Protocolo de Palermo, Convención de las Naciones Unidas.

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CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADATRANSNACIONAL Y SUS PROTOCOLOS
NACIONES UNIDAS
Nueva York, 2004
Prefacio
En diciembre de 2000, al suscribir en Palermo (Italia) la Convención de
las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la
comunidad internacional demostró la voluntad política de abordar un problema
mundial con una reacción mundial. Si la delincuencia atraviesa las fronteras, lo
mismo ha de hacer la acción de la ley. Si el imperio de la ley se ve socavado no
sólo en un país, sino en muchos países, quienes lo defienden no se pueden
limitar a emplear únicamente medios y arbitrios nacionales. Si los enemigos del
progreso y de los derechos humanos procuran servirse de la apertura y las
posibilidades que brinda la mundialización para lograr sus fines, nosotros debemos
servirnos de esos mismos factores para defender los derechos humanos y
vencer a la delincuencia, la corrupción y la trata de personas.
Uno de los contrastes más marcados que existen en el mundo actual es el
abismo entre lo civil y lo incivil. Cuando digo “lo civil” quiero decir la civilización:
los siglos acumulados de conocimientos que sientan las bases del progreso. Cuando
digo “lo civil” también quiero decir la tolerancia: el pluralismo y el respeto con los
que aceptamos a los diversos pueblos y nutrimos de ellos nuestras fuerzas. Y, por
último, quiero decir la sociedad civil: los grupos de ciudadanos, empresas, sindicatos,
profesores y periodistas, los partidos políticos y demás grupos que desempeñan
una función esencial en el funcionamiento de toda sociedad.
Por el contrario, alineadas contra esas fuerzas constructivas, cada vez en
mayor número y con armas más potentes, se encuentran las fuerzas de lo que
denomino la “sociedad incivil”. Se trata de terroristas, criminales, traficantes de
drogas, tratantes de personas y otros grupos que desbaratan las buenas obras de
la sociedad civil. Sacan ventaja de las fronteras abiertas, de los mercados libres
y de los avances tecnológicos que tantos beneficios acarrean a la humanidad.
Esos grupos prosperan en los países con instituciones débiles y no tienen escrú-
pulos en recurrir a la intimidación o a la violencia. Su crueldad es la verdadera
antítesis de lo que consideramos civil. Son poderosos y representan intereses
arraigados y el peso de una empresa mundial de miles de millones de dólares;
pero no son invencibles.
La Declaración del Milenio, aprobada por los Jefes de Estado reunidos en
las Naciones Unidas en septiembre de 2000, reafirmó los principios en que nos
inspiramos y ha de servir para alentar a todos los que luchan en pro del imperio
de la ley. En la Declaración se afirma que “los hombres y las mujeres tienen
derecho a vivir su vida y a criar a sus hijos con dignidad y libres del hambre
y del temor a la violencia, la opresión o la injusticia”.iv
En la Cumbre del Milenio los dirigentes de todo el mundo proclamaron
que la liberación del temor y de la miseria era uno de los valores esenciales del
siglo XXI. No obstante, en todo el mundo hay millones de personas a quienes
todavía se niega el derecho a vivir con dignidad y liberados del temor y de la
miseria. Se niega ese derecho al niño que trabaja bajo contrato de cumplimiento
forzoso, sometido a explotación, al padre que tiene que dar soborno para conseguir
atención médica para su hijo o hija, a la mujer condenada a una vida de
prostitución forzosa.
Considero que la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, para
someterlos a trabajos forzosos y a la explotación, incluida la explotación sexual,
es una de las violaciones más atroces de los derechos humanos a que hacen
frente las Naciones Unidas en la actualidad. Se trata de un fenómeno muy
difundido que se agrava cada vez más. Tiene sus raíces en las condiciones
sociales y económicas de los países de origen de las víctimas y se ve facilitado
por las prácticas discriminatorias contra la mujer e impulsado por la cruel
indiferencia ante el sufrimiento humano de parte de los que explotan los servicios
que las víctimas están obligadas a prestar. El destino de esas personas más
vulnerables es una afrenta para la dignidad humana y un grave problema para
todo Estado, todo pueblo y toda comunidad. En consecuencia, insto a los
Estados Miembros a que ratifiquen no solo la Convención de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, sino también el
Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente
mujeres y niños, que puede operar una auténtica transformación en la lucha por
eliminar ese comercio censurable de seres humanos.
Los grupos delictivos no han perdido el tiempo en sacar partido de la
economía mundializada actual y de la tecnología sofisticada que la acompaña.
En cambio, nuestros esfuerzos por combatirlos han sido hasta ahora muy fragmentarios
y nuestras armas casi obsoletas. La Convención nos facilita un nuevo
instrumento para hacer frente al flagelo de la delincuencia como problema
mundial. Fortaleciendo la cooperación internacional podremos socavar verdaderamente
la capacidad de los delincuentes internacionales para actuar con eficacia
y ayudaremos a los ciudadanos en su a menudo ardua lucha por salvaguardar
la seguridad y la dignidad de sus hogares y comunidades.
La firma de la Convención en Palermo en diciembre de 2000 marcó un
hito en el fortalecimiento de nuestra lucha contra la delincuencia organizada.
Insto a todos los Estados a que ratifiquen la Convención y sus Protocolos
cuanto antes y a que pongan en vigor esos instrumentos sin demora.
Kofi A. Annan
Secretario Generalv
Índice
Page
Resolución 55/25 de la Asamblea General, de 15 de noviembre de 2000 . . . . . 1
Anexos
I. Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
II. Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas,
especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de
las Naciones contra la Delincuencia Organizada Transnacional . . . . . . 43
III. Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y
aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas
contra la Delincuencia Organizada Transnacional . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Resolución 55/255 de la Asamblea General, de 31 de mayo de 2001 . . . . . . . . 71
Anexo. Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de
fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa
la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 731
1
A/C.3/51/7, anexo.
Resolución 55/25 de la Asamblea General,
de 15 de noviembre de 2000
Convención de las Naciones Unidas contra
la Delincuencia Organizada Transnacional
La Asamblea General,
Recordando su resolución 53/111, de 9 de diciembre de 1998, en la que
decidió establecer un comité especial intergubernamental de composición abierta
con la finalidad de elaborar una convención internacional amplia contra la
delincuencia organizada transnacional y de examinar, si procedía, la posibilidad
de elaborar instrumentos internacionales sobre la trata de mujeres y niños, la
lucha contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y
componentes y municiones, y el tráfico y el transporte ilícitos de migrantes,
incluso por mar,
Recordando también su resolución 54/126, de 17 de diciembre de 1999, en
la que pidió al Comité Especial encargado de elaborar una convención contra
la delincuencia organizada transnacional que prosiguiera sus trabajos, de conformidad
con las resoluciones 53/111 y 53/114, de 9 de diciembre de 1998, y que
intensificara esa labor a fin de terminarla en el año 2000,
Recordando además su resolución 54/129, de 17 de diciembre de 1999, en
la que aceptó con reconocimiento el ofrecimiento del Gobierno de Italia de ser
el anfitrión de una conferencia política de alto nivel en Palermo para la firma
de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional (Convención de Palermo) y sus protocolos, y pidió al Secretario
General que programara la conferencia con una duración de una semana como
máximo antes de que concluyera la Asamblea del Milenio en el año 2000,
Expresando su reconocimiento al Gobierno de Polonia por haberle presentado
en su quincuagésimo primer período de sesiones un primer proyecto de
convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada
transnacional1
y por haber acogido en Varsovia, del 2 al 6 de febrero de 1998,
la reunión del grupo intergubernamental de expertos entre períodos de sesiones2
2
A/AC.254/34.
y abierto, para elaborar un anteproyecto de convenio internacional amplio de
lucha contra la delincuencia organizada transnacional, establecido de conformidad
con la resolución 52/85, de 12 de diciembre de 1997,
Expresando su reconocimiento al Gobierno de la Argentina por haber acogido
la reunión preparatoria oficiosa del Comité Especial, celebrada en Buenos
Aires del 31 de agosto al 4 de septiembre de 1998,
Expresando su reconocimiento al Gobierno de Tailandia por haber acogido
el Seminario Ministerial de Asia y el Pacífico sobre fortalecimiento de las capacidades
para luchar contra la delincuencia organizada transnacional, celebrado
en Bangkok los días 20 y 21 de marzo de 2000,
Profundamente preocupada por las adversas repercusiones económicas y
sociales derivadas de las actividades de la delincuencia organizada y convencida
de la necesidad urgente de fortalecer la cooperación para prevenir y combatir
más eficazmente esas actividades en los planos nacional, regional e internacional,
Observando con profunda preocupación los crecientes vínculos entre la delincuencia
organizada transnacional y los delitos de terrorismo y teniendo presente
la Carta de las Naciones Unidas y las resoluciones pertinentes de la Asamblea
General,
Resuelta a impedir que las personas involucradas en la delincuencia organizada
transnacional hallen refugio propugnando que se las enjuicie dondequiera
que cometan tales delitos y fomentando la cooperación a nivel internacional,
Firmemente convencida de que la Convención de las Naciones Unidas
contra la Delincuencia Organizada Transnacional constituirá un instrumento
eficaz y el marco jurídico necesario para la cooperación internacional con miras
a combatir, entre otras cosas, actividades delictivas como el blanqueo de dinero,
la corrupción, el tráfico ilícito de especies de flora y fauna silvestres en peligro
de extinción, los delitos contra el patrimonio cultural y los crecientes vínculos
entre la delincuencia organizada transnacional y los delitos de terrorismo,
1. Toma nota del informe del Comité Especial encargado de elaborar una
convención contra la delincuencia organizada transnacional2
, el cual llevó a cabo
su labor en Viena en la sede de la Oficina de las Naciones Unidas de Fiscalización
de Drogas y Prevención del Delito y elogia al Comité Especial por la
labor realizada;3
2. Aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional, así como el Protocolo para prevenir, reprimir y
sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa
la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional, y el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra,
mar y aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional, que figuran en el anexo de la presente
resolución, y los declara abiertos a la firma en la conferencia política de alto
nivel que se celebrará en Palermo (Italia) del 12 al 15 de diciembre de 2000 de
conformidad con la resolución 54/129;
3. Pide al Secretario General que prepare un informe amplio sobre la
conferencia política de alto nivel para la firma de la Convención y sus protocolos
que se celebrará en Palermo de conformidad con la resolución 54/129;
4. Observa que el Comité Especial no ha terminado todavía su labor sobre
el proyecto de protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de
fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional;
5. Pide al Comité Especial que prosiga su labor en relación con ese proyecto
de protocolo, de conformidad con lo dispuesto en las resoluciones 53/111,
53/114 y 54/126, y que termine esa labor lo antes posible;
6. Exhorta a todos los Estados a que reconozcan los vínculos existentes
entre las actividades de la delincuencia organizada transnacional y los actos de
terrorismo, teniendo en cuenta las resoluciones pertinentes de la Asamblea
General, y a que apliquen la Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional para combatir las actividades delictivas
en todas sus formas, conforme a lo dispuesto en dicha Convención;
7. Recomienda que el Comité Especial establecido por la Asamblea
General en su resolución 51/210, de 17 de diciembre de 1996, que ha iniciado
sus deliberaciones con miras a elaborar un convenio general sobre el terrorismo
internacional, de conformidad con la resolución 54/110, de 9 de diciembre de
1999, tome en consideración las disposiciones de la Convención de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional;
8. Insta a todos los Estados y las organizaciones económicas regionales a
que firmen y ratifiquen la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional y sus protocolos lo antes posible a fin de no
demorar su entrada en vigor;4
9. Decide que, hasta que la Conferencia de las Partes en la Convención
establecida con arreglo a la Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional decida otra cosa, la cuenta a que se
hace referencia en el artículo 30 de la Convención será administrada en el marco
del Fondo de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y la Justicia
Penal, y alienta a los Estados Miembros a que empiecen a aportar contribuciones
voluntarias adecuadas a la cuenta mencionada para prestar a los países en
desarrollo y los países con economías en transición la asistencia técnica que
puedan necesitar para la aplicación de la Convención y sus protocolos, incluidas
las medidas preparatorias que sean necesarias para dicha aplicación;
10. Decide también que el Comité Especial encargado de elaborar una
convención contra la delincuencia organizada transnacional complete sus trabajos
dimanantes de la elaboración de la Convención de las Naciones Unidas
contra la Delincuencia Organizada Transnacional mediante la celebración de
una reunión con bastante antelación al primer período de sesiones de la Conferencia
de las Partes en la Convención, a fin de preparar el proyecto de reglamento
de la Conferencia de las Partes y las normativas y mecanismos mencionados
en el artículo 32 de la Convención, que se transmitirán a la Conferencia
de las Partes en su primer período de sesiones para que los examine y adopte
las medidas pertinentes;
11. Pide al Secretario General que designe al Centro de Prevención Internacional
del Delito de la Oficina de las Naciones Unidas de Fiscalización de
Drogas y Prevención del Delito como secretaría de la Conferencia de las Partes
en la Convención, de conformidad con el artículo 33 de la Convención;
12. Pide también al Secretario General que dote al Centro de Prevención
Internacional del Delito de los recursos necesarios para que pueda promover
eficazmente la rápida entrada en vigor de la Convención de las Naciones Unidas
contra la Delincuencia Organizada Transnacional y desempeñar las funciones
de secretaría de la Conferencia de las Partes en la Convención y que preste
apoyo al Comité Especial para el desempeño de su labor mencionada en el
párrafo 10 supra.5
Anexo I
Convención de las Naciones Unidas contra
la Delincuencia Organizada Transnacional
Artículo 1. Finalidad
El propósito de la presente Convención es promover la cooperación para
prevenir y combatir más eficazmente la delincuencia organizada transnacional.
Artículo 2. Definiciones
Para los fines de la presente Convención:
a) Por “grupo delictivo organizado” se entenderá un grupo estructurado
de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe
concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos
tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o
indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material;
b) Por “delito grave” se entenderá la conducta que constituya un delito
punible con una privación de libertad máxima de al menos cuatro años o con
una pena más grave;
c) Por “grupo estructurado” se entenderá un grupo no formado fortuitamente
para la comisión inmediata de un delito y en el que no necesariamente
se haya asignado a sus miembros funciones formalmente definidas ni haya continuidad
en la condición de miembro o exista una estructura desarrollada;
d) Por “bienes” se entenderá los activos de cualquier tipo, corporales o
incorporales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, y los documentos o
instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos
activos;
e) Por “producto del delito” se entenderá los bienes de cualquier índole
derivados u obtenidos directa o indirectamente de la comisión de un delito;
f) Por “embargo preventivo” o “incautación” se entenderá la prohibición
temporal de transferir, convertir, enajenar o mover bienes, o la custodia o el
control temporales de bienes por mandamiento expedido por un tribunal u otra
autoridad competente;6
g) Por “decomiso” se entenderá la privación con carácter definitivo de
bienes por decisión de un tribunal o de otra autoridad competente;
h) Por “delito determinante” se entenderá todo delito del que se derive un
producto que pueda pasar a constituir materia de un delito definido en el
artículo 6 de la presente Convención;
i) Por “entrega vigilada” se entenderá la técnica consistente en dejar que
remesas ilícitas o sospechosas salgan del territorio de uno o más Estados, lo
atraviesen o entren en él, con el conocimiento y bajo la supervisión de sus
autoridades competentes, con el fin de investigar delitos e identificar a las
personas involucradas en la comisión de éstos;
j) Por “organización regional de integración económica” se entenderá
una organización constituida por Estados soberanos de una región determinada,
a la que sus Estados miembros han transferido competencia en las cuestiones
regidas por la presente Convención y que ha sido debidamente facultada, de
conformidad con sus procedimientos internos, para firmar, ratificar, aceptar o
aprobar la Convención o adherirse a ella; las referencias a los “Estados Parte”
con arreglo a la presente Convención se aplicarán a esas organizaciones dentro
de los límites de su competencia.
Artículo 3. Ámbito de aplicación
1. A menos que contenga una disposición en contrario, la presente
Convención se aplicará a la prevención, la investigación y el enjuiciamiento de:
a) Los delitos tipificados con arreglo a los artículos 5, 6, 8 y 23 de la
presente Convención; y
b) Los delitos graves que se definen en el artículo 2 de la presente
Convención;
cuando esos delitos sean de carácter transnacional y entrañen la participación de
un grupo delictivo organizado.
2. A los efectos del párrafo 1 del presente artículo, el delito será de carácter
transnacional si:
a) Se comete en más de un Estado;
b) Se comete dentro de un solo Estado, pero una parte sustancial de su
preparación, planificación, dirección o control se realiza en otro Estado;
c) Se comete dentro de un solo Estado, pero entraña la participación de
un grupo delictivo organizado que realiza actividades delictivas en más de un
Estado; o
d) Se comete en un solo Estado, pero tiene efectos sustanciales en otro
Estado.7
Artículo 4. Protección de la soberanía
1. Los Estados Parte cumplirán sus obligaciones con arreglo a la presente
Convención en consonancia con los principios de igualdad soberana e integridad
territorial de los Estados, así como de no intervención en los asuntos
internos de otros Estados.
2. Nada de lo dispuesto en la presente Convención facultará a un Estado
Parte para ejercer, en el territorio de otro Estado, jurisdicción o funciones que
el derecho interno de ese Estado reserve exclusivamente a sus autoridades.
Artículo 5. Penalización de la participación en un
grupo delictivo organizado
1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra
índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan
intencionalmente:
a) Una de las conductas siguientes, o ambas, como delitos distintos de los
que entrañen el intento o la consumación de la actividad delictiva:
i) El acuerdo con una o más personas de cometer un delito grave
con un propósito que guarde relación directa o indirecta con la
obtención de un beneficio económico u otro beneficio de orden
material y, cuando así lo prescriba el derecho interno, que
entrañe un acto perpetrado por uno de los participantes para
llevar adelante ese acuerdo o que entrañe la participación de un
grupo delictivo organizado;
ii) La conducta de toda persona que, a sabiendas de la finalidad y
actividad delictiva general de un grupo delictivo organizado o de
su intención de cometer los delitos en cuestión, participe activamente
en:
a. Actividades ilícitas del grupo delictivo organizado;
b. Otras actividades del grupo delictivo organizado, a sabiendas de
que su participación contribuirá al logro de la finalidad delictiva
antes descrita;
b) La organización, dirección, ayuda, incitación, facilitación o asesoramiento
en aras de la comisión de un delito grave que entrañe la participación
de un grupo delictivo organizado.
2. El conocimiento, la intención, la finalidad, el propósito o el acuerdo
a que se refiere el párrafo 1 del presente artículo podrán inferirse de circunstancias
fácticas objetivas.8
3. Los Estados Parte cuyo derecho interno requiera la participación de un
grupo delictivo organizado para la penalización de los delitos tipificados con
arreglo al inciso i) del apartado a) del párrafo 1 del presente artículo velarán por
que su derecho interno comprenda todos los delitos graves que entrañen la
participación de grupos delictivos organizados. Esos Estados Parte, así como los
Estados Parte cuyo derecho interno requiera la comisión de un acto que tenga
por objeto llevar adelante el acuerdo concertado con el propósito de cometer los
delitos tipificados con arreglo al inciso i) del apartado a) del párrafo 1 del presente
artículo, lo notificarán al Secretario General de las Naciones Unidas en el
momento de la firma o del depósito de su instrumento de ratificación, aceptación
o aprobación de la presente Convención o de adhesión a ella.
Artículo 6. Penalización del blanqueo del producto del delito
1. Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con los principios fundamentales
de su derecho interno, las medidas legislativas y de otra índole que
sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente:
a) i) La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que
esos bienes son producto del delito, con el propósito de ocultar
o disimular el origen ilícito de los bienes o ayudar a cualquier
persona involucrada en la comisión del delito determinante a
eludir las consecuencias jurídicas de sus actos;
ii) La ocultación o disimulación de la verdadera naturaleza, origen,
ubicación, disposición, movimiento o propiedad de bienes o del
legítimo derecho a éstos, a sabiendas de que dichos bienes son
producto del delito;
b) Con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico:
i) La adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, en
el momento de su recepción, de que son producto del delito;
ii) La participación en la comisión de cualesquiera de los delitos
tipificados con arreglo al presente artículo, así como la asociación
y la confabulación para cometerlos, el intento de cometerlos,
y la ayuda, la incitación, la facilitación y el asesoramiento en
aras de su comisión.
