Empezó el primer juicio oral por talleres textiles esclavos en Capital Federal

Donde se realiza el juicio

Este martes inició la primer audiencia del primer juicio oral y público por talleres textiles esclavos en Capital Federal denunciados por la Alameda junto a la Defensoría del Pueblo porteña. En la sede de los tribunales federales, más precisamente en el SUM del subsuelo de av Comodoro Py 2002, se inició tras ocho años de causa judicial el juicio que involucra a 14 personas en su rol de talleristas (capataces de nacionalidad coreana, boliviana y una argentina) que producían en talleres esclavos del sudeste de la Capital Federal, y a la que se sumó otra causa 1959, “Reparaz Fiori, Andrea Mariana Beatriz s/ reducción a la servidumbre” del año 2009 que involucra a una argentina intermediaria de un taller esclavo que producía la marca Kosiuko.
El Tribunal Oral Nº 6 que ayer estuvo presidido por María del Carmen Roqueta, y que integran Julio Panelo, y José V. Martínez, se dedicó a leer los autos de elevación a juicio oral redactado por el juez federal de primera instancia Julian Ercolini, y el fiscal Jorge Di Lello que lo había solicitado el último día hábil del 2008.
Tres imputados están prófugos y por los once imputados presentes ninguno aceptó la indagatoria ofrecida por el Tribunal Oral. Todos por ahora se llamaron a silencio. Sí por algunos imputados se leyó sus testimoniales ante el juez de primera instancia. Las marcas de ropa Montagne, Rusty y Lacar (hoy cooperativa de trabajadores) proveedores de los talleres esclavos no se encuentran involucrados en el juicio oral.

Impidiendo el allanamiento Remedio Flores alarcón detrás su esposo Juan Carlos Salazar Nina

Impide el allanamiento Flores Alarcón detrás su esposo Salazar Nina

En la la sala de audiencia no había ningún medio de comunicación. Solo cuatro parientes de los imputados y miembros de la Fundación Alameda. Toda la jornada fue filmada y grabada su audio. El titular de la fiscalía oral N° 5 Horacio Asolin y estuvo presente junto a su secretaria pero no tuvo protagonismo en la audiencia.
Desde el tribunal oral se le consultó a cada imputado que pasaba al frente donde vive, por su trabajo, los datos familiares y su estado de salud.
Todos los abogados defensores se plegaron al pedido de acceder a los legajos reservados. El fiscal Asorin no se opuso a la solicitad de las defensas pero pidió resguardar la identidad delos testigos hasta que decidan los jueces el momento de revelar la información.
Es conocida en las causas de la Alameda el secuestro de testigos, amenazas de muerte y los reiterados atentados que han sufrido los integrantes de la Alameda por denunciar a las mafias de la trata y esclavitud laboral que cuentan en reiterados casos con complicidad de los funcionarios policiales, políticos y judiciales.
Ninguno de los imputados pudo dejar claro que su trabajo sustenta su vivienda. Muchos hablaron de changas, sin trabajo u otros oficios pero a la hora del pago de alquileres excedían sus ingresos. Se mostraban como personas humildas pero en los allanamientos a sus talleres contaban con decenas de maquinas.
Hoy miércoles la audiencia leyó la elevación a juicio por tres talleristas de nacionales coreana. el juicio se reanuda el próximo martes. Darán testimonio el titular de la Alameda, Gustavo Vera, el cónsul de Bolivia, la defensora del pueblo porteña Alicia Pierini, el ex subsecretario de trabajo, Alejandro Pereyra que investigó a Kosiuko.

Taller esclavo detrás de la comisaría 40

Taller esclavo detrás de la comisaría 40

La caratula de la causa es Juan Carlos Salazar Nina (dueño del taller detrás de la comisaría 40 en la calle Eugenio Garzón 3853, barrio Parque Avellaneda) por reducción a la servidumbre art. 140 CP (mínimo 4 años y máximo 15 años) y como al resto se le imputa violación a la ley federal de Migraciones artículo 117 con sus agravantes que tiene penas que van de 1 a 6 años,y agravado por los arts. 120 y 121 de la Ley N° 25.871 (Ley de Migraciones),

En total está previsto el testimonio de 150 personas.

Salzar Nina y Flores Alarcon fueron denunciados en diciembre de 2012 por la Alameda y la secretaria de DDHH de la CGT, a cargo de Julio Piumato, porque en el taller de Eugenio Garzón 3853 seguía cometiendo los mismos delitos del 2005. La jueza federal Romilda Servini de Cubria le otorgó a los imputados el sobresimiento.

