la costumbre o por un acuerdo a vivir y a trabajar sobre una tierra que pertenece a otra persona y a prestar a ésta, mediante remuneración o gratuitamente, determinados servicios, sin libertad para cambiar su condición (art. 1 inc. b);
b) “Toda institución o práctica en virtud de la cual un niño o un joven menor de dieciocho años es entregado por sus padres o uno de ellos, o por su tutor, a otra persona, mediante remuneración o sin ella, con el propósito de que se explote la persona o el trabajo del niño o del jóven” (art. 1 inc. d).

En el caso concreto de la presente los trabajadores adultos están en la situación de no poder abandonar los predios donde trabajan para el empleador. Esta situación se agrava respecto de los menores toda vez que no sólo no pueden abandonar los predios donde se explota su trabajo sin remuneración sino que además sobre ellos pesa la autoridad de sus padres que a su vez están sometidos a la voluntad de sus patronos. Estos niños no podrían, aunque así lo quisieran, cambiar su situación.

Asimismo, según el art. 3 inc. c del “Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional”, ratificado por ley 25.632;
“a) Por “trata de personas” se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos;
b) El consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda forma de explotación que se tenga la intención de realizar descrita en el apartado a) del presente artículo no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados en dicho apartado;
c) La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño con fines de explotación se considerará “trata de personas” incluso cuando no se recurra a ninguno de los medios enunciados en el apartado a) del presente artículo;
d) Por “niño” se entenderá toda persona menor de 18 años” .

Cabe destacar que estos hechos son reprimidos severamente por los arts. 140 y 145 bis y ter del Código Penal. Si bien la responsabilidad de los funcionarios nacionales y provinciales que no ejercen el poder de policía en materia de trabajo es muy grande, esto no excusa, ni mucho menos a los productores que se valen de estos procedimientos en contra de la ley, la moral y las buenas costumbres, propias del estado actual de nuestra civilización. En este sentido de nada vale invocar prácticas inveteradas de explotación de la mano de obra puesto que la costumbre contra legem no es admisible como fuente del derecho (art. 17 del Código Civil), máxime cuando la ley internacional con jerarquía constitucional califica a estas costumbres como un crimen y obliga a los Estados Partes a combatirlas y modificarlas (arts. 4 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 8 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).

IV. Petitorio
Por lo expuesto, solicitamos:
a) Se tenga por presentada la denuncia penal
b) Se de el trámite previsto en los arts. 188 y concordantes del CPPN
c) Se de traslado a la AFIP por el delito previsto y reprimido en el art. 7 de la ley 24769 de acuerdo con lo establecido en el art. 18 del referido cuerpo legal.

PROVEER DE CONFORMIDAD.
SERÁ JUSTICIA.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s