2. Para los fines de la aplicación o puesta en práctica del párrafo 1 del
presente artículo:
a) Cada Estado Parte velará por aplicar el párrafo 1 del presente artículo
a la gama más amplia posible de delitos determinantes;9
b) Cada Estado Parte incluirá como delitos determinantes todos los
delitos graves definidos en el artículo 2 de la presente Convención y los delitos
tipificados con arreglo a los artículos 5, 8 y 23 de la presente Convención. Los
Estados Parte cuya legislación establezca una lista de delitos determinantes
incluirán entre éstos, como mínimo, una amplia gama de delitos relacionados
con grupos delictivos organizados;
c) A los efectos del apartado b), los delitos determinantes incluirán los
delitos cometidos tanto dentro como fuera de la jurisdicción del Estado Parte
interesado. No obstante, los delitos cometidos fuera de la jurisdicción de un
Estado Parte constituirán delito determinante siempre y cuando el acto correspondiente
sea delito con arreglo al derecho interno del Estado en que se haya
cometido y constituyese asimismo delito con arreglo al derecho interno del
Estado Parte que aplique o ponga en práctica el presente artículo si el delito se
hubiese cometido allí;
d) Cada Estado Parte proporcionará al Secretario General de las Naciones
Unidas una copia de sus leyes destinadas a dar aplicación al presente artículo y
de cualquier enmienda ulterior que se haga a tales leyes o una descripción de
ésta;
e) Si así lo requieren los principios fundamentales del derecho interno de
un Estado Parte, podrá disponerse que los delitos tipificados en el párrafo 1 del
presente artículo no se aplicarán a las personas que hayan cometido el delito
determinante;
f) El conocimiento, la intención o la finalidad que se requieren como
elemento de un delito tipificado en el párrafo 1 del presente artículo podrán
inferirse de circunstancias fácticas objetivas.
Artículo 7. Medidas para combatir el blanqueo de dinero
1. Cada Estado Parte:
a) Establecerá un amplio régimen interno de reglamentación y supervisión
de los bancos y las instituciones financieras no bancarias y, cuando proceda,
de otros órganos situados dentro de su jurisdicción que sean particularmente
susceptibles de utilizarse para el blanqueo de dinero a fin de prevenir y detectar
todas las formas de blanqueo de dinero, y en ese régimen se hará hincapié en
los requisitos relativos a la identificación del cliente, el establecimiento de registros
y la denuncia de las transacciones sospechosas;
b) Garantizará, sin perjuicio de la aplicación de los artículos 18 y 27 de
la presente Convención, que las autoridades de administración, reglamentación
y cumplimiento de la ley y demás autoridades encargadas de combatir el blanqueo
de dinero (incluidas, cuando sea pertinente con arreglo al derecho interno,10
las autoridades judiciales) sean capaces de cooperar e intercambiar información
a nivel nacional e internacional de conformidad con las condiciones prescritas
en el derecho interno y, a tal fin, considerará la posibilidad de establecer una
dependencia de inteligencia financiera que sirva de centro nacional de recopilación,
análisis y difusión de información sobre posibles actividades de blanqueo
de dinero.
2. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de aplicar medidas
viables para detectar y vigilar el movimiento transfronterizo de efectivo y de
títulos negociables pertinentes, con sujeción a salvaguardias que garanticen la
debida utilización de la información y sin restringir en modo alguno la circulación
de capitales lícitos. Esas medidas podrán incluir la exigencia de que los
particulares y las entidades comerciales notifiquen las transferencias transfronterizas
de cantidades elevadas de efectivo y de títulos negociables pertinentes.
3. Al establecer un régimen interno de reglamentación y supervisión con
arreglo al presente artículo y sin perjuicio de lo dispuesto en cualquier otro
artículo de la presente Convención, se insta a los Estados Parte a que utilicen
como guía las iniciativas pertinentes de las organizaciones regionales,
interregionales y multilaterales de lucha contra el blanqueo de dinero.
4. Los Estados Parte se esforzarán por establecer y promover la cooperación
a escala mundial, regional, subregional y bilateral entre las autoridades
judiciales, de cumplimiento de la ley y de reglamentación financiera a fin de
combatir el blanqueo de dinero.
Artículo 8. Penalización de la corrupción
1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra
índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan
intencionalmente:
a) La promesa, el ofrecimiento o la concesión a un funcionario público,
directa o indirectamente, de un beneficio indebido que redunde en su propio
provecho o en el de otra persona o entidad, con el fin de que dicho funcionario
actúe o se abstenga de actuar en el cumplimiento de sus funciones oficiales;
b) La solicitud o aceptación por un funcionario público, directa o indirectamente,
de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en
el de otra persona o entidad, con el fin de que dicho funcionario actúe o se
abstenga de actuar en el cumplimiento de sus funciones oficiales.
2. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas
legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito los11
actos a que se refiere el párrafo 1 del presente artículo cuando esté involucrado
en ellos un funcionario público extranjero o un funcionario internacional. Del
mismo modo, cada Estado Parte considerará la posibilidad de tipificar como
delito otras formas de corrupción.
3. Cada Estado Parte adoptará también las medidas que sean necesarias
para tipificar como delito la participación como cómplice en un delito tipificado
con arreglo al presente artículo.
4. A los efectos del párrafo 1 del presente artículo y del artículo 9 de la
presente Convención, por “funcionario público” se entenderá todo funcionario
público o persona que preste un servicio público conforme a la definición
prevista en el derecho interno y a su aplicación con arreglo al derecho penal del
Estado Parte en el que dicha persona desempeñe esa función.
Artículo 9. Medidas contra la corrupción
1. Además de las medidas previstas en el artículo 8 de la presente
Convención, cada Estado Parte, en la medida en que proceda y sea compatible
con su ordenamiento jurídico, adoptará medidas eficaces de carácter legislativo,
administrativo o de otra índole para promover la integridad y para prevenir,
detectar y castigar la corrupción de funcionarios públicos.
2. Cada Estado Parte adoptará medidas encaminadas a garantizar la intervención
eficaz de sus autoridades con miras a prevenir, detectar y castigar la
corrupción de funcionarios públicos, incluso dotando a dichas autoridades de
suficiente independencia para disuadir del ejercicio de cualquier influencia indebida
en su actuación.
Artículo 10. Responsabilidad de las personas jurídicas
1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, de conformidad
con sus principios jurídicos, a fin de establecer la responsabilidad de
personas jurídicas por participación en delitos graves en que esté involucrado un
grupo delictivo organizado, así como por los delitos tipificados con arreglo a los
artículos 5, 6, 8 y 23 de la presente Convención.
2. Con sujeción a los principios jurídicos del Estado Parte, la responsabilidad
de las personas jurídicas podrá ser de índole penal, civil o administrativa.
3. Dicha responsabilidad existirá sin perjuicio de la responsabilidad penal
que incumba a las personas naturales que hayan perpetrado los delitos.12
4. Cada Estado Parte velará en particular por que se impongan sanciones
penales o no penales eficaces, proporcionadas y disuasivas, incluidas sanciones
monetarias, a las personas jurídicas consideradas responsables con arreglo al
presente artículo.
Artículo 11. Proceso, fallo y sanciones
1. Cada Estado Parte penalizará la comisión de los delitos tipificados con
arreglo a los artículos 5, 6, 8 y 23 de la presente Convención con sanciones que
tengan en cuenta la gravedad de esos delitos.
2. Cada Estado Parte velará por que se ejerzan cualesquiera facultades
legales discrecionales de que disponga conforme a su derecho interno en relación
con el enjuiciamiento de personas por los delitos comprendidos en la presente
Convención a fin de dar máxima eficacia a las medidas adoptadas para hacer
cumplir la ley respecto de esos delitos, teniendo debidamente en cuenta la
necesidad de prevenir su comisión.
3. Cuando se trate de delitos tipificados con arreglo a los artículos 5, 6,
8 y 23 de la presente Convención, cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas,
de conformidad con su derecho interno y tomando debidamente en consideración
los derechos de la defensa, con miras a procurar que al imponer
condiciones en relación con la decisión de conceder la libertad en espera de
juicio o la apelación se tenga presente la necesidad de garantizar la comparecencia
del acusado en todo procedimiento penal ulterior.
4. Cada Estado Parte velará por que sus tribunales u otras autoridades
competentes tengan presente la naturaleza grave de los delitos comprendidos en
la presente Convención al considerar la eventualidad de conceder la libertad
anticipada o la libertad condicional a personas que hayan sido declaradas
culpables de tales delitos.
5. Cada Estado Parte establecerá, cuando proceda, con arreglo a su
derecho interno, un plazo de prescripción prolongado dentro del cual pueda
iniciarse el proceso por cualquiera de los delitos comprendidos en la presente
Convención y un plazo mayor cuando el presunto delincuente haya eludido la
administración de justicia.
6. Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará al principio
de que la descripción de los delitos tipificados con arreglo a ella y de los medios
jurídicos de defensa aplicables o demás principios jurídicos que informan la
legalidad de una conducta queda reservada al derecho interno de los Estados13
Parte y de que esos delitos han de ser perseguidos y sancionados de conformidad
con ese derecho.
Artículo 12. Decomiso e incautación
1. Los Estados Parte adoptarán, en la medida en que lo permita su ordenamiento
jurídico interno, las medidas que sean necesarias para autorizar el
decomiso:
a) Del producto de los delitos comprendidos en la presente Convención
o de bienes cuyo valor corresponda al de dicho producto;
b) De los bienes, equipo u otros instrumentos utilizados o destinados a
ser utilizados en la comisión de los delitos comprendidos en la presente
Convención.
2. Los Estados Parte adoptarán las medidas que sean necesarias para permitir
la identificación, la localización, el embargo preventivo o la incautación de
cualquier bien a que se refiera el párrafo 1 del presente artículo con miras a su
eventual decomiso.
3. Cuando el producto del delito se haya transformado o convertido
parcial o totalmente en otros bienes, esos bienes podrán ser objeto de las medidas
aplicables a dicho producto a tenor del presente artículo.
4. Cuando el producto del delito se haya mezclado con bienes adquiridos
de fuentes lícitas, esos bienes podrán, sin menoscabo de cualquier otra facultad
de embargo preventivo o incautación, ser objeto de decomiso hasta el valor
estimado del producto entremezclado.
5. Los ingresos u otros beneficios derivados del producto del delito, de
bienes en los que se haya transformado o convertido el producto del delito o de
bienes con los que se haya entremezclado el producto del delito también podrán
ser objeto de las medidas previstas en el presente artículo, de la misma manera
y en el mismo grado que el producto del delito.
6. Para los fines del presente artículo y del artículo 13 de la presente
Convención, cada Estado Parte facultará a sus tribunales u otras autoridades
competentes para ordenar la presentación o la incautación de documentos bancarios,
financieros o comerciales. Los Estados Parte no podrán negarse a aplicar
las disposiciones del presente párrafo amparándose en el secreto bancario.
7. Los Estados Parte podrán considerar la posibilidad de exigir a un
delincuente que demuestre el origen lícito del presunto producto del delito o de14
otros bienes expuestos a decomiso, en la medida en que ello sea conforme con
los principios de su derecho interno y con la índole del proceso judicial u otras
actuaciones conexas.
8. Las disposiciones del presente artículo no se interpretarán en perjuicio
de los derechos de terceros de buena fe.
9. Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará al principio de
que las medidas en él previstas se definirán y aplicarán de conformidad con el
derecho interno de los Estados Parte y con sujeción a éste.
Artículo 13. Cooperación internacional para fines de decomiso
1. Los Estados Parte que reciban una solicitud de otro Estado Parte que
tenga jurisdicción para conocer de un delito comprendido en la presente Convención
con miras al decomiso del producto del delito, los bienes, el equipo u
otros instrumentos mencionados en el párrafo 1 del artículo 12 de la presente
Convención que se encuentren en su territorio deberán, en la mayor medida en
que lo permita su ordenamiento jurídico interno:
a) Remitir la solicitud a sus autoridades competentes para obtener una
orden de decomiso a la que, en caso de concederse, darán cumplimiento; o
b) Presentar a sus autoridades competentes, a fin de que se le dé cumplimiento
en el grado solicitado, la orden de decomiso expedida por un tribunal
situado en el territorio del Estado Parte requirente de conformidad con lo
dispuesto en el párrafo 1 del artículo 12 de la presente Convención en la medida
en que guarde relación con el producto del delito, los bienes, el equipo u otros
instrumentos mencionados en el párrafo 1 del artículo 12 que se encuentren en
el territorio del Estado Parte requerido.
2. A raíz de una solicitud presentada por otro Estado Parte que tenga
jurisdicción para conocer de un delito comprendido en la presente Convención,
el Estado Parte requerido adoptará medidas encaminadas a la identificación, la
localización y el embargo preventivo o la incautación del producto del delito,
los bienes, el equipo u otros instrumentos mencionados en el párrafo 1 del
artículo 12 de la presente Convención con miras a su eventual decomiso, que
habrá de ordenar el Estado Parte requirente o, en caso de que medie una
solicitud presentada con arreglo al párrafo 1 del presente artículo, el Estado
Parte requerido.
3. Las disposiciones del artículo 18 de la presente Convención serán aplicables
mutatis mutandis al presente artículo. Además de la información indicada15
en el párrafo 15 del artículo 18, las solicitudes presentadas de conformidad con
el presente artículo contendrán lo siguiente:
a) Cuando se trate de una solicitud relativa al apartado a) del párrafo 1
del presente artículo, una descripción de los bienes susceptibles de decomiso y
una exposición de los hechos en que se basa la solicitud del Estado Parte
requirente que sean lo suficientemente explícitas para que el Estado Parte requerido
pueda tramitar la orden con arreglo a su derecho interno;
b) Cuando se trate de una solicitud relativa al apartado b) del párrafo 1
del presente artículo, una copia admisible en derecho de la orden de decomiso
expedida por el Estado Parte requirente en la que se basa la solicitud, una
exposición de los hechos y la información que proceda sobre el grado de ejecución
que se solicita dar a la orden;
c) Cuando se trate de una solicitud relativa al párrafo 2 del presente
artículo, una exposición de los hechos en que se basa el Estado Parte requirente
y una descripción de las medidas solicitadas.
4. El Estado Parte requerido adoptará las decisiones o medidas previstas
en los párrafos 1 y 2 del presente artículo conforme y con sujeción a lo dispuesto
en su derecho interno y en sus reglas de procedimiento o en los tratados,
acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales por los que pudiera estar vinculado
al Estado Parte requirente.
5. Cada Estado Parte proporcionará al Secretario General de las Naciones
Unidas una copia de sus leyes y reglamentos destinados a dar aplicación al
presente artículo y de cualquier enmienda ulterior que se haga a tales leyes y
reglamentos o una descripción de ésta.
6. Si un Estado Parte opta por supeditar la adopción de las medidas
mencionadas en los párrafos 1 y 2 del presente artículo a la existencia de un
tratado pertinente, ese Estado Parte considerará la presente Convención como
la base de derecho necesaria y suficiente para cumplir ese requisito.
7. Los Estados Parte podrán denegar la cooperación solicitada con arreglo
al presente artículo si el delito al que se refiere la solicitud no es un delito
comprendido en la presente Convención.
8. Las disposiciones del presente artículo no se interpretarán en perjuicio
de los derechos de terceros de buena fe.
9. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar tratados,
acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales con miras a aumentar la eficacia
de la cooperación internacional prestada con arreglo al presente artículo.16
Artículo 14. Disposición del producto del delito
o de los bienes decomisados
1. Los Estados Parte dispondrán del producto del delito o de los bienes
que hayan decomisado con arreglo al artículo 12 o al párrafo 1 del artículo 13
de la presente Convención de conformidad con su derecho interno y sus
procedimientos administrativos.
2. Al dar curso a una solicitud presentada por otro Estado Parte con
arreglo al artículo 13 de la presente Convención, los Estados Parte, en la medida
en que lo permita su derecho interno y de ser requeridos a hacerlo, darán
consideración prioritaria a la devolución del producto del delito o de los bienes
decomisados al Estado Parte requirente a fin de que éste pueda indemnizar a las
víctimas del delito o devolver ese producto del delito o esos bienes a sus
propietarios legítimos.
3. Al dar curso a una solicitud presentada por otro Estado Parte con
arreglo a los artículos 12 y 13 de la presente Convención, los Estados Parte
podrán considerar en particular la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos en
el sentido de:
a) Aportar el valor de dicho producto del delito o de dichos bienes, o los
fondos derivados de la venta de dicho producto o de dichos bienes o una parte
de esos fondos, a la cuenta designada de conformidad con lo dispuesto en el
apartado c) del párrafo 2 del artículo 30 de la presente Convención y a organismos
intergubernamentales especializados en la lucha contra la delincuencia
organizada;
b) Repartirse con otros Estados Parte, sobre la base de un criterio general
o definido para cada caso, ese producto del delito o esos bienes, o los fondos
derivados de la venta de ese producto o de esos bienes, de conformidad con su
derecho interno o sus procedimientos administrativos.
Artículo 15. Jurisdicción
1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para
establecer su jurisdicción respecto de los delitos tipificados con arreglo a los
artículos 5, 6, 8 y 23 de la presente Convención cuando:
a) El delito se cometa en su territorio; o
b) El delito se cometa a bordo de un buque que enarbole su pabellón o
de una aeronave registrada conforme a sus leyes en el momento de la comisión
del delito.17
2. Con sujeción a lo dispuesto en el artículo 4 de la presente Convención,
un Estado Parte también podrá establecer su jurisdicción para conocer de tales
delitos cuando:
a) El delito se cometa contra uno de sus nacionales;
b) El delito sea cometido por uno de sus nacionales o por una persona
apátrida que tenga residencia habitual en su territorio; o
c) El delito:
i) Sea uno de los delitos tipificados con arreglo al párrafo 1 del
artículo 5 de la presente Convención y se cometa fuera de su
territorio con miras a la comisión de un delito grave dentro de
su territorio;
ii) Sea uno de los delitos tipificados con arreglo al inciso ii) del
apartado b) del párrafo 1 del artículo 6 de la presente
Convención y se cometa fuera de su territorio con miras a la
comisión, dentro de su territorio, de un delito tipificado con
arreglo a los incisos i) o ii) del apartado a) o al inciso i) del
apartado b) del párrafo 1 del artículo 6 de la presente
Convención.
3. A los efectos del párrafo 10 del artículo 16 de la presente Convención,
cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para establecer su
jurisdicción respecto de los delitos comprendidos en la presente Convención
cuando el presunto delincuente se encuentre en su territorio y el Estado Parte
no lo extradite por el solo hecho de ser uno de sus nacionales.
4. Cada Estado Parte podrá también adoptar las medidas que sean necesarias
para establecer su jurisdicción respecto de los delitos comprendidos en la
presente Convención cuando el presunto delincuente se encuentre en su
territorio y el Estado Parte no lo extradite.
5. Si un Estado Parte que ejerce su jurisdicción con arreglo a los párrafos
1 ó 2 del presente artículo ha recibido notificación, o tomado conocimiento
por otro conducto, de que otro u otros Estados Parte están realizando una
investigación, un proceso o una actuación judicial respecto de los mismos
hechos, las autoridades competentes de esos Estados Parte se consultarán, según
proceda, a fin de coordinar sus medidas.
6. Sin perjuicio de las normas del derecho internacional general, la
presente Convención no excluirá el ejercicio de las competencias penales establecidas
por los Estados Parte de conformidad con su derecho interno.18
Artículo 16. Extradición
1. El presente artículo se aplicará a los delitos comprendidos en la presente
Convención o a los casos en que un delito al que se hace referencia en los
apartados a) o b) del párrafo 1 del artículo 3 entrañe la participación de un
grupo delictivo organizado y la persona que es objeto de la solicitud de extradición
se encuentre en el territorio del Estado Parte requerido, siempre y cuando
el delito por el que se pide la extradición sea punible con arreglo al derecho
interno del Estado Parte requirente y del Estado Parte requerido.
2. Cuando la solicitud de extradición se base en varios delitos graves
distintos, algunos de los cuales no estén comprendidos en el ámbito del presente
artículo, el Estado Parte requerido podrá aplicar el presente artículo también
respecto de estos últimos delitos.
3. Cada uno de los delitos a los que se aplica el presente artículo se
considerará incluido entre los delitos que dan lugar a extradición en todo tratado
de extradición vigente entre los Estados Parte. Los Estados Parte se comprometen
a incluir tales delitos como casos de extradición en todo tratado de
extradición que celebren entre sí.
4. Si un Estado Parte que supedita la extradición a la existencia de un
tratado recibe una solicitud de extradición de otro Estado Parte con el que no
lo vincula ningún tratado de extradición, podrá considerar la presente Convención
como la base jurídica de la extradición respecto de los delitos a los que se
aplica el presente artículo.
5. Los Estados Parte que supediten la extradición a la existencia de un
tratado deberán:
a) En el momento de depositar su instrumento de ratificación, aceptación
o aprobación de la presente Convención o de adhesión a ella, informar al
Secretario General de las Naciones Unidas de si considerarán o no la presente
Convención como la base jurídica de la cooperación en materia de extradición
en sus relaciones con otros Estados Parte en la presente Convención; y
b) Si no consideran la presente Convención como la base jurídica de la
cooperación en materia de extradición, esforzarse, cuando proceda, por celebrar
tratados de extradición con otros Estados Parte en la presente Convención a fin
de aplicar el presente artículo.
6. Los Estados Parte que no supediten la extradición a la existencia de un
tratado reconocerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos
de extradición entre ellos.19
7. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas en el derecho
interno del Estado Parte requerido o en los tratados de extradición aplicables,
incluidas, entre otras, las relativas al requisito de una pena mínima para la
extradición y a los motivos por los que el Estado Parte requerido puede denegar
la extradición.
8. Los Estados Parte, de conformidad con su derecho interno, procurarán
agilizar los procedimientos de extradición y simplificar los requisitos probatorios
correspondientes con respecto a cualquiera de los delitos a los que se aplica el
presente artículo.