LOS IMPUTADOS:

Andrea Mariana Beatriz Repara Fiori, intermediaria de Kosiuko

Han Ki Gone

Kim Ki Ja

Sung Ho Han

Julio Parisaca Cocarico

Rosa Amalia Cancari Nani
Martin Fernandez Llanos
Juan Carlos Salazar Nina
Remedios Flores Alarcón
Esteban Mario Lucano Choque
Lucio Huanca Calisaya

Gustavo Vera y Julio Piumato en el escrache de diciembre 2012
Gustavo Vera y Julio Piumato en el escrache de diciembre 2012

ORIGEN DEL JUICIO ORAL

Los talleres de Salazar Nina y Flores fueron los primeros denunciados por la Alameda junto a la Defensoria del Pueblo porteña en octubre de 2005. Una decena de costureros que habían sido explotados en los talleres de Eugenio Garzón 3853 y Laguna 940 denunciaban que los habían traído engañados de Bolivia, que los obligaban a trabajar entre 14 y 16 horas por una miserable paga, que no los dejaban salir del taller y que los talleristas estaban arreglados con la comisaria N° 40, ubicada justo detrás de la sede policial. Los dos talleres esclavos confeccionaban para las marcas Lacar y Montagne, las dos primeras de las 106 que serian denunciadas por los mismos delitos.

A fines de octubre del 2005 el Juzgado Federal Norberto Oyarbide allanó los dos talleres y las oficinas de las dos marcas denunciadas. Pero al mes se declaró incompetente y pretendió pasar la causa a un tribunal inferior. Al año siguiente, la Cámara Federal de Apelaciones le revocó el fallo de primera instancia y le ordenó a Oyarbide no sólo continuar investigando este caso, sino además sumar en esa causa a todas las marcas y talleres que fueron denunciados en el ámbito de la Capital Federal por delitos similares. Fue así que nació la megacausa contra el trabajo esclavo donde hoy hay denunciadas 106 marcas y más de seiscientos talleres clandestinos con trabajo esclavo.

En mayo de 2007, Oyarbide vuelve a allanar los talleres clandestinos de Salazar Nina y Remedios Flores junto a otra docena de talleres. Al poco tiempo resuelve procesar a los talleristas por reducción a la servidumbre y explotación de indocumentados. La Cámara Federal confirma el fallo y eleva las actuaciones al Tribunal Oral Nº 6 que ya va a cumplir cinco años de demora en comenzar el debate oral.

Mientras algunos de los talleristas procesados se dieron a la fuga, Salazar Nina y Remedios Flores no tuvieron empacho en rearmar el taller clandestino con trabajo esclavo exactamente en la misma casa donde fue allanado y procesado. Parece no importarles su situación judicial y que estén en las vísperas del juicio oral. Más aún, eligieron reiniciar sus actividades en el taller de Garzón 3853, cuyos fondos dan directamente al patio de la comisaria 40.

La Alameda a mediados de diciembre volvió a infiltrarse en el taller haciéndose pasar por gente en situación de vulnerabilidad que buscaba desesperadamente empleo lograron entrar y filmar con cámara oculta al taller de Garzón 3853. Los atendió la procesada Remedios Flores, quien les explicó que en ese taller se pagaban 3 pesos por prenda, que las jornadas eran como mínimo de 14 horas y que muchos costureros estaban allí con cama adentro. A Remedios Flores y su cónyuge Salazar Nina, parece no importarles pagar la mitad del sueldo mínimo imponer una jornada que excede el máximo legal permitido y auspiciar la contratación informar de migrantes en situación irregular. Los mismos hechos por los que hace siete años son juzgados, son los que ahora replican mientras esperan el juicio oral.

El caso Salazar Nina y Remedios Flores que comenzó a develar la trama del trabajo esclavo en la industria textil, incluso antes del incendio en el taller esclavo de la calle Luis Viale donde murieron dos costureros y cuatro niños, muestra de cuerpo entero la impunidad de la que gozan los esclavistas cuando la justicia es lenta y cuando no se incautan los bienes del delito.

Como contrapartida en el 2007, el juez federal Sergio Torres allanó un taller esclavo en el barrio de Parque Patricios donde también procesó a los talleristas y fabricantes. Pero en este caso resolvió en tres meses incautar toda la maquinaria y ponerla a disposición del INTI para que reagrupe a las victimas en cooperativas y recuperen un trabajo digno. Hoy trabajan dignamente en un Centro Demostrativo de Indumentaria donde 9 cooperativas con más de un centenar de costureros retornaron a la dignidad.

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