9. A reserva de lo dispuesto en su derecho interno y en sus tratados de
extradición, el Estado Parte requerido podrá, tras haberse cerciorado de que las
circunstancias lo justifican y tienen carácter urgente, y a solicitud del Estado
Parte requirente, proceder a la detención de la persona presente en su territorio
cuya extradición se pide o adoptar otras medidas adecuadas para garantizar la
comparecencia de esa persona en los procedimientos de extradición.
10. El Estado Parte en cuyo territorio se encuentre un presunto delincuente,
si no lo extradita respecto de un delito al que se aplica el presente
artículo por el solo hecho de ser uno de sus nacionales, estará obligado, previa
solicitud del Estado Parte que pide la extradición, a someter el caso sin demora
injustificada a sus autoridades competentes a efectos de enjuiciamiento. Dichas
autoridades adoptarán su decisión y llevarán a cabo sus actuaciones judiciales de
la misma manera en que lo harían respecto de cualquier otro delito de carácter
grave con arreglo al derecho interno de ese Estado Parte. Los Estados Parte
interesados cooperarán entre sí, en particular en lo que respecta a los aspectos
procesales y probatorios, con miras a garantizar la eficiencia de dichas
actuaciones.
11. Cuando el derecho interno de un Estado Parte le permita conceder
la extradición o, de algún otro modo, la entrega de uno de sus nacionales sólo
a condición de que esa persona sea devuelta a ese Estado Parte para cumplir la
condena que le haya sido impuesta como resultado del juicio o proceso por el
que se haya solicitado la extradición o la entrega, y cuando ese Estado Parte y
el Estado Parte que solicite la extradición acepten esa opción, así como otras
condiciones que estimen apropiadas, esa extradición o entrega condicional será
suficiente para que quede cumplida la obligación enunciada en el párrafo 10 del
presente artículo.
12. Si la extradición solicitada con el propósito de que se cumpla una
condena es denegada por el hecho de que la persona buscada es nacional del
Estado Parte requerido, éste, si su derecho interno lo permite y de conformidad20
con los requisitos de dicho derecho, considerará, previa solicitud del Estado
Parte requirente, la posibilidad de hacer cumplir la condena impuesta o el resto
pendiente de dicha condena con arreglo al derecho interno del Estado Parte
requirente.
13. En todas las etapas de las actuaciones se garantizará un trato justo a
toda persona contra la que se haya iniciado una instrucción en relación con
cualquiera de los delitos a los que se aplica el presente artículo, incluido el goce
de todos los derechos y garantías previstos por el derecho interno del Estado
Parte en cuyo territorio se encuentre esa persona.
14. Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá interpretarse
como la imposición de una obligación de extraditar si el Estado Parte requerido
tiene motivos justificados para presumir que la solicitud se ha presentado con
el fin de perseguir o castigar a una persona por razón de su sexo, raza, religión,
nacionalidad, origen étnico u opiniones políticas o que su cumplimiento ocasionaría
perjuicios a la posición de esa persona por cualquiera de estas razones.
15. Los Estados Parte no podrán denegar una solicitud de extradición
únicamente porque se considere que el delito también entraña cuestiones
tributarias.
16. Antes de denegar la extradición, el Estado Parte requerido, cuando
proceda, consultará al Estado Parte requirente para darle amplia oportunidad de
presentar sus opiniones y de proporcionar información pertinente a su alegato.
17. Los Estados Parte procurarán celebrar acuerdos o arreglos bilaterales
y multilaterales para llevar a cabo la extradición o aumentar su eficacia.
Artículo 17. Traslado de personas condenadas a cumplir una pena
Los Estados Parte podrán considerar la posibilidad de celebrar acuerdos o
arreglos bilaterales o multilaterales sobre el traslado a su territorio de toda
persona que haya sido condenada a pena de prisión o a otra pena de privación
de libertad por algún delito comprendido en la presente Convención a fin de
que complete allí su condena.
Artículo 18. Asistencia judicial recíproca
1. Los Estados Parte se prestarán la más amplia asistencia judicial recí-
proca respecto de investigaciones, procesos y actuaciones judiciales relacionados21
con los delitos comprendidos en la presente Convención con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 3 y se prestarán también asistencia de esa índole cuando
el Estado Parte requirente tenga motivos razonables para sospechar que el delito
a que se hace referencia en los apartados a) o b) del párrafo 1 del artículo 3 es
de carácter transnacional, así como que las víctimas, los testigos, el producto, los
instrumentos o las pruebas de esos delitos se encuentran en el Estado Parte
requerido y que el delito entraña la participación de un grupo delictivo
organizado.
2. Se prestará asistencia judicial recíproca en la mayor medida posible
conforme a las leyes, tratados, acuerdos y arreglos pertinentes del Estado Parte
requerido con respecto a investigaciones, procesos y actuaciones judiciales relacionados
con los delitos de los que una persona jurídica pueda ser considerada
responsable de conformidad con el artículo 10 de la presente Convención en el
Estado Parte requirente.
3. La asistencia judicial recíproca que se preste de conformidad con el
presente artículo podrá solicitarse para cualquiera de los fines siguientes:
a) Recibir testimonios o tomar declaración a personas;
b) Presentar documentos judiciales;
c) Efectuar inspecciones e incautaciones y embargos preventivos;
d) Examinar objetos y lugares;
e) Facilitar información, elementos de prueba y evaluaciones de peritos;
f) Entregar originales o copias certificadas de los documentos y expedientes
pertinentes, incluida la documentación pública, bancaria y financiera,
así como la documentación social o comercial de sociedades mercantiles;
g) Identificar o localizar el producto del delito, los bienes, los instrumentos
u otros elementos con fines probatorios;
h) Facilitar la comparecencia voluntaria de personas en el Estado Parte
requirente;
i) Cualquier otro tipo de asistencia autorizada por el derecho interno del
Estado Parte requerido.
4. Sin menoscabo del derecho interno, las autoridades competentes de un
Estado Parte podrán, sin que se les solicite previamente, transmitir información
relativa a cuestiones penales a una autoridad competente de otro Estado Parte
si creen que esa información podría ayudar a la autoridad a emprender o
concluir con éxito indagaciones y procesos penales o podría dar lugar a una
petición formulada por este último Estado Parte con arreglo a la presente
Convención.22
5. La transmisión de información con arreglo al párrafo 4 del presente
artículo se hará sin perjuicio de las indagaciones y procesos penales que tengan
lugar en el Estado de las autoridades competentes que facilitan la información.
Las autoridades competentes que reciben la información deberán acceder a toda
solicitud de que se respete su carácter confidencial, incluso temporalmente, o de
que se impongan restricciones a su utilización. Sin embargo, ello no obstará para
que el Estado Parte receptor revele, en sus actuaciones, información que sea
exculpatoria de una persona acusada. En tal caso, el Estado Parte receptor
notificará al Estado Parte transmisor antes de revelar dicha información y, si así
se le solicita, consultará al Estado Parte transmisor. Si, en un caso excepcional,
no es posible notificar con antelación, el Estado Parte receptor informará sin
demora al Estado Parte transmisor de dicha revelación.
6. Lo dispuesto en el presente artículo no afectará a las obligaciones
dimanantes de otros tratados bilaterales o multilaterales vigentes o futuros que
rijan, total o parcialmente, la asistencia judicial recíproca.
7. Los párrafos 9 a 29 del presente artículo se aplicarán a las solicitudes
que se formulen con arreglo al presente artículo siempre que no medie entre los
Estados Parte interesados un tratado de asistencia judicial recíproca. Cuando
esos Estados Parte estén vinculados por un tratado de esa índole se aplicarán las
disposiciones correspondientes de dicho tratado, salvo que los Estados Parte
convengan en aplicar, en su lugar, los párrafos 9 a 29 del presente artículo. Se
insta encarecidamente a los Estados Parte a que apliquen estos párrafos si
facilitan la cooperación.
8. Los Estados Parte no invocarán el secreto bancario para denegar la
asistencia judicial recíproca con arreglo al presente artículo.
9. Los Estados Parte podrán negarse a prestar la asistencia judicial recí-
proca con arreglo al presente artículo invocando la ausencia de doble incriminación.
Sin embargo, de estimarlo necesario, el Estado Parte requerido podrá
prestar asistencia, en la medida en que decida hacerlo a discreción propia,
independientemente de que la conducta esté o no tipificada como delito en el
derecho interno del Estado Parte requerido.
10. La persona que se encuentre detenida o cumpliendo una condena en
el territorio de un Estado Parte y cuya presencia se solicite en otro Estado Parte
para fines de identificación, para prestar testimonio o para que ayude de alguna
otra forma a obtener pruebas necesarias para investigaciones, procesos o actuaciones
judiciales respecto de delitos comprendidos en la presente Convención
podrá ser trasladada si se cumplen las condiciones siguientes:
a) La persona, debidamente informada, da su libre consentimiento;23
b) Las autoridades competentes de ambos Estados Parte están de acuerdo,
con sujeción a las condiciones que éstos consideren apropiadas.
11. A los efectos del párrafo 10 del presente artículo:
a) El Estado Parte al que se traslade a la persona tendrá la competencia
y la obligación de mantenerla detenida, salvo que el Estado Parte del que ha sido
trasladada solicite o autorice otra cosa;
b) El Estado Parte al que se traslade a la persona cumplirá sin dilación su
obligación de devolverla a la custodia del Estado Parte del que ha sido trasladada,
según convengan de antemano o de otro modo las autoridades competentes
de ambos Estados Parte;
c) El Estado Parte al que se traslade a la persona no podrá exigir al Estado
Parte del que ha sido trasladada que inicie procedimientos de extradición para
su devolución;
d) El tiempo que la persona haya permanecido detenida en el Estado
Parte al que ha sido trasladada se computará como parte de la pena que ha de
cumplir en el Estado del que ha sido trasladada.
12. A menos que el Estado Parte desde el cual se ha de trasladar a una
persona de conformidad con los párrafos 10 y 11 del presente artículo esté de
acuerdo, dicha persona, cualquiera que sea su nacionalidad, no podrá ser enjuiciada,
detenida, condenada ni sometida a ninguna otra restricción de su libertad
personal en el territorio del Estado al que sea trasladada en relación con actos,
omisiones o condenas anteriores a su salida del territorio del Estado del que ha
sido trasladada.
13. Cada Estado Parte designará a una autoridad central encargada de
recibir solicitudes de asistencia judicial recíproca y facultada para darles cumplimiento
o para transmitirlas a las autoridades competentes para su ejecución.
Cuando alguna región o algún territorio especial de un Estado Parte disponga
de un régimen distinto de asistencia judicial recíproca, el Estado Parte podrá
designar a otra autoridad central que desempeñará la misma función para dicha
región o dicho territorio. Las autoridades centrales velarán por el rápido y
adecuado cumplimiento o transmisión de las solicitudes recibidas. Cuando la
autoridad central transmita la solicitud a una autoridad competente para su
ejecución, alentará la rápida y adecuada ejecución de la solicitud por parte de
dicha autoridad. Cada Estado Parte notificará al Secretario General de las
Naciones Unidas, en el momento de depositar su instrumento de ratificación,
aceptación o aprobación de la presente Convención o de adhesión a ella, el
nombre de la autoridad central que haya sido designada a tal fin. Las solicitudes
de asistencia judicial recíproca y cualquier otra comunicación pertinente serán24
transmitidas a las autoridades centrales designadas por los Estados Parte. La
presente disposición no afectará al derecho de cualquiera de los Estados Parte
a exigir que estas solicitudes y comunicaciones le sean enviadas por vía diplomática
y, en circunstancias urgentes, cuando los Estados Parte convengan en
ello, por conducto de la Organización Internacional de Policía Criminal, de ser
posible.
14. Las solicitudes se presentarán por escrito o, cuando sea posible, por
cualquier medio capaz de registrar un texto escrito, en un idioma aceptable para
el Estado Parte requerido, en condiciones que permitan a dicho Estado Parte
determinar la autenticidad. Cada Estado Parte notificará al Secretario General
de las Naciones Unidas, en el momento de depositar su instrumento de ratificación,
aceptación o aprobación de la presente Convención o de adhesión a ella,
el idioma o idiomas que sean aceptables para cada Estado Parte. En situaciones
de urgencia, y cuando los Estados Parte convengan en ello, las solicitudes
podrán hacerse oralmente, debiendo ser confirmadas sin demora por escrito.
15. Toda solicitud de asistencia judicial recíproca contendrá lo siguiente:
a) La identidad de la autoridad que hace la solicitud;
b) El objeto y la índole de las investigaciones, los procesos o las actuaciones
judiciales a que se refiere la solicitud y el nombre y las funciones de la
autoridad encargada de efectuar dichas investigaciones, procesos o actuaciones;
c) Un resumen de los hechos pertinentes, salvo cuando se trate de solicitudes
de presentación de documentos judiciales;
d) Una descripción de la asistencia solicitada y pormenores sobre cualquier
procedimiento particular que el Estado Parte requirente desee que se
aplique;
e) De ser posible, la identidad, ubicación y nacionalidad de toda persona
interesada; y
f) La finalidad para la que se solicita la prueba, información o actuación.
16. El Estado Parte requerido podrá pedir información complementaria
cuando sea necesaria para dar cumplimiento a la solicitud de conformidad con
su derecho interno o para facilitar dicho cumplimiento.
17. Se dará cumplimiento a toda solicitud con arreglo al derecho interno
del Estado Parte requerido y en la medida en que ello no lo contravenga y sea
factible, de conformidad con los procedimientos especificados en la solicitud.
18. Siempre que sea posible y compatible con los principios fundamentales
del derecho interno, cuando una persona se encuentre en el territorio de25
un Estado Parte y tenga que prestar declaración como testigo o perito ante
autoridades judiciales de otro Estado Parte, el primer Estado Parte, a solicitud
del otro, podrá permitir que la audiencia se celebre por videoconferencia si no
es posible o conveniente que la persona en cuestión comparezca personalmente
en el territorio del Estado Parte requirente. Los Estados Parte podrán convenir
en que la audiencia esté a cargo de una autoridad judicial del Estado Parte
requirente y en que asista a ella una autoridad judicial del Estado Parte
requerido.
19. El Estado Parte requirente no transmitirá ni utilizará, sin previo consentimiento
del Estado Parte requerido, la información o las pruebas proporcionadas
por el Estado Parte requerido para investigaciones, procesos o actuaciones
judiciales distintos de los indicados en la solicitud. Nada de lo dispuesto en el
presente párrafo impedirá que el Estado Parte requirente revele, en sus actuaciones,
información o pruebas que sean exculpatorias de una persona acusada. En
este último caso, el Estado Parte requirente notificará al Estado Parte requerido
antes de revelar la información o las pruebas y, si así se le solicita, consultará
al Estado Parte requerido. Si, en un caso excepcional, no es posible notificar con
antelación, el Estado Parte requirente informará sin demora al Estado Parte
requerido de dicha revelación.
20. El Estado Parte requirente podrá exigir que el Estado Parte requerido
mantenga reserva acerca de la existencia y el contenido de la solicitud, salvo en
la medida necesaria para darle cumplimiento. Si el Estado Parte requerido no
puede mantener esa reserva, lo hará saber de inmediato al Estado Parte
requirente.
21. La asistencia judicial recíproca podrá ser denegada:
a) Cuando la solicitud no se haga de conformidad con lo dispuesto en el
presente artículo;
b) Cuando el Estado Parte requerido considere que el cumplimiento de
lo solicitado podría menoscabar su soberanía, su seguridad, su orden público u
otros intereses fundamentales;
c) Cuando el derecho interno del Estado Parte requerido prohíba a sus
autoridades actuar en la forma solicitada con respecto a un delito análogo, si éste
hubiera sido objeto de investigaciones, procesos o actuaciones judiciales en el
ejercicio de su propia competencia;
d) Cuando acceder a la solicitud sea contrario al ordenamiento jurídico
del Estado Parte requerido en lo relativo a la asistencia judicial recíproca.
22. Los Estados Parte no podrán denegar una solicitud de asistencia judicial
recíproca únicamente porque se considere que el delito también entraña
asuntos fiscales.26
23. Toda denegación de asistencia judicial recíproca deberá fundamentarse
debidamente.
24. El Estado Parte requerido cumplirá la solicitud de asistencia judicial
recíproca lo antes posible y tendrá plenamente en cuenta, en la medida de sus
posibilidades, los plazos que sugiera el Estado Parte requirente y que estén
debidamente fundamentados, de preferencia en la solicitud. El Estado Parte
requerido responderá a las solicitudes razonables que formule el Estado
Parte requirente respecto de la evolución del trámite de la solicitud. El Estado
Parte requirente informará con prontitud cuando ya no necesite la asistencia
solicitada.
25. La asistencia judicial recíproca podrá ser diferida por el Estado Parte
requerido si perturbase investigaciones, procesos o actuaciones judiciales en
curso.
26. Antes de denegar una solicitud presentada con arreglo al párrafo 21
del presente artículo o de diferir su cumplimiento con arreglo al párrafo 25 del
presente artículo, el Estado Parte requerido consultará al Estado Parte requirente
para considerar si es posible prestar la asistencia solicitada supeditándola a las
condiciones que estime necesarias. Si el Estado Parte requirente acepta la asistencia
con arreglo a esas condiciones, ese Estado Parte deberá observar las condiciones
impuestas.
27. Sin perjuicio de la aplicación del párrafo 12 del presente artículo, el
testigo, perito u otra persona que, a instancias del Estado Parte requirente,
consienta en prestar testimonio en un juicio o en colaborar en una investigación,
proceso o actuación judicial en el territorio del Estado Parte requirente no podrá
ser enjuiciado, detenido, condenado ni sometido a ninguna otra restricción de
su libertad personal en ese territorio por actos, omisiones o declaraciones de
culpabilidad anteriores a la fecha en que abandonó el territorio del Estado Parte
requerido. Ese salvoconducto cesará cuando el testigo, perito u otra persona
haya tenido, durante quince días consecutivos o durante el período acordado
por los Estados Parte después de la fecha en que se le haya informado oficialmente
de que las autoridades judiciales ya no requerían su presencia, la oportunidad
de salir del país y no obstante permanezca voluntariamente en ese
territorio o regrese libremente a él después de haberlo abandonado.
28. Los gastos ordinarios que ocasione el cumplimiento de una solicitud
serán sufragados por el Estado Parte requerido, a menos que los Estados Parte
interesados hayan acordado otra cosa. Cuando se requieran a este fin gastos
cuantiosos o de carácter extraordinario, los Estados Parte se consultarán para
determinar las condiciones en que se dará cumplimiento a la solicitud, así como
la manera en que se sufragarán los gastos.27
29. El Estado Parte requerido:
a) Facilitará al Estado Parte requirente una copia de los documentos
oficiales y otros documentos o datos que obren en su poder y a los que, conforme
a su derecho interno, tenga acceso el público en general;
b) Podrá, a su arbitrio y con sujeción a las condiciones que juzgue apropiadas,
proporcionar al Estado Parte requirente una copia total o parcial de los
documentos oficiales o de otros documentos o datos que obren en su poder y
que, conforme a su derecho interno, no estén al alcance del público en general.
30. Cuando sea necesario, los Estados Parte considerarán la posibilidad
de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales que sirvan a los fines
del presente artículo y que, en la práctica, hagan efectivas sus disposiciones o las
refuercen.
Artículo 19. Investigaciones conjuntas
Los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos
bilaterales o multilaterales en virtud de los cuales, en relación con cuestiones
que son objeto de investigaciones, procesos o actuaciones judiciales en uno
o más Estados, las autoridades competentes puedan establecer órganos mixtos de
investigación. A falta de acuerdos o arreglos de esa índole, las investigaciones
conjuntas podrán llevarse a cabo mediante acuerdos concertados caso por caso.
Los Estados Parte participantes velarán por que la soberanía del Estado Parte en
cuyo territorio haya de efectuarse la investigación sea plenamente respetada.
Artículo 20. Técnicas especiales de investigación
1. Siempre que lo permitan los principios fundamentales de su ordenamiento
jurídico interno, cada Estado Parte adoptará, dentro de sus posibilidades
y en las condiciones prescritas por su derecho interno, las medidas que sean
necesarias para permitir el adecuado recurso a la entrega vigilada y, cuando lo
considere apropiado, la utilización de otras técnicas especiales de investigación,
como la vigilancia electrónica o de otra índole y las operaciones encubiertas, por
sus autoridades competentes en su territorio con objeto de combatir eficazmente
la delincuencia organizada.
2. A los efectos de investigar los delitos comprendidos en la presente
Convención, se alienta a los Estados Parte a que celebren, cuando proceda,
acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales apropiados para utilizar esas técnicas
especiales de investigación en el contexto de la cooperación en el plano28
internacional. Esos acuerdos o arreglos se concertarán y ejecutarán respetando
plenamente el principio de la igualdad soberana de los Estados y al ponerlos en
práctica se cumplirán estrictamente las condiciones en ellos contenidas.
3. De no existir los acuerdos o arreglos mencionados en el párrafo 2 del
presente artículo, toda decisión de recurrir a esas técnicas especiales de investigación
en el plano internacional se adoptará sobre la base de cada caso particular y
podrá, cuando sea necesario, tener en cuenta los arreglos financieros y los entendimientos
relativos al ejercicio de jurisdicción por los Estados Parte interesados.
4. Toda decisión de recurrir a la entrega vigilada en el plano internacional
podrá, con el consentimiento de los Estados Parte interesados, incluir la aplicación
de métodos tales como interceptar los bienes, autorizarlos a proseguir
intactos o retirarlos o sustituirlos total o parcialmente.
Artículo 21. Remisión de actuaciones penales
Los Estados Parte considerarán la posibilidad de remitirse actuaciones
penales para el enjuiciamiento por un delito comprendido en la presente Convención
cuando se estime que esa remisión obrará en beneficio de la debida
administración de justicia, en particular en casos en que intervengan varias
jurisdicciones, con miras a concentrar las actuaciones del proceso.
Artículo 22. Establecimiento de antecedentes penales
Cada Estado Parte podrá adoptar las medidas legislativas o de otra índole
que sean necesarias para tener en cuenta, en las condiciones y para los fines que
estime apropiados, toda previa declaración de culpabilidad, en otro Estado, de
un presunto delincuente a fin de utilizar esa información en actuaciones penales
relativas a un delito comprendido en la presente Convención.
Artículo 23. Penalización de la obstrucción de la justicia
Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que
sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente:
a) El uso de fuerza física, amenazas o intimidación, o la promesa, el
ofrecimiento o la concesión de un beneficio indebido para inducir a falso testimonio
u obstaculizar la prestación de testimonio o la aportación de pruebas
en un proceso en relación con la comisión de uno de los delitos comprendidos
en la presente Convención;29
b) El uso de fuerza física, amenazas o intimidación para obstaculizar el
cumplimiento de las funciones oficiales de un funcionario de la justicia o de los
servicios encargados de hacer cumplir la ley en relación con la comisión de los
delitos comprendidos en la presente Convención. Nada de lo previsto en el
presente apartado menoscabará el derecho de los Estados Parte a disponer de
legislación que proteja a otras categorías de funcionarios públicos.
Artículo 24. Protección de los testigos
1. Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas dentro de sus posibilidades
para proteger de manera eficaz contra eventuales actos de represalia o
intimidación a los testigos que participen en actuaciones penales y que presten
testimonio sobre delitos comprendidos en la presente Convención, así como,
cuando proceda, a sus familiares y demás personas cercanas.
2. Las medidas previstas en el párrafo 1 del presente artículo podrán
consistir, entre otras, sin perjuicio de los derechos del acusado, incluido el
derecho a las garantías procesales, en:
a) Establecer procedimientos para la protección física de esas personas,
incluida, en la medida de lo necesario y lo posible, su reubicación, y permitir,
cuando proceda, la prohibición total o parcial de revelar información relativa a
su identidad y paradero;
b) Establecer normas probatorias que permitan que el testimonio de los
testigos se preste de modo que no se ponga en peligro su seguridad, por ejemplo
aceptando el testimonio por conducto de tecnologías de comunicación como
videoconferencias u otros medios adecuados.
3. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o
arreglos con otros Estados para la reubicación de las personas mencionadas en
el párrafo 1 del presente artículo.
4. Las disposiciones del presente artículo también serán aplicables a las
víctimas en el caso de que actúen como testigos.
Artículo 25. Asistencia y protección a las víctimas
1. Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas dentro de sus posibilidades
para prestar asistencia y protección a las víctimas de los delitos comprendidos
en la presente Convención, en particular en casos de amenaza de represalia
o intimidación.30
2. Cada Estado Parte establecerá procedimientos adecuados que permitan
a las víctimas de los delitos comprendidos en la presente Convención obtener
indemnización y restitución.
3. Cada Estado Parte permitirá, con sujeción a su derecho interno, que
se presenten y examinen las opiniones y preocupaciones de las víctimas en las
etapas apropiadas de las actuaciones penales contra los delincuentes sin que ello
menoscabe los derechos de la defensa.
Artículo 26. Medidas para intensificar la cooperación con
las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley
1. Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas para alentar a las
personas que participen o hayan participado en grupos delictivos organizados a:
a) Proporcionar información útil a las autoridades competentes con fines
investigativos y probatorios sobre cuestiones como:
i) La identidad, la naturaleza, la composición, la estructura, la ubicación
o las actividades de los grupos delictivos organizados;
ii) Los vínculos, incluidos los vínculos internacionales, con otros
grupos delictivos organizados;
iii) Los delitos que los grupos delictivos organizados hayan cometido
o puedan cometer;
b) Prestar ayuda efectiva y concreta a las autoridades competentes que
pueda contribuir a privar a los grupos delictivos organizados de sus recursos o
del producto del delito.
2. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de prever, en los casos
apropiados, la mitigación de la pena de las personas acusadas que presten una
cooperación sustancial en la investigación o el enjuiciamiento respecto de los
delitos comprendidos en la presente Convención.
3. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de prever, de conformidad
con los principios fundamentales de su derecho interno, la concesión de
inmunidad judicial a las personas que presten una cooperación sustancial en la
investigación o el enjuiciamiento respecto de los delitos comprendidos en la
presente Convención.
4. La protección de esas personas será la prevista en el artículo 24 de la
presente Convención.
5. Cuando una de las personas mencionadas en el párrafo 1 del presente
artículo que se encuentre en un Estado Parte pueda prestar una cooperación31
sustancial a las autoridades competentes de otro Estado Parte, los Estados Parte
interesados podrán considerar la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos, de
conformidad con su derecho interno, con respecto a la eventual concesión, por
el otro Estado Parte, del trato enunciado en los párrafos 2 y 3 del presente
artículo.
Artículo 27. Cooperación en materia de cumplimiento de la ley
1. Los Estados Parte colaborarán estrechamente, en consonancia con sus
respectivos ordenamientos jurídicos y administrativos, con miras a aumentar la
eficacia de las medidas de cumplimiento de la ley orientadas a combatir los
delitos comprendidos en la presente Convención. En particular, cada Estado
Parte adoptará medidas eficaces para:
a) Mejorar los canales de comunicación entre sus autoridades, organismos
y servicios competentes y, de ser necesario, establecerlos, a fin de facilitar el
intercambio seguro y rápido de información sobre todos los aspectos de los
delitos comprendidos en la presente Convención, así como, si los Estados Parte
interesados lo estiman oportuno, sobre sus vinculaciones con otras actividades
delictivas;
b) Cooperar con otros Estados Parte en la realización de indagaciones con
respecto a delitos comprendidos en la presente Convención acerca de:
i) La identidad, el paradero y las actividades de personas presuntamente
implicadas en tales delitos o la ubicación de otras personas
interesadas;
ii) El movimiento del producto del delito o de bienes derivados de
la comisión de esos delitos;
iii) El movimiento de bienes, equipo u otros instrumentos utilizados
o destinados a utilizarse en la comisión de esos delitos;
c) Proporcionar, cuando proceda, los elementos o las cantidades de sustancias
que se requieran para fines de análisis o investigación;
d) Facilitar una coordinación eficaz entre sus organismos, autoridades y
servicios competentes y promover el intercambio de personal y otros expertos,
incluida la designación de oficiales de enlace, con sujeción a acuerdos o arreglos
bilaterales entre los Estados Parte interesados;
e) Intercambiar información con otros Estados Parte sobre los medios y
métodos concretos empleados por los grupos delictivos organizados, así como,
cuando proceda, sobre las rutas y los medios de transporte y el uso de identidades
falsas, documentos alterados o falsificados u otros medios de encubrir sus
actividades;32
f) Intercambiar información y coordinar las medidas administrativas y de
otra índole adoptadas con miras a la pronta detección de los delitos comprendidos
en la presente Convención.
2. Los Estados Parte, con miras a dar efecto a la presente Convención,
considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales
en materia de cooperación directa entre sus respectivos organismos
encargados de hacer cumplir la ley y, cuando tales acuerdos o arreglos ya existan,
de enmendarlos. A falta de tales acuerdos o arreglos entre los Estados Parte
interesados, las Partes podrán considerar la presente Convención como la base
para la cooperación en materia de cumplimiento de la ley respecto de los delitos
comprendidos en la presente Convención. Cuando proceda, los Estados Parte
recurrirán plenamente a la celebración de acuerdos y arreglos, incluso con
organizaciones internacionales o regionales, con miras a aumentar la cooperación
entre sus respectivos organismos encargados de hacer cumplir la ley.
3. Los Estados Parte se esforzarán por colaborar en la medida de sus
posibilidades para hacer frente a la delincuencia organizada transnacional cometida
mediante el recurso a la tecnología moderna.
Artículo 28. Recopilación, intercambio y análisis de información
sobre la naturaleza de la delincuencia organizada
1. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de analizar, en consulta
con los círculos científicos y académicos, las tendencias de la delincuencia organizada
en su territorio, las circunstancias en que actúa la delincuencia organizada,
así como los grupos profesionales y las tecnologías involucrados.
2. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de desarrollar y compartir
experiencia analítica acerca de las actividades de la delincuencia organizada,
tanto a nivel bilateral como por conducto de organizaciones internacionales y
regionales. A tal fin, se establecerán y aplicarán, según proceda, definiciones,
normas y metodologías comunes.
3. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de vigilar sus políticas y
las medidas en vigor encaminadas a combatir la delincuencia organizada y evaluarán
su eficacia y eficiencia.
Artículo 29. Capacitación y asistencia técnica
1. Cada Estado Parte, en la medida necesaria, formulará, desarrollará o
perfeccionará programas de capacitación específicamente concebidos para el33
personal de sus servicios encargados de hacer cumplir la ley, incluidos fiscales,
jueces de instrucción y personal de aduanas, así como para el personal de otra
índole encargado de la prevención, la detección y el control de los delitos
comprendidos en la presente Convención. Esos programas podrán incluir
adscripciones e intercambios de personal. En particular y en la medida en que
lo permita el derecho interno, guardarán relación con:
a) Los métodos empleados en la prevención, la detección y el control de
los delitos comprendidos en la presente Convención;
b) Las rutas y técnicas utilizadas por personas presuntamente implicadas
en delitos comprendidos en la presente Convención, incluso en los Estados de
tránsito, y las medidas de lucha pertinentes;
c) La vigilancia del movimiento de bienes de contrabando;
d) La detección y vigilancia de los movimientos del producto del delito
o de los bienes, el equipo u otros instrumentos utilizados para cometer tales
delitos y los métodos empleados para la transferencia, ocultación o disimulación
de dicho producto, bienes, equipo u otros instrumentos, así como los métodos
utilizados para combatir el blanqueo de dinero y otros delitos financieros;
e) El acopio de pruebas;
f) Las técnicas de control en zonas y puertos francos;
g) El equipo y las técnicas modernos utilizados para hacer cumplir la
ley, incluidas la vigilancia electrónica, la entrega vigilada y las operaciones
encubiertas;
h) Los métodos utilizados para combatir la delincuencia organizada
transnacional mediante computadoras, redes de telecomunicaciones u otras
formas de la tecnología moderna;
i) Los métodos utilizados para proteger a las víctimas y los testigos.
2. Los Estados Parte se prestarán asistencia en la planificación y ejecución
de programas de investigación y capacitación encaminados a intercambiar conocimientos
especializados en las esferas mencionadas en el párrafo 1 del presente
artículo y, a tal fin, también recurrirán, cuando proceda, a conferencias y seminarios
regionales e internacionales para promover la cooperación y fomentar el
examen de los problemas de interés común, incluidos los problemas y necesidades
especiales de los Estados de tránsito.
3. Los Estados Parte promoverán actividades de capacitación y asistencia
técnica que faciliten la extradición y la asistencia judicial recíproca. Dicha capacitación
y asistencia técnica podrán incluir la enseñanza de idiomas,
adscripciones e intercambios de personal entre autoridades centrales u organismos
con responsabilidades pertinentes.34
4. Cuando haya acuerdos o arreglos bilaterales y multilaterales vigentes,
los Estados Parte intensificarán, en la medida necesaria, sus esfuerzos por
optimizar las actividades operacionales y de capacitación en las organizaciones
internacionales y regionales, así como en el marco de otros acuerdos o arreglos
bilaterales y multilaterales pertinentes.
Artículo 30. Otras medidas: aplicación de la Convención mediante
el desarrollo económico y la asistencia técnica
1. Los Estados Parte adoptarán disposiciones conducentes a la aplicación
óptima de la presente Convención en la medida de lo posible, mediante la
cooperación internacional, teniendo en cuenta los efectos adversos de la delincuencia
organizada en la sociedad en general y en el desarrollo sostenible en
particular.
2. Los Estados Parte harán esfuerzos concretos, en la medida de lo posible
y en forma coordinada entre sí, así como con organizaciones internacionales y
regionales, por:
a) Intensificar su cooperación en los diversos niveles con los países en
desarrollo con miras a fortalecer las capacidades de esos países para prevenir y
combatir la delincuencia organizada transnacional;
b) Aumentar la asistencia financiera y material a fin de apoyar los esfuerzos
de los países en desarrollo para combatir con eficacia la delincuencia
organizada transnacional y ayudarles a aplicar satisfactoriamente la presente
Convención;
c) Prestar asistencia técnica a los países en desarrollo y a los países con
economías en transición para ayudarles a satisfacer sus necesidades relacionadas
con la aplicación de la presente Convención. A tal fin, los Estados Parte procurarán
hacer contribuciones voluntarias adecuadas y periódicas a una cuenta
específicamente designada a esos efectos en un mecanismo de financiación de las
Naciones Unidas. Los Estados Parte también podrán considerar en particular la
posibilidad, conforme a su derecho interno y a las disposiciones de la presente
Convención, de aportar a la cuenta antes mencionada un porcentaje del dinero
o del valor correspondiente del producto del delito o de los bienes ilícitos
decomisados con arreglo a lo dispuesto en la presente Convención;
d) Alentar y persuadir a otros Estados e instituciones financieras, según
proceda, para que se sumen a los esfuerzos desplegados con arreglo al presente
artículo, en particular proporcionando un mayor número de programas de
capacitación y equipo moderno a los países en desarrollo a fin de ayudarles a
lograr los objetivos de la presente Convención.35
3. En lo posible, estas medidas no menoscabarán los compromisos existentes
en materia de asistencia externa ni otros arreglos de cooperación financiera
en los planos bilateral, regional o internacional.
4. Los Estados Parte podrán celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o
multilaterales sobre asistencia material y logística, teniendo en cuenta los arreglos
financieros necesarios para hacer efectiva la cooperación internacional prevista
en la presente Convención y para prevenir, detectar y combatir la delincuencia
organizada transnacional.
Artículo 31. Prevención
1. Los Estados Parte procurarán formular y evaluar proyectos nacionales
y establecer y promover prácticas y políticas óptimas para la prevención de la
delincuencia organizada transnacional.
2. Los Estados Parte procurarán, de conformidad con los principios fundamentales
de su derecho interno, reducir las oportunidades actuales o futuras
de que dispongan los grupos delictivos organizados para participar en mercados
lícitos con el producto del delito adoptando oportunamente medidas legislativas,
administrativas o de otra índole. Estas medidas deberían centrarse en:
a) El fortalecimiento de la cooperación entre los organismos encargados
de hacer cumplir la ley o el ministerio público y las entidades privadas pertinentes,
incluida la industria;
b) La promoción de la elaboración de normas y procedimientos concebidos
para salvaguardar la integridad de las entidades públicas y de las entidades
privadas interesadas, así como códigos de conducta para profesiones pertinentes,
en particular para los abogados, notarios públicos, asesores fiscales y contadores;
c) La prevención de la utilización indebida por parte de grupos delictivos
organizados de licitaciones públicas y de subsidios y licencias concedidos por
autoridades públicas para realizar actividades comerciales;
d) La prevención de la utilización indebida de personas jurídicas por parte
de grupos delictivos organizados; a este respecto, dichas medidas podrían incluir
las siguientes:
i) El establecimiento de registros públicos de personas jurídicas y
naturales involucradas en la constitución, la gestión y la financiación
de personas jurídicas;
ii) La posibilidad de inhabilitar por mandato judicial o cualquier
medio apropiado durante un período razonable a las personas36
condenadas por delitos comprendidos en la presente Convención
para actuar como directores de personas jurídicas constituidas
en sus respectivas jurisdicciones;
iii) El establecimiento de registros nacionales de personas inhabilitadas
para actuar como directores de personas jurídicas; y
iv) El intercambio de información contenida en los registros mencionados
en los incisos i) e iii) del presente apartado con las
autoridades competentes de otros Estados Parte.
3. Los Estados Parte procurarán promover la reintegración social de las
personas condenadas por delitos comprendidos en la presente Convención.
4. Los Estados Parte procurarán evaluar periódicamente los instrumentos
jurídicos y las prácticas administrativas pertinentes vigentes a fin de detectar si
existe el peligro de que sean utilizados indebidamente por grupos delictivos
organizados.
5. Los Estados Parte procurarán sensibilizar a la opinión pública con
respecto a la existencia, las causas y la gravedad de la delincuencia organizada
transnacional y la amenaza que representa. Cuando proceda, podrá difundirse
información a través de los medios de comunicación y se adoptarán medidas
para fomentar la participación pública en los esfuerzos por prevenir y combatir
dicha delincuencia.
6. Cada Estado Parte comunicará al Secretario General de las Naciones
Unidas el nombre y la dirección de la autoridad o las autoridades que pueden
ayudar a otros Estados Parte a formular medidas para prevenir la delincuencia
organizada transnacional.
7. Los Estados Parte colaborarán entre sí y con las organizaciones internacionales
y regionales pertinentes, según proceda, con miras a promover y
formular las medidas mencionadas en el presente artículo. Ello incluye la participación
en proyectos internacionales para la prevención de la delincuencia
organizada transnacional, por ejemplo mediante la mitigación de las circunstancias
que hacen vulnerables a los grupos socialmente marginados a las actividades
de la delincuencia organizada transnacional.
Artículo 32. Conferencia de las Partes en la Convención
1. Se establecerá una Conferencia de las Partes en la Convención con
objeto de mejorar la capacidad de los Estados Parte para combatir la delincuencia
organizada transnacional y para promover y examinar la aplicación de la
presente Convención.37
2. El Secretario General de las Naciones Unidas convocará la Conferencia
de las Partes a más tardar un año después de la entrada en vigor de la presente
Convención. La Conferencia de las Partes aprobará reglas de procedimiento y
normas que rijan las actividades enunciadas en los párrafos 3 y 4 del presente
artículo (incluidas normas relativas al pago de los gastos resultantes de la puesta
en marcha de esas actividades).
3. La Conferencia de las Partes concertará mecanismos con miras a lograr
los objetivos mencionados en el párrafo 1 del presente artículo, en particular a:
a) Facilitar las actividades que realicen los Estados Parte con arreglo a los
artículos 29, 30 y 31 de la presente Convención, alentando inclusive la movilización
de contribuciones voluntarias;
b) Facilitar el intercambio de información entre Estados Parte sobre las
modalidades y tendencias de la delincuencia organizada transnacional y sobre
prácticas eficaces para combatirla;
c) Cooperar con las organizaciones internacionales y regionales y las
organizaciones no gubernamentales pertinentes;
d) Examinar periódicamente la aplicación de la presente Convención;
e) Formular recomendaciones para mejorar la presente Convención y su
aplicación.
4. A los efectos de los apartados d) y e) del párrafo 3 del presente artículo,
la Conferencia de las Partes obtendrá el necesario conocimiento de las medidas
adoptadas y de las dificultades encontradas por los Estados Parte en la aplicación
de la presente Convención mediante la información que ellos le faciliten
y mediante los demás mecanismos de examen que establezca la Conferencia de
las Partes.
5. Cada Estado Parte facilitará a la Conferencia de las Partes información
sobre sus programas, planes y prácticas, así como sobre las medidas legislativas
y administrativas adoptadas para aplicar la presente Convención, según lo
requiera la Conferencia de las Partes.
Artículo 33. Secretaría
1. El Secretario General de las Naciones Unidas prestará los servicios de
secretaría necesarios a la Conferencia de las Partes en la Convención.
2. La secretaría:
a) Prestará asistencia a la Conferencia de las Partes en la realización de las
actividades enunciadas en el artículo 32 de la presente Convención y organizará38
los períodos de sesiones de la Conferencia de las Partes y les prestará los
servicios necesarios;
b) Prestará asistencia a los Estados Parte que la soliciten en el suministro
de información a la Conferencia de las Partes según lo previsto en el párrafo 5
del artículo 32 de la presente Convención; y
c) Velará por la coordinación necesaria con la secretaría de otras organizaciones
internacionales y regionales pertinentes.
Artículo 34. Aplicación de la Convención
1. Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con los principios fundamentales
de su derecho interno, las medidas que sean necesarias, incluidas
medidas legislativas y administrativas, para garantizar el cumplimiento de sus
obligaciones con arreglo a la presente Convención.
2. Los Estados Parte tipificarán en su derecho interno los delitos tipificados
de conformidad con los artículos 5, 6, 8 y 23 de la presente Convención
independientemente del carácter transnacional o la participación de un grupo
delictivo organizado según la definición contenida en el párrafo 1 del artículo 3
de la presente Convención, salvo en la medida en que el artículo 5 de la presente
Convención exija la participación de un grupo delictivo organizado.
3. Cada Estado Parte podrá adoptar medidas más estrictas o severas que
las previstas en la presente Convención a fin de prevenir y combatir la delincuencia
organizada transnacional.
Artículo 35. Solución de controversias
1. Los Estados Parte procurarán solucionar toda controversia relacionada
con la interpretación o aplicación de la presente Convención mediante la
negociación.
2. Toda controversia entre dos o más Estados Parte acerca de la interpretación
o la aplicación de la presente Convención que no pueda resolverse mediante
la negociación dentro de un plazo razonable deberá, a solicitud de uno
de esos Estados Parte, someterse a arbitraje. Si, seis meses después de la fecha
de la solicitud de arbitraje, esos Estados Parte no han podido ponerse de acuerdo
sobre la organización del arbitraje, cualquiera de esos Estados Parte podrá
remitir la controversia a la Corte Internacional de Justicia mediante solicitud
conforme al Estatuto de la Corte.3939
3. Cada Estado Parte podrá, en el momento de la firma, ratificación,
aceptación o aprobación de la presente Convención o adhesión a ella, declarar
que no se considera vinculado por el párrafo 2 del presente artículo. Los demás
Estados Parte no quedarán vinculados por el párrafo 2 del presente artículo
respecto de todo Estado Parte que haya hecho esa reserva.
4. El Estado Parte que haya hecho una reserva de conformidad con el
párrafo 3 del presente artículo podrá en cualquier momento retirar esa reserva
notificándolo al Secretario General de las Naciones Unidas.
Artículo 36. Firma, ratificación, aceptación, aprobación y adhesión
1. La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados
del 12 al 15 de diciembre de 2000 en Palermo (Italia) y después de esa fecha
en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York hasta el 12 de diciembre
de 2002.
2. La presente Convención también estará abierta a la firma de las organizaciones
regionales de integración económica siempre que al menos uno de los
Estados miembros de tales organizaciones haya firmado la presente Convención
de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo.
3. La presente Convención estará sujeta a ratificación, aceptación o aprobación.
Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación se depositarán
en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. Las organizaciones
regionales de integración económica podrán depositar su instrumento de ratificación,
aceptación o aprobación si por lo menos uno de sus Estados miembros
ha procedido de igual manera. En ese instrumento de ratificación, aceptación o
aprobación, esas organizaciones declararán el alcance de su competencia con
respecto a las cuestiones regidas por la presente Convención. Dichas organizaciones
comunicarán también al depositario cualquier modificación pertinente
del alcance de su competencia.
4. La presente Convención estará abierta a la adhesión de todos los
Estados u organizaciones regionales de integración económica que cuenten por
lo menos con un Estado miembro que sea Parte en la presente Convención. Los
instrumentos de adhesión se depositarán en poder del Secretario General de las
Naciones Unidas. En el momento de su adhesión, las organizaciones regionales
de integración económica declararán el alcance de su competencia con respecto
a las cuestiones regidas por la presente Convención. Dichas organizaciones
comunicarán también al depositario cualquier modificación pertinente del
alcance de su competencia.40
Artículo 37. Relación con los protocolos
1. La presente Convención podrá complementarse con uno o más
protocolos.
2. Para pasar a ser parte en un protocolo, los Estados o las organizaciones
regionales de integración económica también deberán ser parte en la presente
Convención.
3. Los Estados Parte en la presente Convención no quedarán vinculados
por un protocolo a menos que pasen a ser parte en el protocolo de conformidad
con sus disposiciones.
4. Los protocolos de la presente Convención se interpretarán juntamente
con ésta, teniendo en cuenta la finalidad de esos protocolos.
Artículo 38. Entrada en vigor
1. La presente Convención entrará en vigor el nonagésimo día después de
la fecha en que se haya depositado el cuadragésimo instrumento de ratificación,
aceptación, aprobación o adhesión. A los efectos del presente párrafo, los instrumentos
depositados por una organización regional de integración económica
no se considerarán adicionales a los depositados por los Estados miembros de
tal organización.
2. Para cada Estado u organización regional de integración económica
que ratifique, acepte o apruebe la presente Convención o se adhiera a ella
después de haberse depositado el cuadragésimo instrumento de ratificación,
aceptación, aprobación o adhesión, la presente Convención entrará en vigor el
trigésimo día después de la fecha en que ese Estado u organización haya depositado
el instrumento pertinente.
Artículo 39. Enmienda
1. Cuando hayan transcurrido cinco años desde la entrada en vigor de la
presente Convención, los Estados Parte podrán proponer enmiendas por escrito
al Secretario General de las Naciones Unidas, quien a continuación comunicará
toda enmienda propuesta a los Estados Parte y a la Conferencia de las Partes en
la Convención para que la examinen y decidan al respecto. La Conferencia de41
las Partes hará todo lo posible por lograr un consenso sobre cada enmienda. Si
se han agotado todas las posibilidades de lograr un consenso y no se ha llegado
a un acuerdo, la aprobación de la enmienda exigirá, en última instancia, una
mayoría de dos tercios de los Estados Parte presentes y votantes en la sesión de
la Conferencia de las Partes.
2. Las organizaciones regionales de integración económica, en asuntos de
su competencia, ejercerán su derecho de voto con arreglo al presente artículo
con un número de votos igual al número de sus Estados miembros que sean
Partes en la presente Convención. Dichas organizaciones no ejercerán su
derecho de voto si sus Estados miembros ejercen el suyo, y viceversa.
3. Toda enmienda aprobada de conformidad con el párrafo 1 del presente
artículo estará sujeta a ratificación, aceptación o aprobación por los Estados
Parte.
4. Toda enmienda refrendada de conformidad con el párrafo 1 del
presente artículo entrará en vigor respecto de un Estado Parte noventa días
después de la fecha en que éste deposite en poder del Secretario General de las
Naciones Unidas un instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de
esa enmienda.
5. Cuando una enmienda entre en vigor, será vinculante para los Estados
Parte que hayan expresado su consentimiento al respecto. Los demás Estados
Parte quedarán sujetos a las disposiciones de la presente Convención, así como a
cualquier otra enmienda anterior que hubiesen ratificado, aceptado o aprobado.
Artículo 40. Denuncia
1. Los Estados Parte podrán denunciar la presente Convención mediante
notificación escrita al Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia
surtirá efecto un año después de la fecha en que el Secretario General haya
recibido la notificación.
2. Las organizaciones regionales de integración económica dejarán de ser
Partes en la presente Convención cuando la hayan denunciado todos sus
Estados miembros.
3. La denuncia de la presente Convención con arreglo al párrafo 1 del
presente artículo entrañará la denuncia de sus protocolos.42
Artículo 41. Depositario e idiomas
1. El Secretario General de las Naciones Unidas será el depositario de la
presente Convención.
2. El original de la presente Convención, cuyos textos en árabe, chino,
español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder
del Secretario General de las Naciones Unidas.
EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente
autorizados por sus respectivos gobiernos, han firmado la presente Convención.43
Anexo II
Protocolo para prevenir, reprimir y
sancionar la trata de personas, especialmente
mujeres y niños, que complementa
la Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional
Preámbulo
Los Estados Parte en el presente Protocolo,
Declarando que para prevenir y combatir eficazmente la trata de personas,
especialmente mujeres y niños, se requiere un enfoque amplio e internacional en
los países de origen, tránsito y destino que incluya medidas para prevenir dicha
trata, sancionar a los traficantes y proteger a las víctimas de esa trata, en
particular amparando sus derechos humanos internacionalmente reconocidos,
Teniendo en cuenta que si bien existe una gran variedad de instrumentos
jurídicos internacionales que contienen normas y medidas prácticas para
combatir la explotación de las personas, especialmente las mujeres y los niños,
no hay ningún instrumento universal que aborde todos los aspectos de la trata
de personas,
Preocupados porque de no existir un instrumento de esa naturaleza las
personas vulnerables a la trata no estarán suficientemente protegidas,
Recordando la resolución 53/111 de la Asamblea General, de 9 de diciembre
de 1998, en la que la Asamblea decidió establecer un comité especial
intergubernamental de composición abierta encargado de elaborar una convención
internacional amplia contra la delincuencia transnacional organizada y de
examinar la elaboración, entre otras cosas, de un instrumento internacional
relativo a la trata de mujeres y de niños,
Convencidos de que para prevenir y combatir ese delito será útil complementar
la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia44
Organizada Transnacional con un instrumento internacional destinado a prevenir,
reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños,
Acuerdan lo siguiente:
I. Disposiciones generales
Artículo 1. Relación con la Convención de las Naciones Unidas
contra la Delincuencia Organizada Transnacional
1. El presente Protocolo complementa la Convención de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y se interpretará
juntamente con la Convención.
2. Las disposiciones de la Convención se aplicarán mutatis mutandis al
presente Protocolo, a menos que en él se disponga otra cosa.
3. Los delitos tipificados con arreglo al artículo 5 del presente Protocolo
se considerarán delitos tipificados con arreglo a la Convención.
Artículo 2. Finalidad
Los fines del presente Protocolo son:
a) Prevenir y combatir la trata de personas, prestando especial atención a
las mujeres y los niños;
b) Proteger y ayudar a las víctimas de dicha trata, respetando plenamente
sus derechos humanos; y
c) Promover la cooperación entre los Estados Parte para lograr esos fines.
Artículo 3. Definiciones
Para los fines del presente Protocolo:
a) Por “trata de personas” se entenderá la captación, el transporte, el
traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso
de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso
de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de
pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga
autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como45
mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación
sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a
la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos;
b) El consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda
forma de explotación intencional descrita en el apartado a) del presente artículo
no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios
enunciados en dicho apartado;
c) La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un
niño con fines de explotación se considerará “trata de personas” incluso cuando
no se recurra a ninguno de los medios enunciados en el apartado a) del presente
artículo;
d) Por “niño” se entenderá toda persona menor de 18 años.
Artículo 4. Ámbito de aplicación
A menos que contenga una disposición en contrario, el presente Protocolo
se aplicará a la prevención, investigación y penalización de los delitos tipificados
con arreglo al artículo 5 del presente Protocolo, cuando esos delitos sean de
carácter transnacional y entrañen la participación de un grupo delictivo organizado,
así como a la protección de las víctimas de esos delitos.
Artículo 5. Penalización
1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole
que sean necesarias para tipificar como delito en su derecho interno las conductas
enunciadas en el artículo 3 del presente Protocolo, cuando se cometan
intencionalmente.
2. Cada Estado Parte adoptará asimismo las medidas legislativas y de otra
índole que sean necesarias para tipificar como delito:
a) Con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico, la
tentativa de comisión de un delito tipificado con arreglo al párrafo 1 del
presente artículo;
b) La participación como cómplice en la comisión de un delito tipificado
con arreglo al párrafo 1 del presente artículo; y
c) La organización o dirección de otras personas para la comisión de un
delito tipificado con arreglo al párrafo 1 del presente artículo.46
II. Protección de las víctimas de la trata de personas
Artículo 6. Asistencia y protección a las víctimas
de la trata de personas
1. Cuando proceda y en la medida que lo permita su derecho interno,
cada Estado Parte protegerá la privacidad y la identidad de las víctimas de la
trata de personas, en particular, entre otras cosas, previendo la confidencialidad
de las actuaciones judiciales relativas a dicha trata.
2. Cada Estado Parte velará por que su ordenamiento jurídico o administrativo
interno prevea medidas con miras a proporcionar a las víctimas de la
trata de personas, cuando proceda:
a) Información sobre procedimientos judiciales y administrativos
pertinentes;
b) Asistencia encaminada a permitir que sus opiniones y preocupaciones
se presenten y examinen en las etapas apropiadas de las actuaciones penales
contra los delincuentes sin que ello menoscabe los derechos de la defensa.
3. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de aplicar medidas destinadas
a prever la recuperación física, sicológica y social de las víctimas de la
trata de personas, incluso, cuando proceda, en cooperación con organizaciones
no gubernamentales, otras organizaciones pertinentes y demás sectores de la
sociedad civil, y en particular mediante el suministro de:
a) Alojamiento adecuado;
b) Asesoramiento e información, en particular con respecto a sus derechos
jurídicos, en un idioma que las víctimas de la trata de personas puedan comprender;
c) Asistencia médica, sicológica y material; y
d) Oportunidades de empleo, educación y capacitación.
4. Cada Estado Parte tendrá en cuenta, al aplicar las disposiciones del
presente artículo, la edad, el sexo y las necesidades especiales de las víctimas de
la trata de personas, en particular las necesidades especiales de los niños, incluidos
el alojamiento, la educación y el cuidado adecuados.
5. Cada Estado Parte se esforzará por prever la seguridad física de las
víctimas de la trata de personas mientras se encuentren en su territorio.
6. Cada Estado Parte velará por que su ordenamiento jurídico interno
prevea medidas que brinden a las víctimas de la trata de personas la posibilidad
de obtener indemnización por los daños sufridos.47
Artículo 7. Régimen aplicable a las víctimas de la trata
de personas en el Estado receptor
1. Además de adoptar las medidas previstas en el artículo 6 del presente
Protocolo, cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar medidas
legislativas u otras medidas apropiadas que permitan a las víctimas de la trata
de personas permanecer en su territorio, temporal o permanentemente, cuando
proceda.
2. Al aplicar la disposición contenida en el párrafo 1 del presente artículo,
cada Estado Parte dará la debida consideración a factores humanitarios y
personales.
Artículo 8. Repatriación de las víctimas de la trata de personas
1. El Estado Parte del que sea nacional una víctima de la trata de personas
o en el que ésta tuviese derecho de residencia permanente en el momento de su
entrada en el territorio del Estado Parte receptor facilitará y aceptará, sin demora
indebida o injustificada, la repatriación de esa persona teniendo debidamente en
cuenta su seguridad.
2. Cuando un Estado Parte disponga la repatriación de una víctima de la
trata de personas a un Estado Parte del que esa persona sea nacional o en el que
tuviese derecho de residencia permanente en el momento de su entrada en el
territorio del Estado Parte receptor, velará por que dicha repatriación se realice
teniendo debidamente en cuenta la seguridad de esa persona, así como el estado
de cualquier procedimiento legal relacionado con el hecho de que la persona es
una víctima de la trata, y preferentemente de forma voluntaria.
3. Cuando lo solicite un Estado Parte receptor, todo Estado Parte requerido
verificará, sin demora indebida o injustificada, si la víctima de la trata de
personas es uno de sus nacionales o tenía derecho de residencia permanente en
su territorio en el momento de su entrada en el territorio del Estado Parte
receptor.
4. A fin de facilitar la repatriación de toda víctima de la trata de personas
que carezca de la debida documentación, el Estado Parte del que esa persona sea
nacional o en el que tuviese derecho de residencia permanente en el momento
de su entrada en el territorio del Estado Parte receptor convendrá en expedir,
previa solicitud del Estado Parte receptor, los documentos de viaje o autorización
de otro tipo que sean necesarios para que la persona pueda viajar a su
territorio y reingresar en él.48
5. El presente artículo no afectará a los derechos reconocidos a las víctimas
de la trata de personas con arreglo al derecho interno del Estado Parte
receptor.
6. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de cualquier acuerdo o
arreglo bilateral o multilateral aplicable que rija, total o parcialmente, la
repatriación de las víctimas de la trata de personas.
III. Medidas de prevención, cooperación
y otras medidas
Artículo 9. Prevención de la trata de personas
1. Los Estados Parte establecerán políticas, programas y otras medidas de
carácter amplio con miras a:
a) Prevenir y combatir la trata de personas; y
b) Proteger a las víctimas de trata de personas, especialmente las mujeres
y los niños, contra un nuevo riesgo de victimización.
2. Los Estados Parte procurarán aplicar medidas tales como actividades
de investigación y campañas de información y difusión, así como iniciativas
sociales y económicas, con miras a prevenir y combatir la trata de personas.
3. Las políticas, los programas y demás medidas que se adopten de conformidad
con el presente artículo incluirán, cuando proceda, la cooperación con
organizaciones no gubernamentales, otras organizaciones pertinentes y otros
sectores de la sociedad civil.
4. Los Estados Parte adoptarán medidas o reforzarán las ya existentes,
recurriendo en particular a la cooperación bilateral o multilateral, a fin de
mitigar factores como la pobreza, el subdesarrollo y la falta de oportunidades
equitativas que hacen a las personas, especialmente las mujeres y los niños,
vulnerables a la trata.
5. Los Estados Parte adoptarán medidas legislativas o de otra índole, tales
como medidas educativas, sociales y culturales, o reforzarán las ya existentes,
recurriendo en particular a la cooperación bilateral y multilateral, a fin de desalentar
la demanda que propicia cualquier forma de explotación conducente a
la trata de personas, especialmente mujeres y niños.49
Artículo 10. Intercambio de información y capacitación
1. Las autoridades de los Estados Parte encargadas de hacer cumplir la
ley, así como las autoridades de inmigración u otras autoridades competentes,
cooperarán entre sí, según proceda, intercambiando información, de conformidad
con su derecho interno, a fin de poder determinar:
a) Si ciertas personas que cruzan o intentan cruzar una frontera internacional
con documentos de viaje pertenecientes a terceros o sin documentos de
viaje son autores o víctimas de la trata de personas;
b) Los tipos de documento de viaje que ciertas personas han utilizado o
intentado utilizar para cruzar una frontera internacional con fines de trata de
personas; y
c) Los medios y métodos utilizados por grupos delictivos organizados
para los fines de la trata de personas, incluidos la captación y el transporte, las
rutas y los vínculos entre personas y grupos involucrados en dicha trata, así
como posibles medidas para detectarlos.
2. Los Estados Parte impartirán a los funcionarios encargados de hacer
cumplir la ley, así como a los de inmigración y a otros funcionarios pertinentes,
capacitación en la prevención de la trata de personas o reforzarán dicha capacitación,
según proceda. Ésta deberá centrarse en los métodos aplicados para
prevenir dicha trata, enjuiciar a los traficantes y proteger los derechos de las
víctimas, incluida la protección de las víctimas frente a los traficantes. La capacitación
también deberá tener en cuenta la necesidad de considerar los derechos
humanos y las cuestiones relativas al niño y a la mujer, así como fomentar la
cooperación con organizaciones no gubernamentales, otras organizaciones
pertinentes y demás sectores de la sociedad civil.
3. El Estado Parte receptor de dicha información dará cumplimiento a
toda solicitud del Estado Parte que la haya facilitado en el sentido de imponer
restricciones a su utilización.
Artículo 11. Medidas fronterizas
1. Sin perjuicio de los compromisos internacionales relativos a la libre
circulación de personas, los Estados Parte reforzarán, en la medida de lo posible,
los controles fronterizos que sean necesarios para prevenir y detectar la trata de
personas.
2. Cada Estado Parte adoptará medidas legislativas u otras medidas apropiadas
para prevenir, en la medida de lo posible, la utilización de medios de50
transporte explotados por transportistas comerciales para la comisión de los
delitos tipificados con arreglo al artículo 5 del presente Protocolo.
3. Cuando proceda y sin perjuicio de las convenciones internacionales
aplicables se preverá, entre esas medidas, la obligación de los transportistas
comerciales, incluidas las empresas de transporte, así como los propietarios o
explotadores de cualquier medio de transporte, de cerciorarse de que todos los
pasajeros tengan en su poder los documentos de viaje requeridos para entrar
legalmente en el Estado receptor.
4. Cada Estado Parte adoptará las medidas necesarias, de conformidad
con su derecho interno, para prever sanciones en caso de incumplimiento de la
obligación enunciada en el párrafo 3 del presente artículo.
5. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar medidas que
permitan, de conformidad con su derecho interno, denegar la entrada o revocar
visados a personas implicadas en la comisión de delitos tipificados con arreglo
al presente Protocolo.
6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27 de la Convención, los
Estados Parte considerarán la posibilidad de reforzar la cooperación entre los
organismos de control fronterizo, en particular, entre otras medidas, estableciendo
y manteniendo conductos de comunicación directos.
Artículo 12. Seguridad y control de los documentos
Cada Estado Parte adoptará, con los medios de que disponga, las medidas
que se requieran para:
a) Garantizar la necesaria calidad de los documentos de viaje o de identidad
que expida a fin de que éstos no puedan con facilidad utilizarse indebidamente
ni falsificarse o alterarse, reproducirse o expedirse de forma ilícita; y
b) Garantizar la integridad y la seguridad de los documentos de viaje o de
identidad que expida o que se expidan en su nombre e impedir la creación,
expedición y utilización ilícitas de dichos documentos.
Artículo 13. Legitimidad y validez de los documentos
Cuando lo solicite otro Estado Parte, cada Estado Parte verificará, de conformidad
con su derecho interno y dentro de un plazo razonable, la legitimidad y
validez de los documentos de viaje o de identidad expedidos o presuntamente
expedidos en su nombre y sospechosos de ser utilizados para la trata de personas.51
IV. Disposiciones finales
Artículo 14. Cláusula de salvaguardia
1. Nada de lo dispuesto en el presente Protocolo afectará a los derechos,
obligaciones y responsabilidades de los Estados y las personas con arreglo al
derecho internacional, incluidos el derecho internacional humanitario y la
normativa internacional de derechos humanos y, en particular, cuando sean
aplicables, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 19511
y su
Protocolo de 19672
, así como el principio de non-refoulement consagrado en
dichos instrumentos.
2. Las medidas previstas en el presente Protocolo se interpretarán y aplicarán
de forma que no sea discriminatoria para las personas por el hecho de ser
víctimas de la trata de personas. La interpretación y aplicación de esas medidas
estarán en consonancia con los principios de no discriminación
internacionalmente reconocidos.
Artículo 15. Solución de controversias
1. Los Estados Parte procurarán solucionar toda controversia relacionada
con la interpretación o aplicación del presente Protocolo mediante la
negociación.
2. Toda controversia entre dos o más Estados Parte acerca de la interpretación
o la aplicación del presente Protocolo que no pueda resolverse
mediante la negociación dentro de un plazo razonable deberá, a solicitud de uno
de esos Estados Parte, someterse a arbitraje. Si, seis meses después de la fecha
de la solicitud de arbitraje, esos Estados Parte no han podido ponerse de
acuerdo sobre la organización del arbitraje, cualquiera de esos Estados Parte
podrá remitir la controversia a la Corte Internacional de Justicia mediante
solicitud conforme al Estatuto de la Corte.
3. Cada Estado Parte podrá, en el momento de la firma, ratificación,
aceptación o aprobación del presente Protocolo o adhesión a él, declarar que no
se considera vinculado por el párrafo 2 del presente artículo. Los demás Estados
Parte no quedarán vinculados por el párrafo 2 del presente artículo respecto de
todo Estado Parte que haya hecho esa reserva.
1
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 189, N.° 2545.
2
Ibíd., vol. 606, N.° 8791.52
4. El Estado Parte que haya hecho una reserva de conformidad con el
párrafo 3 del presente artículo podrá en cualquier momento retirar esa reserva
notificándolo al Secretario General de las Naciones Unidas.
Artículo 16. Firma, ratificación, aceptación, aprobación y adhesión
1. El presente Protocolo estará abierto a la firma de todos los Estados del
12 al 15 de diciembre de 2000 en Palermo (Italia), y después de esa fecha en la
Sede de las Naciones Unidas en Nueva York hasta el 12 de diciembre de 2002.
2. El presente Protocolo también estará abierto a la firma de las organizaciones
regionales de integración económica siempre que al menos uno de los
Estados miembros de tales organizaciones haya firmado el presente Protocolo de
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo.
3. El presente Protocolo estará sujeto a ratificación, aceptación o aprobación.
Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación se depositarán
en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. Las organizaciones
regionales de integración económica podrán depositar su instrumento de ratificación,
aceptación o aprobación si por lo menos uno de sus Estados miembros
ha procedido de igual manera. En ese instrumento de ratificación, aceptación o
aprobación, esas organizaciones declararán el alcance de su competencia con
respecto a las cuestiones regidas por el presente Protocolo. Dichas organizaciones
comunicarán también al depositario cualquier modificación pertinente
del alcance de su competencia.
4. El presente Protocolo estará abierto a la adhesión de todos los Estados
u organizaciones regionales de integración económica que cuenten por lo menos
con un Estado miembro que sea Parte en el presente Protocolo. Los instrumentos
de adhesión se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones
Unidas. En el momento de su adhesión, las organizaciones regionales de integración
económica declararán el alcance de su competencia con respecto a las
cuestiones regidas por el presente Protocolo. Dichas organizaciones comunicarán
también al depositario cualquier modificación pertinente del alcance de su
competencia.
Artículo 17. Entrada en vigor
1. El presente Protocolo entrará en vigor el nonagésimo día después de la
fecha en que se haya depositado el cuadragésimo instrumento de ratificación,
aceptación, aprobación o adhesión, a condición de que no entre en vigor antes53
de la entrada en vigor de la Convención. A los efectos del presente párrafo, los
instrumentos depositados por una organización regional de integración econó-
mica no se considerarán adicionales a los depositados por los Estados miembros
de tal organización.
2. Para cada Estado u organización regional de integración económica
que ratifique, acepte o apruebe el presente Protocolo o se adhiera a él después
de haberse depositado el cuadragésimo instrumento de ratificación, aceptación,
aprobación o adhesión, el presente Protocolo entrará en vigor el trigésimo día
después de la fecha en que ese Estado u organización haya depositado el instrumento
pertinente o en la fecha de su entrada en vigor con arreglo al párrafo 1
del presente artículo, si ésta es posterior.
Artículo 18. Enmienda
1. Cuando hayan transcurrido cinco años desde la entrada en vigor del
presente Protocolo, los Estados Parte en el Protocolo podrán proponer
enmiendas por escrito al Secretario General de las Naciones Unidas, quien a
continuación comunicará toda enmienda propuesta a los Estados Parte y a la
Conferencia de las Partes en la Convención para que la examinen y decidan al
respecto. Los Estados Parte en el presente Protocolo reunidos en la Conferencia
de las Partes harán todo lo posible por lograr un consenso sobre cada enmienda.
Si se han agotado todas las posibilidades de lograr un consenso y no se ha
llegado a un acuerdo, la aprobación de la enmienda exigirá, en última instancia,
una mayoría de dos tercios de los Estados Parte en el presente Protocolo
presentes y votantes en la sesión de la Conferencia de las Partes.
2. Las organizaciones regionales de integración económica, en asuntos de
su competencia, ejercerán su derecho de voto con arreglo al presente artículo
con un número de votos igual al número de sus Estados miembros que sean
Partes en el presente Protocolo. Dichas organizaciones no ejercerán su derecho
de voto si sus Estados miembros ejercen el suyo, y viceversa.
3. Toda enmienda aprobada de conformidad con el párrafo 1 del presente
artículo estará sujeta a ratificación, aceptación o aprobación por los Estados
Parte.
4. Toda enmienda refrendada de conformidad con el párrafo 1 del
presente artículo entrará en vigor respecto de un Estado Parte noventa días
después de la fecha en que éste deposite en poder del Secretario General de las
Naciones Unidas un instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de
esa enmienda.54
5. Cuando una enmienda entre en vigor, será vinculante para los Estados
Parte que hayan expresado su consentimiento al respecto. Los demás Estados
Parte quedarán sujetos a las disposiciones del presente Protocolo, así como a
cualquier otra enmienda anterior que hubiesen ratificado, aceptado o aprobado.
Artículo 19. Denuncia
1. Los Estados Parte podrán denunciar el presente Protocolo mediante
notificación escrita al Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia
surtirá efecto un año después de la fecha en que el Secretario General haya
recibido la notificación.
2. Las organizaciones regionales de integración económica dejarán de ser
Partes en el presente Protocolo cuando lo hayan denunciado todos sus Estados
miembros.
Artículo 20. Depositario e idiomas
1. El Secretario General de las Naciones Unidas será el depositario del
presente Protocolo.
2. El original del presente Protocolo, cuyos textos en árabe, chino,
español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder
del Secretario General de las Naciones Unidas.
EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente
autorizados por sus respectivos gobiernos, han firmado el presente Protocolo.55
Anexo III
Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes
por tierra, mar y aire, que complementa
la Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional
Preámbulo
Los Estados Parte en el presente Protocolo,
Declarando que para prevenir y combatir eficazmente el tráfico ilícito de
migrantes por tierra, mar y aire se requiere un enfoque amplio e internacional,
que conlleve la cooperación, el intercambio de información y la adopción de
otras medidas apropiadas, incluidas las de índole socioeconómica, en los planos
nacional, regional e internacional,
Recordando la resolución 54/212 de la Asamblea General, de 22 de diciembre
de 1999, en la que la Asamblea instó a los Estados Miembros y al sistema
de las Naciones Unidas a que fortalecieran la cooperación internacional en la
esfera de la migración internacional y el desarrollo a fin de abordar las causas
fundamentales de la migración, especialmente las relacionadas con la pobreza,
y de aumentar al máximo los beneficios que la migración internacional podía
reportar a los interesados, y alentó a los mecanismos interregionales, regionales
y subregionales a que, cuando procediera, se siguieran ocupando de la cuestión
de la migración y el desarrollo,
Convencidos de la necesidad de dar un trato humano a los migrantes y de
proteger plenamente sus derechos humanos,
Habida cuenta de que, pese a la labor emprendida en otros foros internacionales,
no existe un instrumento universal que aborde todos los aspectos del
tráfico ilícito de migrantes y otras cuestiones conexas,
Preocupados por el notable aumento de las actividades de los grupos
delictivos organizados en relación con el tráfico ilícito de migrantes y otras56
actividades delictivas conexas tipificadas en el presente Protocolo, que causan
graves perjuicios a los Estados afectados,
Preocupados también por el hecho de que el tráfico ilícito de migrantes
puede poner en peligro la vida o la seguridad de los migrantes involucrados,
Recordando la resolución 53/111 de la Asamblea General, de 9 de diciembre
de 1998, en la que la Asamblea decidió establecer un comité especial
intergubernamental de composición abierta con la finalidad de elaborar una
convención internacional amplia contra la delincuencia transnacional organizada
y de examinar la posibilidad de elaborar, entre otros, un instrumento
internacional que abordara el tráfico y el transporte ilícitos de migrantes,
particularmente por mar,
Convencidos de que complementar el texto de la Convención de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional con un instrumento
internacional dirigido contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire
constituirá un medio útil para prevenir y combatir esta forma de delincuencia,
Han convenido en lo siguiente:
I. Disposiciones generales
Artículo 1. Relación con la Convención de las Naciones Unidas
contra la Delincuencia Organizada Transnacional
1. El presente Protocolo complementa la Convención de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y se interpretará juntamente
con la Convención.
2. Las disposiciones de la Convención se aplicarán mutatis mutandis al
presente Protocolo, a menos que en él se disponga otra cosa.
3. Los delitos tipificados con arreglo al artículo 6 del presente Protocolo
se considerarán delitos tipificados con arreglo a la Convención.
Artículo 2. Finalidad
El propósito del presente Protocolo es prevenir y combatir el tráfico ilícito
de migrantes, así como promover la cooperación entre los Estados Parte con ese
fin, protegiendo al mismo tiempo los derechos de los migrantes objeto de dicho
tráfico.57
Artículo 3. Definiciones
Para los fines del presente Protocolo:
a) Por “tráfico ilícito de migrantes” se entenderá la facilitación de la
entrada ilegal de una persona en un Estado Parte del cual dicha persona no sea
nacional o residente permanente con el fin de obtener, directa o indirectamente,
un beneficio financiero u otro beneficio de orden material;
b) Por “entrada ilegal” se entenderá el paso de fronteras sin haber cumplido
los requisitos necesarios para entrar legalmente en el Estado receptor;
c) Por “documento de identidad o de viaje falso” se entenderá cualquier
documento de viaje o de identidad:
i) Elaborado o expedido de forma espuria o alterado materialmente
por cualquiera que no sea la persona o entidad legalmente autorizada
para producir o expedir el documento de viaje o de identidad
en nombre de un Estado; o
ii) Expedido u obtenido indebidamente mediante declaración falsa,
corrupción o coacción o de cualquier otra forma ilegal; o
iii) Utilizado por una persona que no sea su titular legítimo;
d) Por “buque” se entenderá cualquier tipo de embarcación, con inclusión
de las embarcaciones sin desplazamiento y los hidroaviones, que se utilice o
pueda utilizarse como medio de transporte sobre el agua, excluidos los buques
de guerra, los buques auxiliares de la armada u otros buques que sean propiedad
de un Estado o explotados por éste y que en ese momento se empleen únicamente
en servicios oficiales no comerciales.
Artículo 4. Ámbito de aplicación
A menos que contenga una disposición en contrario, el presente Protocolo
se aplicará a la prevención, investigación y penalización de los delitos tipificados
con arreglo al artículo 6 del presente Protocolo, cuando esos delitos sean de
carácter transnacional y entrañen la participación de un grupo delictivo organizado,
así como a la protección de los derechos de las personas que hayan sido
objeto de tales delitos.
Artículo 5. Responsabilidad penal de los migrantes
Los migrantes no estarán sujetos a enjuiciamiento penal con arreglo al
presente Protocolo por el hecho de haber sido objeto de alguna de las conductas
enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo.58
Artículo 6. Penalización
1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole
que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan
intencionalmente y con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio
económico u otro beneficio de orden material:
a) El tráfico ilícito de migrantes;
b) Cuando se cometan con el fin de posibilitar el tráfico ilícito de
migrantes:
i) La creación de un documento de viaje o de identidad falso;
ii) La facilitación, el suministro o la posesión de tal documento;
c) La habilitación de una persona que no sea nacional o residente permanente
para permanecer en el Estado interesado sin haber cumplido los requisitos
para permanecer legalmente en ese Estado, recurriendo a los medios mencionados
en el apartado b) del presente párrafo o a cualquier otro medio ilegal.
2. Cada Estado Parte adoptará asimismo las medidas legislativas y de otra
índole que sean necesarias para tipificar como delito:
a) Con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico, la
tentativa de comisión de un delito tipificado con arreglo al párrafo 1 del
presente artículo;
b) La participación como cómplice en la comisión de un delito tipificado
con arreglo al apartado a), al inciso i) del apartado b) o al apartado c) del
párrafo 1 del presente artículo y, con sujeción a los conceptos básicos de su
ordenamiento jurídico, la participación como cómplice en la comisión de un
delito tipificado con arreglo al inciso ii) del apartado b) del párrafo 1 del
presente artículo;
c) La organización o dirección de otras personas para la comisión de un
delito tipificado con arreglo al párrafo 1 del presente artículo.
3. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole
que sean necesarias para considerar como circunstancia agravante de los delitos
tipificados con arreglo al apartado a), al inciso i) del apartado b) y al apartado c)
del párrafo 1 del presente artículo y, con sujeción a los conceptos básicos de su
ordenamiento jurídico, de los delitos tipificados con arreglo a los apartados b)
y c) del párrafo 2 del presente artículo toda circunstancia que:
a) Ponga en peligro o pueda poner en peligro la vida o la seguridad de
los migrantes afectados; o
b) Dé lugar a un trato inhumano o degradante de esos migrantes, en
particular con el propósito de explotación.59
4. Nada de lo dispuesto en el presente Protocolo impedirá que un Estado
Parte adopte medidas contra toda persona cuya conducta constituya delito con
arreglo a su derecho interno.
II. Tráfico ilícito de migrantes por mar
Artículo 7. Cooperación
Los Estados Parte cooperarán en la mayor medida posible para prevenir y
reprimir el tráfico ilícito de migrantes por mar, de conformidad con el derecho
internacional del mar.
Artículo 8. Medidas contra el tráfico ilícito de migrantes por mar
1. Todo Estado Parte que tenga motivos razonables para sospechar que
un buque que enarbole su pabellón o pretenda estar matriculado en su registro,
que carezca de nacionalidad o que, aunque enarbole un pabellón extranjero o
se niegue a izar su pabellón, tenga en realidad la nacionalidad del Estado Parte
interesado, está involucrado en el tráfico ilícito de migrantes por mar podrá
solicitar la asistencia de otros Estados Parte a fin de poner término a la utilización
del buque para ese fin. Los Estados Parte a los que se solicite dicha
asistencia la prestarán, en la medida posible con los medios de que dispongan.
2. Todo Estado Parte que tenga motivos razonables para sospechar que
un buque que esté haciendo uso de la libertad de navegación con arreglo al
derecho internacional y que enarbole el pabellón o lleve matrícula de otro
Estado Parte está involucrado en el tráfico ilícito de migrantes por mar podrá
notificarlo al Estado del pabellón, pedirle que confirme la matrícula y, si la
confirma, solicitarle autorización para adoptar medidas apropiadas con respecto
a ese buque. El Estado del pabellón podrá autorizar al Estado requirente, entre
otras cosas, a:
a) Visitar el buque;
b) Registrar el buque; y
c) Si se hallan pruebas de que el buque está involucrado en el tráfico
ilícito de migrantes por mar, adoptar medidas apropiadas con respecto al buque,
así como a las personas y a la carga que se encuentren a bordo, conforme le haya
autorizado el Estado del pabellón.
3. Todo Estado Parte que haya adoptado cualesquiera de las medidas
previstas en el párrafo 2 del presente artículo informará con prontitud al Estado
del pabellón pertinente de los resultados de dichas medidas.60
4. Los Estados Parte responderán con celeridad a toda solicitud de otro
Estado Parte con miras a determinar si un buque que está matriculado en su
registro o enarbola su pabellón está autorizado a hacerlo, así como a toda
solicitud de autorización que se presente con arreglo a lo previsto en el párrafo 2
del presente artículo.
5. El Estado del pabellón podrá, en consonancia con el artículo 7 del
presente Protocolo, someter su autorización a las condiciones en que convenga
con el Estado requirente, incluidas las relativas a la responsabilidad y al alcance
de las medidas efectivas que se adopten. Los Estados Parte no adoptarán otras
medidas sin la autorización expresa del Estado del pabellón, salvo las que sean
necesarias para eliminar un peligro inminente para la vida de las personas o las
que se deriven de los acuerdos bilaterales o multilaterales pertinentes.
6. Cada Estado Parte designará a una o, de ser necesario, a varias autoridades
para recibir y atender las solicitudes de asistencia, de confirmación de
la matrícula o del derecho de un buque a enarbolar su pabellón y de autorización
para adoptar las medidas pertinentes. Esa designación será dada a conocer,
por conducto del Secretario General, a todos los demás Estados Parte dentro del
mes siguiente a la designación.
7. Todo Estado Parte que tenga motivos razonables para sospechar que
un buque está involucrado en el tráfico ilícito de migrantes por mar y no posee
nacionalidad o se hace pasar por un buque sin nacionalidad podrá visitar y
registrar el buque. Si se hallan pruebas que confirmen la sospecha, ese Estado
Parte adoptará medidas apropiadas de conformidad con el derecho interno e
internacional, según proceda.
Artículo 9. Cláusulas de protección
1. Cuando un Estado Parte adopte medidas contra un buque con arreglo
al artículo 8 del presente Protocolo:
a) Garantizará la seguridad y el trato humano de las personas que se
encuentren a bordo;
b) Tendrá debidamente en cuenta la necesidad de no poner en peligro la
seguridad del buque o de su carga;
c) Tendrá debidamente en cuenta la necesidad de no perjudicar los intereses
comerciales o jurídicos del Estado del pabellón o de cualquier otro Estado
interesado;
d) Velará, dentro de los medios disponibles, por que las medidas adoptadas
con respecto al buque sean ecológicamente razonables.61
2. Cuando las razones que motivaron las medidas adoptadas con arreglo
al artículo 8 del presente Protocolo no resulten fundadas y siempre que el buque
no haya cometido ningún acto que las justifique, dicho buque será indemnizado
por todo perjuicio o daño sufrido.
3. Toda medida que se tome, adopte o aplique de conformidad con lo
dispuesto en el presente capítulo tendrá debidamente en cuenta la necesidad de
no interferir ni causar menoscabo en:
a) Los derechos y las obligaciones de los Estados ribereños en el ejercicio
de su jurisdicción de conformidad con el derecho internacional del mar; ni en
b) La competencia del Estado del pabellón para ejercer la jurisdicción y
el control en cuestiones administrativas, técnicas y sociales relacionadas con el
buque.
4. Toda medida que se adopte en el mar en cumplimiento de lo dispuesto
en el presente capítulo será ejecutada únicamente por buques de guerra o
aeronaves militares, o por otros buques o aeronaves que ostenten signos claros
y sean identificables como buques o aeronaves al servicio de un gobierno y
autorizados a tal fin.
III. Medidas de prevención, cooperación y otras medidas
Artículo 10. Información
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 27 y 28 de la Convención
y con miras a lograr los objetivos del presente Protocolo, los Estados Parte, en
particular los que tengan fronteras comunes o estén situados en las rutas de
tráfico ilícito de migrantes, intercambiarán, de conformidad con sus respectivos
ordenamientos jurídicos y administrativos internos, información pertinente sobre
asuntos como:
a) Los lugares de embarque y de destino, así como las rutas, los transportistas
y los medios de transporte a los que, según se sepa o se sospeche, recurren
los grupos delictivos organizados involucrados en las conductas enunciadas en
el artículo 6 del presente Protocolo;
b) La identidad y los métodos de las organizaciones o los grupos
delictivos organizados involucrados o sospechosos de estar involucrados en las
conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo;
c) La autenticidad y la debida forma de los documentos de viaje expedidos
por los Estados Parte, así como todo robo o concomitante utilización
ilegítima de documentos de viaje o de identidad en blanco;62
d) Los medios y métodos utilizados para la ocultación y el transporte de
personas, la alteración, reproducción o adquisición ilícitas o cualquier otra utilización
indebida de los documentos de viaje o de identidad empleados en las
conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo, así como las formas
de detectarlos;
e) Experiencias de carácter legislativo, así como prácticas y medidas
conexas, para prevenir y combatir las conductas enunciadas en el artículo 6 del
presente Protocolo; y
f) Cuestiones científicas y tecnológicas de utilidad para el cumplimiento
de la ley, a fin de reforzar la capacidad respectiva de prevenir, detectar e investigar
las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo y de
enjuiciar a las personas implicadas en ellas.
2. El Estado Parte receptor de dicha información dará cumplimiento a
toda solicitud del Estado Parte que la haya facilitado en el sentido de imponer
restricciones a su utilización.
Artículo 11. Medidas fronterizas
1. Sin perjuicio de los compromisos internacionales relativos a la libre
circulación de personas, los Estados Parte reforzarán, en la medida de lo posible,
los controles fronterizos que sean necesarios para prevenir y detectar el tráfico
ilícito de migrantes.
2. Cada Estado Parte adoptará medidas legislativas u otras medidas apropiadas
para prevenir, en la medida de lo posible, la utilización de medios de
transporte explotados por transportistas comerciales para la comisión del delito
tipificado con arreglo al apartado a) del párrafo 1 del artículo 6 del presente
Protocolo.
3. Cuando proceda y sin perjuicio de las convenciones internacionales
aplicables se preverá, entre esas medidas, la obligación de los transportistas
comerciales, incluidas las empresas de transporte, así como los propietarios o
explotadores de cualquier medio de transporte, de cerciorarse de que todos los
pasajeros tengan en su poder los documentos de viaje requeridos para entrar en
el Estado receptor.
4. Cada Estado Parte adoptará las medidas necesarias, de conformidad
con su derecho interno, para prever sanciones en caso de incumplimiento de la
obligación enunciada en el párrafo 3 del presente artículo.63
5. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar medidas que
permitan, de conformidad con su derecho interno, denegar la entrada o revocar
visados a personas implicadas en la comisión de delitos tipificados con arreglo
al presente Protocolo.
6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27 de la Convención, los
Estados Parte considerarán la posibilidad de reforzar la cooperación entre los
organismos de control fronterizo, en particular, entre otras medidas, estableciendo
y manteniendo conductos de comunicación directos.
Artículo 12. Seguridad y control de los documentos
Cada Estado Parte adoptará, con los medios de que disponga, las medidas
que se requieran para:
a) Garantizar la necesaria calidad de los documentos de viaje o de identidad
que expida a fin de que éstos no puedan con facilidad utilizarse indebidamente
ni falsificarse o alterarse, reproducirse o expedirse de forma ilícita; y
b) Garantizar la integridad y seguridad de los documentos de viaje o de
identidad que expida o que se expidan en su nombre e impedir la creación,
expedición y utilización ilícitas de dichos documentos.
Artículo 13. Legitimidad y validez de los documentos
Cuando lo solicite otro Estado Parte, cada Estado Parte verificará, de conformidad
con su derecho interno y dentro de un plazo razonable, la legitimidad
y validez de los documentos de viaje o de identidad expedidos o presuntamente
expedidos en su nombre y sospechosos de ser utilizados para los fines de las
conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo.
Artículo 14. Capacitación y cooperación técnica
1. Los Estados Parte impartirán a los funcionarios de inmigración y a
otros funcionarios pertinentes capacitación especializada en la prevención de las
conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo y en el trato humano
de los migrantes objeto de esa conducta, respetando sus derechos reconocidos
conforme al presente Protocolo o reforzarán dicha capacitación, según
proceda.
2. Los Estados Parte cooperarán entre sí y con las organizaciones
internacionales competentes, las organizaciones no gubernamentales, otras64
organizaciones pertinentes y demás sectores de la sociedad civil, según proceda,
a fin de garantizar que en sus respectivos territorios se imparta una capacitación
de personal adecuada para prevenir, combatir y erradicar las conductas enunciadas
en el artículo 6 del presente Protocolo, así como proteger los derechos de
los migrantes que hayan sido objeto de esas conductas. Dicha capacitación
incluirá, entre otras cosas:
a) La mejora de la seguridad y la calidad de los documentos de viaje;
b) El reconocimiento y la detección de los documentos de viaje o de
identidad falsificados;
c) La compilación de información de inteligencia criminal, en particular
con respecto a la identificación de los grupos delictivos organizados
involucrados o sospechosos de estar involucrados en las conductas enunciadas
en el artículo 6 del presente Protocolo, los métodos utilizados para transportar
a los migrantes objeto de dicho tráfico, la utilización indebida de documentos
de viaje o de identidad para los fines de las conductas enunciadas en el artículo 6
y los medios de ocultación utilizados en el tráfico ilícito de migrantes;
d) La mejora de los procedimientos para detectar a las personas objeto de
tráfico ilícito en puntos de entrada y salida convencionales y no convencionales;
y
e) El trato humano de los migrantes afectados y la protección de sus
derechos reconocidos conforme al presente Protocolo.
3. Los Estados Parte que tengan conocimientos especializados pertinentes
considerarán la posibilidad de prestar asistencia técnica a los Estados que sean
frecuentemente países de origen o de tránsito de personas que hayan sido objeto
de las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo. Los Estados
Parte harán todo lo posible por suministrar los recursos necesarios, como
vehículos, sistemas de informática y lectores de documentos, para combatir las
conductas enunciadas en el artículo 6.
Artículo 15. Otras medidas de prevención
1. Cada Estado Parte adoptará medidas para cerciorarse de poner en
marcha programas de información o reforzar los ya existentes a fin de que la
opinión pública sea más consciente de que las conductas enunciadas en el
artículo 6 del presente Protocolo son una actividad delictiva que frecuentemente
realizan los grupos delictivos organizados con fines de lucro y que supone graves
riesgos para los migrantes afectados.
2. De conformidad con el artículo 31 de la Convención, los Estados Parte
cooperarán en el ámbito de la información pública a fin de impedir que los
migrantes potenciales lleguen a ser víctimas de grupos delictivos organizados.65
1
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 596, N.° 8638 a 8640.
3. Cada Estado Parte promoverá o reforzará, según proceda, los programas
y la cooperación para el desarrollo en los planos nacional, regional e
internacional, teniendo en cuenta las realidades socioeconómicas de la migración
y prestando especial atención a las zonas económica y socialmente deprimidas,
a fin de combatir las causas socioeconómicas fundamentales del tráfico
ilícito de migrantes, como la pobreza y el subdesarrollo.
Artículo 16. Medidas de protección y asistencia
1. Al aplicar el presente Protocolo, cada Estado Parte adoptará, en consonancia
con sus obligaciones emanadas del derecho internacional, todas las
medidas apropiadas, incluida la legislación que sea necesaria, a fin de preservar
y proteger los derechos de las personas que hayan sido objeto de las conductas
enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo, conforme a las normas aplicables
del derecho internacional, en particular el derecho a la vida y el derecho
a no ser sometido a tortura o a otras penas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes.
2. Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas para otorgar a los
migrantes protección adecuada contra toda violencia que puedan infligirles
personas o grupos por el hecho de haber sido objeto de las conductas enunciadas
en el artículo 6 del presente Protocolo.
3. Cada Estado Parte prestará asistencia apropiada a los migrantes cuya
vida o seguridad se haya puesto en peligro como consecuencia de haber sido
objeto de las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo.
4. Al aplicar las disposiciones del presente artículo, los Estados Parte
tendrán en cuenta las necesidades especiales de las mujeres y los niños.
5. En el caso de la detención de personas que hayan sido objeto de las
conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo, cada Estado Parte
cumplirá las obligaciones contraídas con arreglo a la Convención de Viena sobre
Relaciones Consulares1
, cuando proceda, incluida la de informar sin demora a
la persona afectada sobre las disposiciones relativas a la notificación del personal
consular y a la comunicación con dicho personal.66
Artículo 17. Acuerdos y arreglos
Los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos
bilaterales o regionales o arreglos operacionales con miras a:
a) Adoptar las medidas más apropiadas y eficaces para prevenir y combatir
las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo; o
b) Contribuir conjuntamente a reforzar las disposiciones del presente
Protocolo.
Artículo 18. Repatriación de los migrantes objeto de tráfico ilícito
1. Cada Estado Parte conviene en facilitar y aceptar, sin demora indebida
o injustificada, la repatriación de toda persona que haya sido objeto de las
conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo y que sea nacional
de ese Estado Parte o tuviese derecho de residencia permanente en su territorio
en el momento de la repatriación.
2. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de facilitar y aceptar la
repatriación de una persona que haya sido objeto de las conductas enunciadas
en el artículo 6 del presente Protocolo y que, de conformidad con el derecho
interno, tuviese derecho de residencia permanente en el territorio de ese Estado
Parte en el momento de su entrada en el Estado receptor.
3. A petición del Estado Parte receptor, todo Estado Parte requerido
verificará, sin demora indebida o injustificada, si una persona que ha sido objeto
de las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo es nacional
de ese Estado Parte o tiene derecho de residencia permanente en su territorio.
4. A fin de facilitar la repatriación de toda persona que haya sido objeto
de las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo y que carezca
de la debida documentación, el Estado Parte del que esa persona sea nacional
o en cuyo territorio tenga derecho de residencia permanente convendrá en
expedir, previa solicitud del Estado Parte receptor, los documentos de viaje o
autorización de otro tipo que sean necesarios para que la persona pueda viajar
a su territorio y reingresar en él.
5. Cada Estado Parte que intervenga en la repatriación de una persona
que haya sido objeto de las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente
Protocolo adoptará todas las medidas que proceda para llevar a cabo la repatriación
de manera ordenada y teniendo debidamente en cuenta la seguridad y
dignidad de la persona.67
2
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 189, N.° 2545.
3
Ibíd., vol. 606, N.° 8791.
6. Los Estados Parte podrán cooperar con las organizaciones internacionales
que proceda para aplicar el presente artículo.
7. Las disposiciones del presente artículo no menoscabarán ninguno de
los derechos reconocidos a las personas que hayan sido objeto de las conductas
enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo por el derecho interno del
Estado Parte receptor.
8. Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará a las obligaciones
contraídas con arreglo a cualquier otro tratado bilateral o multilateral aplicable
o a cualquier otro acuerdo o arreglo operacional que rija, parcial o totalmente,
la repatriación de las personas que hayan sido objeto de las conductas enunciadas
en el artículo 6 del presente Protocolo.
IV. Disposiciones finales
Artículo 19. Cláusula de salvaguardia
1. Nada de lo dispuesto en el presente Protocolo afectará a los demás
derechos, obligaciones y responsabilidades de los Estados y las personas con
arreglo al derecho internacional, incluidos el derecho internacional humanitario
y la normativa internacional de derechos humanos y, en particular, cuando sean
aplicables, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 19512
y su
Protocolo de 19673
, así como el principio de non-refoulement consagrado en
dichos instrumentos.
2. Las medidas previstas en el presente Protocolo se interpretarán y aplicarán
de forma que no sea discriminatoria para las personas por el hecho de ser
objeto de las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo. La
interpretación y aplicación de esas medidas estarán en consonancia con los
principios de no discriminación internacionalmente reconocidos.
Artículo 20. Solución de controversias
1. Los Estados Parte procurarán solucionar toda controversia relacionada
con la interpretación o aplicación del presente Protocolo mediante la
negociación.68
2. Toda controversia entre dos o más Estados Parte acerca de la interpretación
o la aplicación del presente Protocolo que no pueda resolverse mediante
la negociación dentro de un plazo razonable deberá, a solicitud de uno de esos
Estados Parte, someterse a arbitraje. Si, seis meses después de la fecha de la
solicitud de arbitraje, esos Estados Parte no han podido ponerse de acuerdo
sobre la organización del arbitraje, cualquiera de esas Partes podrá remitir la
controversia a la Corte Internacional de Justicia mediante solicitud conforme al
Estatuto de la Corte.
3. Cada Estado Parte podrá, en el momento de la firma, ratificación,
aceptación o aprobación del presente Protocolo o de la adhesión a él, declarar
que no se considera vinculado por el párrafo 2 del presente artículo. Los demás
Estados Parte no quedarán vinculados por el párrafo 2 del presente artículo
respecto de todo Estado Parte que haya hecho esa reserva.
4. El Estado Parte que haya hecho una reserva de conformidad con el
párrafo 3 del presente artículo podrá en cualquier momento retirar esa reserva
notificándolo al Secretario General de las Naciones Unidas.
Artículo 21. Firma, ratificación, aceptación,
aprobación y adhesión
1. El presente Protocolo estará abierto a la firma de todos los Estados del
12 al 15 de diciembre de 2000 en Palermo (Italia), y después de esa fecha en la
Sede de las Naciones Unidas en Nueva York hasta el 12 de diciembre de 2002.
2. El presente Protocolo también estará abierto a la firma de las organizaciones
regionales de integración económica siempre que al menos uno de los
Estados miembros de tales organizaciones haya firmado el presente Protocolo de
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo.
3. El presente Protocolo estará sujeto a ratificación, aceptación o aprobación.
Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación se depositarán
en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. Las organizaciones
regionales de integración económica podrán depositar su instrumento de ratificación,
aceptación o aprobación si por lo menos uno de sus Estados miembros
ha procedido de igual manera. En ese instrumento de ratificación, aceptación o
aprobación, esas organizaciones declararán el alcance de su competencia con
respecto a las cuestiones regidas por el presente Protocolo. Dichas organizaciones
comunicarán también al depositario cualquier modificación pertinente del
alcance de su competencia.69
4. El presente Protocolo estará abierto a la adhesión de todos los Estados
u organizaciones regionales de integración económica que cuenten por lo menos
con un Estado miembro que sea Parte en el presente Protocolo. Los instrumentos
de adhesión se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones
Unidas. En el momento de su adhesión, las organizaciones regionales de integración
económica declararán el alcance de su competencia con respecto a las
cuestiones regidas por el presente Protocolo. Dichas organizaciones comunicarán
también al depositario cualquier modificación pertinente del alcance de su
competencia.
Artículo 22. Entrada en vigor
1. El presente Protocolo entrará en vigor el nonagésimo día después de la
fecha en que se haya depositado el cuadragésimo instrumento de ratificación,
aceptación, aprobación o adhesión, a condición de que no entre en vigor antes
de la entrada en vigor de la Convención. A los efectos del presente párrafo, los
instrumentos depositados por una organización regional de integración econó-
mica no se considerarán adicionales a los depositados por los Estados miembros
de tal organización.
2. Para cada Estado u organización regional de integración económica
que ratifique, acepte o apruebe el presente Protocolo o se adhiera a él después
de haberse depositado el cuadragésimo instrumento de ratificación, aceptación,
aprobación o adhesión, el presente Protocolo entrará en vigor el trigésimo día
después de la fecha en que ese Estado u organización haya depositado el instrumento
pertinente o en la fecha de su entrada en vigor con arreglo al párrafo 1
del presente artículo, si ésta es posterior.
Artículo 23. Enmienda
1. Cuando hayan transcurrido cinco años desde la entrada en vigor del
presente Protocolo, los Estados Parte podrán proponer enmiendas por escrito al
Secretario General de las Naciones Unidas, quien a continuación comunicará
toda enmienda propuesta a los Estados Parte y a la Conferencia de las Partes en
la Convención para que la examinen y decidan al respecto. Los Estados Parte
en el presente Protocolo reunidos en la Conferencia de las Partes harán todo lo
posible por lograr un consenso sobre cada enmienda. Si se han agotado todas
las posibilidades de lograr un consenso y no se ha llegado a un acuerdo, la
aprobación de la enmienda exigirá, en última instancia, una mayoría de dos
tercios de los Estados Parte en el presente Protocolo presentes y votantes en la
sesión de la Conferencia de las Partes.70
2. Las organizaciones regionales de integración económica, en asuntos de
su competencia, ejercerán su derecho de voto con arreglo al presente artículo
con un número de votos igual al número de sus Estados miembros que sean
Partes en el presente Protocolo. Dichas organizaciones no ejercerán su derecho
de voto si sus Estados miembros ejercen el suyo, y viceversa.
3. Toda enmienda aprobada de conformidad con el párrafo 1 del presente
artículo estará sujeta a ratificación, aceptación o aprobación por los Estados
Parte.
4. Toda enmienda refrendada de conformidad con el párrafo 1 del presente
artículo entrará en vigor respecto de un Estado Parte noventa días después de la
fecha en que éste deposite en poder del Secretario General de las Naciones Unidas
un instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de esa enmienda.
5. Cuando una enmienda entre en vigor, será vinculante para los Estados
Parte que hayan expresado su consentimiento al respecto. Los demás Estados
Parte quedarán sujetos a las disposiciones del presente Protocolo, así como a
cualquier otra enmienda anterior que hubiesen ratificado, aceptado o aprobado.
Artículo 24. Denuncia
1. Los Estados Parte podrán denunciar el presente Protocolo mediante
notificación escrita al Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia
surtirá efecto un año después de la fecha en que el Secretario General haya
recibido la notificación.
2. Las organizaciones regionales de integración económica dejarán de ser
Partes en el presente Protocolo cuando lo hayan denunciado todos sus Estados
miembros.
Artículo 25. Depositario e idiomas
1. El Secretario General de las Naciones Unidas será el depositario del
presente Protocolo.
2. El original del presente Protocolo, cuyos textos en árabe, chino,
español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder
del Secretario General de las Naciones Unidas.
EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente
autorizados por sus respectivos gobiernos, han firmado el presente Protocolo.71
Resolución 55/255 de la Asamblea General,
de 31 de mayo de 2001
Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos
de armas de fuego, sus piezas y componentes
y municiones, que complementa
la Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional
La Asamblea General,
Recordando su resolución 53/111, de 9 de diciembre de 1998, en la que
decidió establecer un comité especial intergubernamental de composición abierta
con la finalidad de elaborar una convención internacional amplia contra la
delincuencia organizada transnacional y de examinar, si procedía, la posibilidad
de elaborar instrumentos internacionales sobre la trata de mujeres y niños, la
lucha contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y
componentes y municiones, y el tráfico y el transporte ilícitos de migrantes,
incluso por mar,
Recordando también su resolución 54/126, de 17 de diciembre de 1999, en
la que pidió al Comité Especial encargado de elaborar una convención contra
la delincuencia organizada transnacional que prosiguiera sus trabajos, de conformidad
con las resoluciones 53/111 y 53/114, de 9 de diciembre de 1998, y que
intensificara esa labor a fin de terminarla en el año 2000,
Recordando además su resolución 55/25, de 15 de noviembre de 2000, en
la que aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional, el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la
trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención
de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional,
y el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que
complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional,
Reafirmando el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva,
reconocido en el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, que
entraña que los Estados también tienen derecho a adquirir armas para72
1
A/55/383/Add.2.
defenderse, así como el derecho de libre determinación de todos los pueblos, en
particular de los pueblos sometidos a ocupación colonial o a otras formas de
ocupación o dominación extranjera o foránea, y la importancia de la realización
efectiva de ese derecho,
1. Toma nota del informe del Comité Especial encargado de elaborar una
convención contra la delincuencia organizada transnacional sobre su 12.° período
de sesiones1
y elogia al Comité Especial por la labor realizada;
2. Aprueba el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas
de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención
de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional,
que figura como anexo de la presente resolución, y lo declara abierto a la firma
en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York;
3. Insta a todos los Estados y las organizaciones económicas regionales a
que firmen y ratifiquen lo antes posible la Convención de las Naciones Unidas
contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos, a fin de
lograr su rápida entrada en vigor.73
1
Resolución 2625 (XXV) anexo.
Anexo
Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos
de armas de fuego, sus piezas y componentes
y municiones, que complementa
la Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional
Preámbulo
Los Estados Parte en el presente Protocolo,
Conscientes de la urgente necesidad de prevenir, combatir y erradicar la
fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y
municiones, a causa de los efectos perjudiciales de estas actividades para la
seguridad de cada Estado y región y del mundo en general, que ponen en
peligro el bienestar de los pueblos, su desarrollo económico y social y su derecho
a vivir en paz,
Convencidos, por tanto, de la necesidad de que los Estados adopten todas
las medidas apropiadas a tal fin, incluidas medidas de cooperación internacional
y de otra índole en los planos regional y mundial,
Recordando la resolución 53/111 de la Asamblea General, de 9 de diciembre
de 1998, en la que la Asamblea decidió establecer un comité especial
intergubernamental de composición abierta con la finalidad de elaborar una
convención internacional amplia contra la delincuencia organizada
transnacional y de examinar la posibilidad de elaborar, entre otras cosas, un
instrumento internacional contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de
fuego, sus piezas y componentes y municiones,
Teniendo presentes los principios de igualdad de derechos y de libre determinación
de los pueblos, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y en
la Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las
relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con
la Carta de las Naciones Unidas1
,74
Convencidos de que complementar la Convención de las Naciones Unidas
contra la Delincuencia Organizada Transnacional con un instrumento internacional
contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas
y componentes y municiones será de utilidad para prevenir y combatir esos
delitos,
Han acordado lo siguiente:
I. Disposiciones generales
Artículo 1. Relación con la Convención de las Naciones Unidas
contra la Delincuencia Organizada Transnacional
1. El presente Protocolo complementa la Convención de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y se interpretará
juntamente con la Convención.
2. Las disposiciones de la Convención se aplicarán mutatis mutandis al
presente Protocolo, a menos que en él se disponga otra cosa.
3. Los delitos tipificados con arreglo al artículo 5 del presente Protocolo
se considerarán delitos tipificados con arreglo a la Convención.
Artículo 2. Finalidad
La finalidad del presente Protocolo es promover, facilitar y reforzar la
cooperación entre los Estados Parte con el propósito de prevenir, combatir y
erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y
componentes y municiones.
Artículo 3 Definiciones
Para los fines del presente Protocolo:
a) Por “arma de fuego” se entenderá toda arma portátil que tenga cañón
y que lance, esté concebida para lanzar o pueda transformarse fácilmente para
lanzar un balín, una bala o un proyectil por la acción de un explosivo, excluidas
las armas de fuego antiguas o sus réplicas. Las armas de fuego antiguas y sus
réplicas se definirán de conformidad con el derecho interno. En ningún caso,
sin embargo, podrán incluir armas de fuego fabricadas después de 1899;75
b) Por “piezas y componentes” se entenderá todo elemento o elemento de
repuesto específicamente concebido para un arma de fuego e indispensable para
su funcionamiento, incluidos el cañón, la caja o el cajón, el cerrojo o el tambor,
el cierre o el bloqueo del cierre y todo dispositivo concebido o adaptado para
disminuir el sonido causado por el disparo de un arma de fuego;
c) Por “municiones” se entenderá el cartucho completo o sus componentes,
entre ellos las vainas, los cebos, la carga propulsora, las balas o proyectiles
utilizados en las armas de fuego, siempre que esos componentes estén de
por sí sujetos a autorización en el respectivo Estado Parte;
d) Por “fabricación ilícita” se entenderá la fabricación o el montaje de
armas de fuego, sus piezas y componentes o municiones:
i) A partir de piezas y componentes que hayan sido objeto de
tráfico ilícito;
ii) Sin licencia o autorización de una autoridad competente del
Estado Parte en que se realice la fabricación o el montaje; o
iii) Sin marcar las armas de fuego en el momento de su fabricación,
de conformidad con el artículo 8 del presente Protocolo;
La concesión de licencia o autorización respecto de la fabricación de piezas y
componentes se hará de conformidad con el derecho interno;
e) Por “tráfico ilícito” se entenderá la importación, exportación, adquisición,
venta, entrega, traslado o transferencia de armas de fuego, sus piezas y
componentes y municiones desde o a través del territorio de un Estado Parte al
de otro Estado Parte si cualquiera de los Estados Parte interesados no lo autoriza
conforme a lo dispuesto en el presente Protocolo o si las armas de fuego no han
sido marcadas conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del presente Protocolo;
f) Por “localización” se entenderá el rastreo sistemático de las armas de
fuego y, de ser posible, de sus piezas y componentes y municiones, desde el
fabricante al comprador, con el fin de ayudar a las autoridades competentes de
los Estados Parte a detectar, investigar y analizar la fabricación y el tráfico
ilícitos.
Artículo 4. Ámbito de aplicación
1. A menos que contenga una disposición en contrario, el presente
Protocolo se aplicará a la prevención de la fabricación y el tráfico ilícitos de
armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones y a la investigación y
el enjuiciamiento de los delitos tipificados con arreglo al artículo 5 del presente
Protocolo cuando esos delitos sean de carácter transnacional y entrañen la
participación de un grupo delictivo organizado.76
2. El presente Protocolo no se aplicará a las transacciones entre Estados
ni a las transferencias estatales cuando la aplicación del Protocolo pudiera perjudicar
el derecho de un Estado Parte a adoptar medidas en aras de la seguridad
nacional en consonancia con la Carta de las Naciones Unidas.
Artículo 5. Penalización
1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas o de otra índole
que sean necesarias para tipificar como delito las siguientes conductas, cuando
se cometan intencionalmente:
a) La fabricación ilícita de armas de fuego, sus piezas y componentes y
municiones;
b) El tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y componentes y
municiones;
c) La falsificación o la obliteración, supresión o alteración ilícitas de la(s)
marca(s) de un arma de fuego requerida(s) de conformidad con el artículo 8 del
presente Protocolo.
2. Cada Estado Parte adoptará asimismo las medidas legislativas y de otra
índole que sean necesarias para tipificar como delito las siguientes conductas:
a) Con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico, la
tentativa de comisión de un delito tipificado con arreglo al párrafo 1 del
presente artículo o la participación en él como cómplice; y
b) La organización, dirección, ayuda, incitación, facilitación o asesoramiento
para la comisión de un delito tipificado con arreglo al párrafo 1 del
presente artículo.
Artículo 6. Decomiso, incautación y disposición
1. A reserva de lo dispuesto en el artículo 12 de la Convención, los
Estados Parte adoptarán, en la mayor medida posible de conformidad con su
ordenamiento jurídico interno, las medidas que sean necesarias para permitir el
decomiso de las armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones que
hayan sido objeto de fabricación o tráfico ilícitos.
2. Los Estados Parte adoptarán, de conformidad con su ordenamiento
jurídico interno, las medidas necesarias para impedir que las armas de fuego, sus
piezas y componentes y municiones que hayan sido objeto de fabricación o
tráfico ilícitos caigan en manos de personas no autorizadas, en particular
mediante la incautación y destrucción de esas armas de fuego, sus piezas y77
componentes y municiones, a menos que se haya autorizado oficialmente otra
forma de disposición, siempre y cuando se hayan marcado las armas de fuego
y se hayan registrado los métodos para la disposición de esas armas de fuego y
municiones.
II. Prevención
Artículo 7. Registros
Cada Estado Parte garantizará el mantenimiento, por un período no inferior
a diez años, de la información relativa a las armas de fuego y, cuando sea
apropiado y factible, de la información relativa a sus piezas y componentes y
municiones que sea necesaria para localizar e identificar las armas de fuego y,
cuando sea apropiado y factible, sus piezas y componentes y municiones que
hayan sido objeto de fabricación o tráfico ilícitos, así como para evitar y detectar
esas actividades. Esa información incluirá:
a) Las marcas pertinentes requeridas de conformidad con el artículo 8 del
presente Protocolo;
b) En los casos que entrañen transacciones internacionales con armas de
fuego, sus piezas y componentes y municiones, las fechas de emisión y expiración
de las licencias o autorizaciones correspondientes, el país de exportación,
el país de importación, los países de tránsito, cuando proceda, y el receptor
final, así como la descripción y la cantidad de los artículos.
Artículo 8. Marcación de las armas de fuego
1. A los efectos de identificar y localizar cada arma de fuego, los Estados
Parte:
a) En el momento de la fabricación de cada arma de fuego exigirán que
ésta sea marcada con una marca distintiva que indique el nombre del fabricante,
el país o lugar de fabricación y el número de serie, o mantendrán cualquier otra
marca distintiva y fácil de emplear que ostente símbolos geométricos sencillos,
junto con un código numérico y/o alfanumérico, y que permita a todos los
Estados Parte identificar sin dificultad el país de fabricación;
b) Exigirán que se aplique a toda arma de fuego importada una marca
sencilla y apropiada que permita identificar el país de importación y, de ser
posible, el año de ésta, y permita asimismo a las autoridades competentes de ese
país localizar el arma de fuego, así como una marca distintiva, si el arma de
fuego no la lleva. Los requisitos del presente apartado no tendrán que aplicarse
a la importación temporal de armas de fuego con fines lícitos verificables;78
c) Velarán por que, en el momento en que se transfiera un arma de fuego
de las existencias estatales a la utilización civil con carácter permanente, se
aplique a dicha arma la marca distintiva apropiada que permita a todos los
Estados Parte identificar el país que realiza la transferencia.
2. Los Estados Parte alentarán a la industria de fabricación de armas de
fuego a formular medidas contra la supresión o la alteración de las marcas.
Artículo 9. Desactivación de las armas de fuego
Todo Estado Parte que, de conformidad con su derecho interno, no reconozca
como arma de fuego un arma desactivada adoptará las medidas que sean
necesarias, incluida la tipificación de delitos específicos, si procede, a fin de
prevenir la reactivación ilícita de las armas de fuego desactivadas, en consonancia
con los siguientes principios generales de desactivación:
a) Todas las piezas esenciales de un arma de fuego desactivada se tornarán
permanentemente inservibles y no susceptibles de ser retiradas, sustituidas o
modificadas de cualquier forma que pueda permitir su reactivación;
b) Se adoptarán disposiciones para que una autoridad competente verifique,
cuando proceda, las medidas de desactivación a fin de garantizar que las
modificaciones aportadas al arma de fuego la inutilizan permanentemente;
c) La verificación por una autoridad competente comprenderá la expedición
de un certificado o la anotación en un registro en que se haga constar la
desactivación del arma de fuego o la inclusión de una marca a esos efectos
claramente visible en el arma de fuego.
Artículo 10. Requisitos generales para sistemas de licencias
o autorizaciones de exportación, importación y tránsito
1. Cada Estado Parte establecerá o mantendrá un sistema eficaz de licencias
o autorizaciones de exportación e importación, así como de medidas aplicables
al tránsito internacional, para la transferencia de armas de fuego, sus
piezas y componentes y municiones.
2. Antes de emitir licencias o autorizaciones de exportación para la expedición
de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, cada Estado
Parte se asegurará de que:79
a) Los Estados importadores hayan emitido las correspondientes licencias
o autorizaciones; y
b) Los Estados de tránsito hayan al menos comunicado por escrito, con
anterioridad a la expedición, que no se oponen al tránsito, sin perjuicio de los
acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales destinados a favorecer a los
Estados sin litoral.
3. La licencia o autorización de exportación e importación y la documentación
que la acompañe contendrán conjuntamente información que, como
mínimo, comprenda el lugar y la fecha de emisión, la fecha de expiración, el país
de exportación, el país de importación, el destinatario final, una descripción y
la cantidad de las armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones y,
cuando haya tránsito, los países de tránsito. La información contenida en la
licencia de importación deberá facilitarse a los Estados de tránsito con
antelación.
4. El Estado Parte importador notificará al Estado Parte exportador,
previa solicitud, la recepción de las remesas de armas de fuego, sus piezas y
componentes y municiones que le hayan sido enviadas.
5. Cada Estado Parte adoptará, dentro de sus posibilidades, las medidas
necesarias para garantizar que los procedimientos de licencia o autorización sean
seguros y que la autenticidad de los documentos de licencia o autorización
pueda ser verificada o validada.
6. Los Estados Parte podrán adoptar procedimientos simplificados para la
importación y exportación temporales y para el tránsito de armas de fuego, sus
piezas y componentes y municiones para fines lícitos verificables, tales como
cacerías, prácticas de tiro deportivo, pruebas, exposiciones o reparaciones.
Artículo 11. Medidas de seguridad y prevención
A fin de detectar, prevenir y eliminar el robo, la pérdida o la desviación,
así como la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y
componentes y municiones, cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas
para:
a) Exigir que se garantice la seguridad de las armas de fuego, sus piezas
y componentes y municiones en el curso de su fabricación, de su importación
y exportación y de su tránsito a través de su territorio; y
b) Aumentar la eficacia de los controles de importación, exportación y
tránsito, incluidos, cuando proceda, los controles fronterizos, así como de la
cooperación transfronteriza entre los servicios policiales y aduaneros.80
Artículo 12. Información
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 27 y 28 de la Convención,
los Estados Parte intercambiarán, de conformidad con sus respectivos
ordenamientos jurídicos y administrativos internos, información pertinente para
cada caso específico sobre cuestiones como los fabricantes, agentes comerciales,
importadores y exportadores y, de ser posible, transportistas autorizados de
armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 27 y 28 de la Convención,
los Estados Parte intercambiarán, de conformidad con sus respectivos
ordenamientos jurídicos y administrativos internos, información pertinente
sobre cuestiones como:
a) Los grupos delictivos organizados efectiva o presuntamente
involucrados en la fabricación o el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas
y componentes y municiones;
b) Los medios de ocultación utilizados en la fabricación o el tráfico
ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, así como las
formas de detectarlos;
c) Los métodos y medios, los lugares de expedición y de destino y las
rutas que habitualmente utilizan los grupos delictivos organizados que participan
en el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y componentes y
municiones; y
d) Experiencias de carácter legislativo, así como prácticas y medidas
conexas, para prevenir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de
armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones.
3. Los Estados Parte se facilitarán o intercambiarán, según proceda, toda
información científica y tecnológica pertinente que sea de utilidad para las
autoridades encargadas de hacer cumplir la ley a fin de reforzar mutuamente su
capacidad de prevenir, detectar e investigar la fabricación y el tráfico ilícitos de
armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones y de enjuiciar a las
personas involucradas en esas actividades ilícitas.
4. Los Estados Parte cooperarán en la localización de las armas de fuego,
sus piezas y componentes y municiones que puedan haber sido objeto de fabricación
o tráfico ilícitos. Esa cooperación incluirá la respuesta rápida de los
Estados Parte a toda solicitud de asistencia para localizar esas armas de fuego,
sus piezas y componentes y municiones, dentro de los medios disponibles.
5. Con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico o a
cualesquiera acuerdos internacionales, cada Estado Parte garantizará la81
confidencialidad y acatará las restricciones impuestas a la utilización de toda
información que reciba de otro Estado Parte de conformidad con el presente
artículo, incluida información de dominio privado sobre transacciones comerciales,
cuando así lo solicite el Estado Parte que facilita la información. Si no
es posible mantener la confidencialidad, antes de revelar la información se dará
cuenta de ello al Estado Parte que la facilitó.
Artículo 13. Cooperación
1. Los Estados Parte cooperarán en los planos bilateral, regional e internacional
a fin de prevenir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos
de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 13 del artículo 18 de la
Convención, cada Estado Parte designará un órgano nacional o un punto de
contacto central encargado de mantener el enlace con los demás Estados
Parte en toda cuestión relativa al presente Protocolo.
3. Los Estados Parte procurarán obtener el apoyo y la cooperación de los
fabricantes, agentes comerciales, importadores, exportadores, corredores y transportistas
comerciales de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones,
a fin de prevenir y detectar las actividades ilícitas mencionadas en el párrafo
1 del presente artículo.
Artículo 14. Capacitación y asistencia técnica
Los Estados Parte cooperarán entre sí y con las organizaciones internacionales
pertinentes, según proceda, a fin de que los Estados Parte que lo soliciten
reciban la formación y asistencia técnica requeridas para reforzar su capacidad
de prevenir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de
fuego, sus piezas y componentes y municiones, incluida la asistencia técnica,
financiera y material que proceda en las cuestiones enunciadas en los artículos
29 y 30 de la Convención.
Artículo 15. Corredores y corretaje
1. Con miras a prevenir y combatir la fabricación y el tráfico ilícitos de
armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, los Estados Parte que
aún no lo hayan hecho considerarán la posibilidad de establecer un sistema de
reglamentación de las actividades de las personas dedicadas al corretaje. Ese
sistema podría incluir una o varias de las siguientes medidas:82
a) Exigir la inscripción en un registro de los corredores que actúen en su
territorio;
b) Exigir una licencia o autorización para el ejercicio del corretaje; o
c) Exigir que en las licencias o autorizaciones de importación y de exportación,
o en la documentación adjunta a la mercancía, se consigne el nombre
y la ubicación de los corredores que intervengan en la transacción.
2. Se alienta a los Estados Parte que hayan establecido un sistema de
autorización de las operaciones de corretaje como el descrito en el párrafo 1 del
presente artículo a que incluyan datos sobre los corredores y las operaciones de
corretaje en sus intercambios de información efectuados con arreglo al
artículo 12 del presente Protocolo y a que mantengan un registro de corredores
y de las operaciones de corretaje conforme a lo previsto en el artículo 7 del
presente Protocolo.
III. Disposiciones finales
Artículo 16. Solución de controversias
1. Los Estados Parte procurarán solucionar toda controversia relacionada
con la interpretación o aplicación del presente Protocolo mediante la
negociación.
2. Toda controversia entre dos o más Estados Parte acerca de la interpretación
o la aplicación del presente Protocolo que no pueda resolverse mediante
la negociación dentro de un plazo razonable deberá, a solicitud de uno de esos
Estados Parte, someterse a arbitraje. Si, seis meses después de la fecha de la
solicitud de arbitraje, esos Estados Parte no han podido ponerse de acuerdo
sobre la organización del arbitraje, cualquiera de esas Partes podrá remitir la
controversia a la Corte Internacional de Justicia mediante solicitud conforme al
Estatuto de la Corte.
3. Cada Estado Parte podrá, en el momento de la firma, ratificación,
aceptación o aprobación del presente Protocolo o de la adhesión a él, declarar
que no se considera vinculado por el párrafo 2 del presente artículo. Los demás
Estados Parte no quedarán vinculados por el párrafo 2 del presente artículo
respecto de todo Estado Parte que haya hecho esa reserva.
4. El Estado Parte que haya hecho una reserva de conformidad con el
párrafo 3 del presente artículo podrá en cualquier momento retirar esa reserva
notificándolo al Secretario General de las Naciones Unidas.83
Artículo 17. Firma, ratificación, aceptación,
aprobación y adhesión
1. El presente Protocolo estará abierto a la firma de todos los Estados en
la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York desde el trigésimo día después
de su aprobación por la Asamblea General hasta el 12 de diciembre de 2002.
2. El presente Protocolo también estará abierto a la firma de las organizaciones
regionales de integración económica siempre que al menos uno de los
Estados miembros de tales organizaciones haya firmado el presente Protocolo de
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo.
3. El presente Protocolo estará sujeto a ratificación, aceptación o aprobación.
Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación se depositarán
en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. Las organizaciones
regionales de integración económica podrán depositar su instrumento de ratificación,
aceptación o aprobación si por lo menos uno de sus Estados miembros
ha procedido de igual manera. En ese instrumento de ratificación, aceptación o
aprobación, esas organizaciones declararán el alcance de su competencia con
respecto a las cuestiones regidas por el presente Protocolo. Dichas organizaciones
comunicarán también al depositario cualquier modificación pertinente del
alcance de su competencia.
4. El presente Protocolo estará abierto a la adhesión de todos los Estados
u organizaciones regionales de integración económica que cuenten por lo menos
con un Estado miembro que sea Parte en el presente Protocolo. Los instrumentos
de adhesión se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones
Unidas. En el momento de su adhesión, las organizaciones regionales de integración
económica declararán el alcance de su competencia con respecto a las
cuestiones regidas por el presente Protocolo. Dichas organizaciones comunicarán
también al depositario cualquier modificación pertinente del alcance de su
competencia.
Artículo 18. Entrada en vigor
1. El presente Protocolo entrará en vigor el nonagésimo día después de la
fecha en que se haya depositado el cuadragésimo instrumento de ratificación,
aceptación, aprobación o adhesión, a condición de que no entre en vigor antes
de la entrada en vigor de la Convención. A los efectos del presente párrafo, los
instrumentos depositados por una organización regional de integración econó-
mica no se considerarán adicionales a los depositados por los Estados miembros
de tal organización.84
2. Para cada Estado u organización regional de integración económica
que ratifique, acepte o apruebe el presente Protocolo o se adhiera a él después
de haberse depositado el cuadragésimo instrumento de ratificación, aceptación,
aprobación o adhesión, el presente Protocolo entrará en vigor el trigésimo día
después de la fecha en que ese Estado u organización haya depositado el instrumento
pertinente o en la fecha de su entrada en vigor con arreglo al párrafo 1
del presente artículo, si ésta es posterior.
Artículo 19. Enmienda
1. Cuando hayan transcurrido cinco años desde la entrada en vigor del
presente Protocolo, los Estados Parte podrán proponer enmiendas por escrito al
Secretario General de las Naciones Unidas, quien a continuación comunicará
toda enmienda propuesta a los Estados Parte y a la Conferencia de las Partes en
la Convención para que la examinen y decidan al respecto. Los Estados Parte
en el presente Protocolo reunidos en la Conferencia de las Partes harán todo lo
posible por lograr un consenso sobre cada enmienda. Si se han agotado todas
las posibilidades de lograr un consenso y no se ha llegado a un acuerdo, la
aprobación de la enmienda exigirá, en última instancia, una mayoría de dos
tercios de los Estados Parte en el presente Protocolo presentes y votantes en la
sesión de la Conferencia de las Partes.
2. Las organizaciones regionales de integración económica, en asuntos de
su competencia, ejercerán su derecho de voto con arreglo al presente artículo
con un número de votos igual al número de sus Estados miembros que sean
Partes en el presente Protocolo. Dichas organizaciones no ejercerán su derecho
de voto si sus Estados miembros ejercen el suyo, y viceversa.
3. Toda enmienda aprobada de conformidad con el párrafo 1 del presente
artículo estará sujeta a ratificación, aceptación o aprobación por los Estados
Parte.
4. Toda enmienda refrendada de conformidad con el párrafo 1 del
presente artículo entrará en vigor respecto de un Estado Parte noventa días
después de la fecha en que éste deposite en poder del Secretario General de las
Naciones Unidas un instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de
esa enmienda.
5. Cuando una enmienda entre en vigor, será vinculante para los Estados
Parte que hayan expresado su consentimiento al respecto. Los demás Estados
Parte quedarán sujetos a las disposiciones del presente Protocolo, así como a
cualquier otra enmienda anterior que hubiesen ratificado, aceptado o aprobado.85
Artículo 20. Denuncia
1. Los Estados Parte podrán denunciar el presente Protocolo mediante
notificación escrita al Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia
surtirá efecto un año después de la fecha en que el Secretario General haya
recibido la notificación.
2. Las organizaciones regionales de integración económica dejarán de ser
Partes en el presente Protocolo cuando lo hayan denunciado todos sus Estados
miembros.
Artículo 21. Depositario e idiomas
1. El Secretario General de las Naciones Unidas será el depositario del
presente Protocolo.
2. El original del presente Protocolo, cuyos textos en árabe, chino,
español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder
del Secretario General de las Naciones Unidas.
EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente
autorizados por sus respectivos gobiernos, han firmado el presente Protocolo.

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